La trama secreta del caso Adhemar

Uno: Catamarca, la babilonia de un CEO

Los comienzos de Adhemar Capital quedaron registrados en una nota publicada en el diario “Perfil”, que fue incorporada como prueba en el expediente iniciado por la Justicia Federal de Catamarca. La causa es por haber operado financieramente sin autorización, estafa, lavado de activo y asociación ilícita. En el artículo se consignó que en 2013 Edgar Adhemar Bacchiani dejó la carrera de contador público nacional en la Universidad Nacional de Catamarca para probar suerte en un negocio que recién comenzaba a florecer: la compra y venta de bitcoins.

“Dos años más tarde, en el garaje de San Fernando del Valle, abrió su primera firma de cripto inversiones, hasta que la cantidad de clientes lo obligó a mudar su empresa a un local. Poco después abrió otra sede en la provincia de Tucumán y recientemente llegó a Córdoba capital. Para AC esto recién comienza. Con más de 2.000 clientes en Argentina, los Estados Unidos, México, España y Venezuela, proyecta instalarse en Salta, La Rioja y San Juan y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en breve. Latinoamérica es el próximo desafío. Y el mayor sueño; tener su propia moneda virtual”, sostiene la publicación.

“Como empresario me siento un monstruo capitalista: quiero poder, quiero dinero, quiero legado; pero también tengo los pies en la tierra y mi buena cuota de sensibilidad. Ganar dinero me hace feliz, pero tengo muy en claro el objetivo de este negocio: mi filosofía se basa en que las personas puedan vivir mejor y logren cumplir sus sueños, como lo estoy logrando yo”, se puede leer en la entrevista del diario porteño.

“El negocio de las criptomonedas no sólo es rentable, significa que la gente pueda invertir en tiempo libre y calidad de vida. Catamarca, por ejemplo, es una provincia de 450.000 habitantes, hoy tiene récord de construcción privada y de creación de empleos privados. Vení a Catamarca y pregunta por qué. Gracias a nuestro asesoramiento, hoy Catamarca es Babilonia, la gente consume, gasta, invierte, ahorra y se capitaliza”, añadió.

Pero en cuestión de meses la Babilonia del CEO se transformó en un polvorín. “En esa provincia no se puede encontrar un taxi porque sus dueños vendieron todo para invertir el dinero en la financiera de Bacchiani. Hoy todos están al borde del infarto porque no pueden recuperar un centavo del dinero que le entregaron”, afirma Alfredo Aydar. Su modelo de negocio fue tan exitoso que no tardaron en aparecer imitadores que, como estrategia de marketing, salieron a buscar otro tipo de clientes. Por ejemplo: AC requería una inversión mínima de $ 500.000, las otras solicitaban entre $ 100.000 y $ 150.000. Pero por lo menos cuatro de esos emprendimientos se fundieron y dejaron un tendal de damnificados.

Dos: una pesquisa que avanzó a paso lento

La causa contra el CEO de Adhemar se inició el 16 de septiembre de 2020. Un informe reservado, elaborado por Gendarmería Nacional, llegó al despacho del fiscal federal catamarqueño Santos Reynoso, que daba cuenta de que una persona, que se presentaba como “trader God” en las redes sociales, se jactaba de ser el pionero en negocios de inversión con criptomonedas, instando a aportar dinero a un fondo de esquema piramidal, fraude conocido como “esquema Ponzi”.

El 18 de noviembre de 2020, Reynoso le pidió al juez federal Miguel Ángel Contreras que ordenara levantar el secreto bancario sobre las cuentas de Bacchiani y de su pareja, Zavaire Celeste Garces Rusa, quienes aparecían como los creadores de la financiera iniciada con un capital de $ 14,6 millones. El magistrado aceptó el planteo el 13 de enero de 2021. A partir de ese momento, el investigador comenzó a recabar una serie de elementos que fueron complicando procesalmente al CEO.

Pero mientras la investigación avanzaba, la financiera nunca dejó de actuar. Recién el 27 de enero de 2022, cuando AC ya estaba con problemas porque no podía responder a los pagos de intereses pactados con los inversionistas, la Justicia ordenó que dejara de operar en todo el país, pero la firma no habría cumplido con esa orden y además nadie controló que lo hiciera, tal como lo constató LA GACETA en las entrevistas a personas que estaban interesadas en entregar sus ahorros en marzo pasado.

Tres: una estructura nacional

AC nació en Catamarca, pero rápidamente fue creciendo. En la avenida Solano Vera (Yerba Buena) abrió su segunda sucursal y la tercera, en el coqueto barrio cordobés de El Cerro de las Rosas. Pero también operó en Mendoza y ahí se radicó la primera denuncia penal en contra de los ejecutivos de la firma por la maniobra que realizaban.

