El ciclo de la crisis del transporte público

Como un efecto cíclico, la crisis del transporte público volvió a escena con la advertencia de los empresarios de colectivos de que no alcanzan los fondos para el pago de los salarios y la inquietud de los choferes y demás trabajadores de sector, que esperan que sus sueldos les sean abonados en fecha. La Unión Tranviarios Automotor anunció un paro por 72 horas en todo el país, a partir de mañana. Ante este escenario y con la idea de evitar una nueva medida de fuerza en el país, la Nación resolvió girar más fondos a las provincias.

Casi todos los meses, tanto los representantes de las empresas como los de los trabajadores mantienen conversaciones para evitar medidas drásticas, que afectan a los usuarios. El eje del debate gira siempre en torno al arribo de los subsidios nacionales. La cuestión salarial es la variante que dispara el conflicto en el sistema de transporte, que viene en picada desde hace mucho tiempo. El año pasado hubo 60 días de paro. Los empresarios reclaman por el aumento en los costos y por la falta de resolución del sistema de subsidios y las respuestas del Estado a los conflictos han sido sectoriales.

A fines de diciembre, las autoridades de la provincia comunicaron que se estaba tramitando en Buenos Aires mejoras en los subsidios para el transporte público, con la idea de delinear con el director nacional de Transporte Automotor de Pasajeros del Ministerio de Transporte de la Nación el esquema de subsidios para este año. “En el Ministerio de Transporte de la Nación está garantizado el esquema de subsidios que tuvimos en el 2021 para el primer período del 2022, los tres primeros meses. Se repetiría el mismo esquema con algunas asignaciones especiales teniendo en cuenta costos de inflación y costos de los insumos necesarios que utiliza el servicio de transporte”, había dicho el secretario de Transporte provincial. El funcionario agregó que para 2022 se planteaba implementar el sistema SUBE en Tucumán y también que se debatiera en el Congreso un proyecto de ley para la redistribución de los subsidios, que desde hace muchísimo tiempo beneficia a CABA y provincia Buenos Aires y perjudica al interior. Estas propuestas, por cierto, son las mismas que se sopesa año a año sin que haya habido cambios.

Esta vez, tras la advertencia de iniciar un paro de 72 horas por parte de la Unión de Tranviarios Automotor (UTA) en todo el país y en medio del reclamo de empresarios del interior por el reparto inequitativo de recursos que beneficia al área metropolitana de Bueno Aires (AMBA), el Gobierno nacional decidió fortalecer las transferencias a las provincias por el Fondo de Compensación al Transporte Público, con el objetivo de alcanzar los $ 46.000 millones durante 2022.

Se hace necesario considerar las diferentes partes del conflicto, que no sólo involucra a los trabajadores y los empresarios, sino a los funcionarios provinciales, municipales y nacionales, puesto que el esquema funciona o no según el aporte de dinero que se haga desde la Nación. Todas estas aristas deben sentarse a negociar para dar a luz no sólo las soluciones coyunturales sino una salida con miras al futuro de la actividad.