Por Álvaro José Aurane
30 Abril 2022
PLAZO. La Constitución manda a votar dos meses antes de que finalicen los mandatos, es decir, en agosto. LA GACETA / FOTO DE JUAN PABLO SÁNCHEZ NOLI
La última semana de abril deja más definiciones políticas en el escenario provincial que todo el anodino cuatrimestre político que la precedió. Cuando mayo comience mañana encontrará en el centro del ring side político al gobernador interino Osvaldo Jaldo y al intendente capitalino Germán Alfaro frente a frente. Y con la carrera política por la gobernación abiertamente lanzada a partir del anuncio oficial de que se adelantarán los comicios.
Precisamente, la decisión política del tranqueño de anticipar a junio los comicios provinciales, que según la Constitución provincial deben celebrarse en agosto, es el nuevo blanco del alfarismo en sus cuestionamientos contra el jaldismo.
Los reparos
“La elección de autoridades se efectuará dos meses antes de la conclusión del mandato de las autoridades en ejercicio”, establece el inciso 6° del artículo 43, “Bases del Régimen Electoral”, de la Constitución provincial.
Como los mandatos de los cargos electivos provinciales expiran el 29 de octubre de 2023, la votación debe darse en agosto.
Esa manda admite una excepción: que la provincia decida unificar los comicios con las elecciones nacionales. Eso cual sólo sería posible si el Gobierno central también anticipara la elección federal: como los mandatos federales expiran el 10 de diciembre, la votación nacional se realiza el último domingo de octubre (el año pasado se aplazó un mes), que es cuando ya deben estar asumiendo las autoridades electas en la provincia.
El anuncio del jaldismo de ir a las urnas en junio del año que viene motivó dos objeciones del alfarismo: uno de naturaleza política y otro de índole legal.
El primero de los cuestionamientos fue formulado, precisamente, por el secretario político del alfarismo. “Asombra el repentino cambio de discurso de Jaldo con respecto al gobierno nacional: él había asegurado que iba a acompañar al Presidente en las elecciones y resulta ser el primer gobernador en tratar de despegarse de la paliza electoral que se les avecina”, azuzó Rodolfo Ocaranza.
El secretario de Gobierno de la capital advirtió a LA GACETA, además, que el “precoz movimiento” de Jaldo puede “provocar una estampida” de gobernadores argentinos que se “despeguen” de la Casa Rosada y dejen solo al mandatario nacional en los comicios de 2023, adelantando los comicios en sus distritos. “Si en la provincia del jefe de Gabinete de la Nación son los primeros en abandonar a Alberto Fernández a su suerte, ¿por qué no lo van a hacer el resto de los mandatarios provinciales?”, inquirió el funcionario.
Los reparos legales fueron formulados por el radical José Luis Avignone, asesor de Alfaro. El ex concejal de la Capital advirtió que adelantar los comicios es una “voluntad política” que necesita ser validada por la Justicia.
“En 2019 los comicios provinciales fueron adelantados a junio gracias a un fallo en la Cámara en lo Contencioso Administrativo de los jueces Ricardo Acosta y Horacio Castellanos, a pesar del dictamen de la fiscala de Cámara, Ines Hael, que se pronunció en contra. Esa sentencia declaró inconstitucional el artículo 43 para ese caso específico, pero no lo fulminó de nulidad. Consecuentemente, está plenamente vigente la norma constitucional que ordena que las elecciones provinciales se deben realizar en agosto”, subrayó.
Avignone agregó que el Gobierno debe acreditar “razones de peso” para que la Justicia autorice un apartamiento de la Carta Magna.
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