Por Gustavo Rodríguez
07 Mayo 2022
PROMESA. Bacchiani anunció que tiene un plan de pago.
El caso de Adhemar Capital seguiría marcando hitos en la historia jurídica de nuestro país. Podría transformarse en la mayor estafa piramidal de nuestro país, incluso superando a Generación Zoe, de la que medio país habló. El CEO de la firma Edgar Adhemar Bacchiani se convertiría en el primer acusado de liderar una organización de estas características al que se le concede el arresto domiciliario. Y también sería el primero que está dispuesto a devolver el dinero a los inversionistas que le entregaron millonarias cifras para que las invirtiera a cambio de alivianar su situación procesal.
En las últimas horas sólo se esperaba una sola noticia: que el juez federal de Catamarca Miguel Ángel Contreras le otorgue el beneficio de seguir detenido en un domicilio de la capital de esa provincia. Y podría conceder el planteo luego de que el ejecutivo, en su ampliación de indagatoria, le dijera que él necesitaba regresar a su casa para comenzar a cumplir el plan de devolución de dinero.
“Hemos tomado un plan de acción al cual yo denominé ‘Plan de cancelación de deuda’, que será llevado a cabo con un final de entre 120 a 150 días aproximadamente, comenzando a las 48 horas de obtenida mi detención domiciliaria”, aseguró ante el magistrado. Pero para que ello ocurra, también solicitó que los otros dos detenidos, José Blas (fuerzas federales allanaron ayer su casa) y Alexis Sarroca corran su misma suerte procesal. No dijo ni una palabra de Sofía Aylán, la gerente de la sucursal de Yerba Buena que está detenida bajo esa modalidad.
La propuesta de Bacchiani se resume en tres puntos:
1- Tendrán prioridad las personas que tienen problemas de salud.
2- En el segundo lugar de la lista estarán los que entregaron el dinero en noviembre pasado y los que cobraron los intereses prometidos en una oportunidad o nunca.
3- Reintegrará únicamente el capital que se le entregó, no los intereses que había prometido abonar que oscilan entre el 12% y el 20% mensual.
Las dudas surgieron en la cantidad de clientes que el ejecutivo dijo tener. Habló que estaba en condiciones de devolver U$S 40 millones, cuando en realidad, se sospecha que los fondos que habrían pasado por sus manos serían unos U$S 400 millones, de los cuales unos U$S 60 serían de tucumanos. Bacchiani le informó al juez que en total debía cumplir con poco más de 1.000 contratos. Sin embargo, por información que maneja LA GACETA, sólo en la sucursal de Yerba Buena se habrían firmado unos 780 convenios y en Córdoba, una cifra similar.
El magistrado decidió solicitar la colaboración de peritos financieros de Gendarmería Nacional para que analizaran la información financiera que brindó el CEO de AC antes de tomar una decisión sobre su situación personal. Se especuló que Contreras resolvería ayer la situación, pero hasta el cierre de esta edición no hubo novedades. “La prioridad es que la gente recupere su dinero”, explicó una fuente judicial.
Aluvión
Alfredo Aydar, el abogado tucumano que ya representa a más de 400 ahorristas, señaló que la detención de Bacchiani había desatado el interés de muchos ahorristas para denunciarlo. “Pero ahora, con la promesa de que devolverá el dinero a través de un arreglo extrajudicial, serán muchísimo más. Hemos recibido consultas de todas partes del país y estamos preparando más carpetas para iniciar nuevas demandas. Actualmente estamos representando a más de 400 personas de distintos puntos del país”, indicó el profesional en una entrevista con LA GACETA.
Aydar no se equivocó en lo más mínimo en su apreciación. Ayer, se conoció que un hermano del gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, denunció a Bacchiani en la Justicia federal.
Según publicó el diario “El Ancasti” en su edición digital, Andrés Jalil, en los últimos meses del año pasado le confió en una primera operación U$S 50.000 (unos $ 10 millones) y $ 6 millones y, en otra, $ 300.000, en total, invirtió $ 16 millones y aún no recuperó ni un centavo del capital. Representado por los abogados Tomás Aybar y Ruth Rodríguez el empresario denunció al CEO de AC por “asociación ilícita, intermediación financiera sin autorización, lavado de activos y defraudación”.
La relación de Andrés Jalil con Bacchiani fue mucho más allá de lo estrictamente comercial. Hasta hace no mucho tiempo, ambos subían a las redes sociales donde se los veía que compartían reuniones sociales. En la vecina provincia, se rumoreó que el empresario era el padrino de uno de los hijos del CEO. Esa versión se terminó confirmando. Los catamarqueños también señalaron que el hermano del funcionario habría sido uno de los promotores del negocio de “El Pelado”, como se lo conoce al socio mayoritario de AC.
El gobernador Jalil fue quién dio el primer paso para que se desatara el escándalo con la financiera. Él, a través de una carta formal pidió al Banco Central de la República Argentina que investigara a la financiera. Esa entidad, al encontrar algunas irregularidades, le dio intervención a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). Semanas después, la Comisión Nacional de Valores ordenó que la empresa dejara de realizar operaciones.
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