En la investigación el fiscal señaló las identidades de las personas que trabajaban en otras provincias. Sofía Aylan, antes de ser la gerente de la sucursal tucumana, captaba fondos en estas tierras. Claudio Navarro lo hacía en Santa Fe -no se descarta que haya captado fondos de los líderes de grupos que dirigen redes de narcomenudeo- y Mario Roble, Josefina y Eva Aylan -serían parientes de la ejecutiva que está con arresto domiciliario en nuestra provincia- y Cristian Montenegro, en Salta. La firma también habría concretado contratos con inversionistas de Río Negro, La Rioja, Mar del Plata, Jujuy y Santiago del Estero. “Hasta el momento no pudimos determinar si contaban con representantes en esos lugares o si las operaciones se hacían virtualmente”, explicó una fuente cercana a la pesquisa.

Cuatro: el insólito caso cordobés

Augusto Gabriel García Alaimo fue elegido por Bacchiani como gerente de AC Córdoba. El ejecutivo, que fue imputado por estafas junto a “El Pelado” en esa provincia, no puede ser ubicado. Algunos dicen que se encuentra oculto porque teme por su vida. Otros, que huyó del país con el dinero que pudo obtener de la financiera que conducía.

Esa sospecha se basa en una denuncia que realizó un inversionista en “La Docta”. El damnificado señaló que en enero había entregado U$S 177.000 ($ 35,4 millones) a cambio de cobrar un interés mensual del 20% durante seis meses. En febrero, minutos después de haber entregado U$S 94.000 ($ 18,8 millones), un empleado de confianza le advirtió que la empresa estaba en problemas y le recomendó que retirara el depósito que acababa de realizar. El inversionista le hizo caso y reclamó en ese momento la suma de dinero. Después de haber protagonizado un escándalo, logró que sólo le reintegraran U$S 20.000 ($ 4 millones). El cajero le dijo que el gerente se había llevado los U$S 74.000 restantes en un bolso mientras él esperaba.

Esa denuncia dejó al descubierto que Bacchiani podría haber tenido empleados infieles que no le informaban de algunas operaciones que realizaban y se quedaban con el dinero de los ahorristas. Otro dato: García Alaimo, con la colaboración del guardia de seguridad (que fue detenido por encubrimiento), se habría apoderado de todos los contratos y borrado la información informática antes de que la fiscala cordobesa Valeria Rissi ordenara un allanamiento en la sucursal de AC.

Cinco: algunos contactos políticos

En el caso Adhemar surgieron numerosas vinculaciones políticas. Los diputados catamarqueños del PRO Natalia Saseta y Diego Figueroa propusieron que la Cámara Baja de la vecina provincia respaldara a las actividades de Bacchiani y le otorgara un diploma de reconocimiento para alentarlo a “seguir propiciando el conocimiento de este incipiente mundo de las finanzas digitales”. Solicitaron que el cuerpo declarara de interés parlamentario “la innovadora y primaria charla sobre ‘Educación Financiera’ en el marco actual de las criptomonedas celebrada en el club Red Star el 30 de octubre de 2021”. El proyecto finalmente no prosperó.

El gobernador Raúl Jalil fue quien denunció ante el Banco Central de la República Argentina a la financiera para que la investigara, pese a que varios de sus parientes tenían algún tipo de vínculo. El local de AC es un bien de su familia y su hermano Andrés “El Tronco” Jalil no sólo se mostró a la par de Bacchiani, sino que lo denunció porque invirtió $16 millones y no se los devolvieron.

Además, la Justicia ordinaria de Córdoba denunció que el juez Contreras entorpece la investigación que la fiscala Rissi está desarrollando. “No existió una sola maniobra que entorpeciera el proceso. En un momento dado preferí el silencio, porque la tarea nuestra reside en la solución de los conflictos sociales y no utilizar el tiempo y el salario que se nos paga para ventilar rencillas personales o funcionales”, declaró el magistrado en una nota publicada en “El Ancasti”.

Además, la Corte catamarqueña inició un sumario para determinar si un magistrado cometió algún ilícito en la demora para autorizar la detención ordenada por un par cordobés. Además ayer se conoció que la Justicia de la vecina provincia declinó la competencia de las denuncias que recibió.

Seis: buscan un auto valuado en $50 millones

Bacchiani y sus socios estaban acostumbrados a transitar en autos de alta gama y que casi no se aprecian por las calles de nuestro país. “El Pelado”, a su nombre, tuvo varios Mercedes Benz, un Chevrolet Camaro y su joya más preciada era una Ferrari. Pero ahora el abogado Aydar descubrió que José Blas, uno de los ejecutivos de la firma que también se encuentra detenido por el caso, es propietario de un BMW M5 y que lo tendría oculto en un taller mecánico.

Se trata de un vehículo que tiene un valor aproximado de U$S 250.000 ($ 50 millones). En internet se consigna que la firma alemana fabricó una edición limitada de 350 M5 y que cinco de ellos se vendieron en nuestro país. Los investigadores ahora están tras los pasos de los bienes de todos los procesados y prometen que habrá varias sorpresas.