Fueron poco más de 90 minutos de alta tensión. En la audiencia, Camilo Atim y Ernesto Baaclini, defensores del acusado Armando Zarlenga (h), argumentaron por qué el juez de impugnación Facundo Maggio debía revocar la prisión preventiva que se le había dictado. Los acusadores, liderados por el fiscal Pedro Gallo, y acompañado por los querellantes Carlos Herrera y Tania Vicentini (que actúan en nombre de la familia de Maximiliano Saldaño), Jorge Lobo Aragón y Máximo Paliza (representantes del padre de Joaquín Morales Franck) y Federico Iramain (atiende los intereses de la madre de este último), no pudieron sostener la medida cautelar que se dictó en contra del acusado de homicidio culposo por conducción imprudente. Las posturas más fuertes del debate, que fue presenciado virtualmente por más de 200 personas, entre ellas el ex arquero de Boca Guillermo Sara, fueron estos:
Peligro de fuga
Defensa: sostuvieron que Zarlenga nunca trató de escaparse, sino que lo aprehendieron en el lugar del hecho cuando estaba shockeado por la explosión de los airbags de la camioneta que conducía. “Está debidamente acreditado que fue golpeado por una persona y que le robaron el celular y la billetera”, explicó Atim. “No lo atraparon a una cuadra, a 20 metros, sino en el lugar donde se registró el hecho”, agregó Baaclini.
Acusadores: recalcaron la declaración del testigo Flores y, pese a que sabían que no tendría ninguna validez por no haber sido presentada en la primera audiencia, el querellante Herrera dijo que había aportado un testimonio que confirmaba que había intentado escapar. Por su parte, el fiscal Gallo pidió que este punto no sea tenido en cuenta porque no había sido planteado en tiempo y forma. “De todas maneras, se debe destacar que el juez haya tenido en cuenta ese testimonio, porque si no hubiera sido aprehendido, no sólo no se podrían haber realizado los análisis toxicológicos y de alcoholemia, sino que no hubiéramos sabido quién conducía la camioneta”, fundamentó.
Jurisprudencia
Defensa: Atim señaló que el juez Ortega utilizó un fallo de Carlos Caramuti para argumentar el peligro de fuga. “Cayó en un error porque, en ese caso, se trataba la prórroga de preventiva para una persona acusada de homicidio agravado por alevosía que estaba cerca de ser enjuiciada. En este expediente se estaba decidiendo la situación procesal de alguien que está siendo acusado de homicidio culposo que contempla una pena de entre tres y seis años”, razonó Atim.
Acusadores: “La argumentación del juez Ortega con respecto a ese fallo fue coherente. Fue una fundamentación adecuada que le sirvió para realizar una prognosis adecuada sobre los riesgos procesales”, señaló Gallo. “Además de entender que podría recibir una pena de cumplimiento efectivo, no debe dejarse de tener en cuenta que murieron dos jóvenes”, añadió. Los querellantes adhirieron al planteo del fiscal y fundamentaron sobre este punto.
Recursos
Defensa: “El juez Ortega dijo que nuestro defendido tiene los recursos económicos para fugarse, pero no fundamentó en ningún momento si había un plan para escaparse o algún elemento concreto que permitiera al menos sospechar sobre esa posibilidad. Elaboró una hipótesis sin prueba alguna”, señaló Atim. Baaclini agregó: “para los ojos de la ley todos debemos ser iguales y lo mismo ocurre en una etapa procesal. Pretendemos que a nuestro pupilo se lo trate como Armando Zarlenga, no como Armando Zarlenga, el golfista”. También explicaron que la familia del acusado, al descubrir que los cuerpos de la víctima estaban en la comisaría porque no tenían fondos para abonar el servicio de sepelio, aportó $100.000. “Además, el juez no valoró el ofrecimiento que hicimos de una caución de una camioneta valuada en $4 millones y el salario de dos personas de $100.000. No fundamentó el porqué de este rechazo”, señaló Atim.
Acusadores: Gallo fue el único de las partes que se refirió a este punto de manera vehemente. “No es cierto que el juez Ortega no haya tenido en cuenta ningún dato objetivo. En la audiencia se informó que en el momento del accidente el imputado llevaba un bolso con U$S10.000 y casi un millón de pesos”, comentó. Por su parte, Vicentini, sobre la postura de la defensa indicó: “si bien es cierto que los allegados tuvieron la buena actitud de aportar esa suma de dinero para colaborar con las familias, lejos están de resarcir el daño que produjeron. Y el juez Ortega, al igual que nosotros, entendimos que la caución ofrecida tampoco era suficiente”.
Condicionalidad
Defensa: Atim consideró como excesivo el dictado de prisión preventiva porque se trata de un delito que tiene una pena de entre tres y seis años de prisión. “Hay numerosa jurisprudencia que indica que para tomar en cuenta una medida cautelar se tiene que tomar en cuenta el mínimo y no el máximo de la pena, que en este caso es de cumplimiento condicional”, recordó. Baaclini añadió: “el mismo día que se le dictó la prisión preventiva, se confirmó, en un juicio abreviado firmado por la misma fiscalía de este caso, que se condenó a tres años de prisión condicional a una persona que estaba acusada de haber acabado con la vida de cuatro personas en otro accidente”.
Acusadores: los querellantes destacaron la gravedad del accidente y que Zarlenga conducía bajo los efectos del alcohol, según los análisis clínicos que estaban disponibles en la primera audiencia del caso. Y Gallo realizó la oposición más firme. “No es correcto que se introduzcan esos datos porque cada caso es particular y tiene sus características. No hay una fórmula que diga homicidio culposo es igual a libertad”, señaló irónicamente.
Peticiones
Defensa: solicitó que se le otorgue la libertad o, en su defecto, el arresto domiciliario. En ambos casos ofreció que sea bajo la caución que el juez Facundo Maggio considere.
Acusadores: Gallo y todos los querellantes solicitaron que se mantenga la prisión preventiva dictada por el juez Ortega.