La boleta única: cerca de la Nación, lejos de Tucumán

La boleta única de papel (BUP) ha vuelto a ganar centralidad luego de que los bloques opositores, que forman la mayoría en la Cámara de Diputados, solicitaran al presidente peronista Sergio Massa una sesión para tratar un proyecto de ley. Se trata de una reforma concebida con el auspicio de la Red de Acción Política (RAP), organización que, con ese fin, logró el consenso de 23 parlamentarios opositores, pero, también, de oficialistas, según relató su presidente Alan Clutterbuck en una entrevista reciente con Infobae. La BUP es algo muy simple: un pliego donde están los nombres de todos los candidatos y de todas las categorías de cargos para los que aquellos se postulan. Los electores reciben ese papel y marcan su voto, o bien lo colocan en el sobre en blanco, tarea cuya sencillez contrasta con la confusión de los cuartos oscuros tucumanos inundados de boletas de acoples.

“Es una medida para mejorar la calidad de la democracia”, explicó Clutterbuck, quien subrayó que al carecer de citas electorales en la órbita nacional, 2022 ofrece una oportunidad preciada para hacer realidad un cambio reclamado por la ciudadanía.
El líder de la RAP refirió que, por las ventajas generales que ofrecía para la competencia y el derecho a elegir, la modificación no podía quedar atrapada en la grieta.
En definitiva, la BUP, un larguísimo reclamo cívico históricamente vetado por la dirigencia, volvió a quedar a mano de la política nacional.
Si el Congreso sanciona la ley -no será sencillo pasar por el filtro del Senado-, el sistema electoral argentino habrá dado un paso más hacia la igualdad de oportunidades y la transparencia.

Los beneficios de la BUP se resumen en cuatro puntos. Por un lado, garantiza los derechos a elegir y a ser elegido, que son las bases de la democracia, con prescindencia del “peso del aparato”, al menos en la jornada crucial de la votación.
Por otro lado, al nuclear a todos los postulantes en un mismo papel, acaba con las picardías ancestrales del robo de boletas y del voto-cadena, prácticas que distorsionan y vulneran la voluntad del soberano.
En tercer término, genera ahorros en el rubro “impresión” del orden de los $ 3.000 millones, según calcula Clutterbuck.
En cuarto lugar y vinculado con lo anterior, la BUP es más ecológica: disminuye el consumo y el despilfarro de recursos naturales -la mayoría de los papeles utilizados en las elecciones terminan en el basurero-.

La boleta única ya se aplica en comicios provinciales de Córdoba y de Santa Fe, y turno a turno se confirman sus virtudes, y su superioridad respecto del esquema de una papeleta por partido o frente.
Aunque en menor escala, algunos colegios profesionales tucumanos aplican mecanismos similares para la renovación de autoridades. Y siempre se ha visto que el escrutinio de la boleta única avanza más rápido y es más confiable.

La discusión relativa a la BUP parece estar madura en la Nación: si no se aprueba en este ciclo legislativo, es muy probable que suceda en los venideros. Al respecto vale la pena consignar que las plataformas electorales de dos partidos tucumanos que presentaron candidaturas para el Congreso en funciones, Juntos por el Cambio y Fuerza Republicana, proponían este proyecto como parte de una reforma política más amplia. Pero la BUP está muy lejos aún de la provincia y no hay perspectivas de que el electorado de Tucumán disponga de mejores condiciones para votar a sus autoridades en 2023.

Ocurre que, aunque la Constitución provincial deja abierta la posibilidad de quitar los acoples, que serían incompatibles con la boleta única, y aunque en 2016 Juan Manzur se comprometió a revisar ese cuestionado método de acceso al poder político, esos cambios de fondo no han ocurrido.
La sensación de escasa credibilidad se profundiza porque, por ejemplo, la Junta Electoral, el órgano encargado de fiscalizar y de controlar los comicios, hoy está integrada por tres hombres de la Justicia que antes ocuparon cargos políticos en el Ejecutivo y trabajaron al lado de quienes posiblemente busquen renovar sus cargos públicos.
La dirigencia no ha aprendido la lección de los tumultos y de la crisis de 2015. Es una situación que, lejos de proporcionar alivios como los que promete la boleta única, anticipa conflictos y tensiones en un momento crítico para la vigencia y validez del principio democrático.