Por Gustavo Rodríguez
28 Abril 2022
POLÉMICA. Pese a haber sido registrado por gendarmes, en los bolsillos de Bacchiani se observa que tenía objetos ocultos.
El caso de la financiera Adhemar Capital tuvo un inesperado y polémico giro. Funcionarios judiciales de Córdoba solicitaron que se investigue a sus pares de la justicia federal porque estarían entorpeciendo la investigación en contra de los ejecutivos para, supuestamente, protegerlos.
El escándalo que estalló ayer comenzó a gestarse el viernes. Ese día, el juez federal de Catamarca, Miguel Contreras, se comunicó con la fiscala cordobesa Valeria Rissi para ordenarle una vez más que declinara la competencia, planteo que ya había sido rechazado por la investigadora y cuya resolución está en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Al parecer, el magistrado comenzó a extralimitarse en su función, y la funcionaria convocó a su despacho a una secretaria, puso en altavoz el celular y se labró un acta.
Rissi informó de lo ocurrido a su superior, el fiscal general adjunto Héctor David, que elaboró una nota que envió a el procurador Juan Manuel Delgado, ante quien calificó los hechos de “gravedad institucional” y señaló que Contreras y otros funcionarios catamarqueños “atentan contra la investigación” de la fiscala y “deberían ser encuadrados en posibles delitos federales” y faltas administrativas, por lo que solicitó que denuncie el caso ante el Consejo de la Magistratura, según se consignó el diario “La Voz”. Al mismo tiempo, puso en conocimiento de la situación al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Sebastián López Peña.
Para David, la actitud de los magistrados catamarqueños debe ser analizada como una “cadena de hechos” que tenía como único interés entorpecer la investigación y favorecer a los imputados. López Peña remitió a Horacio Rosatti, en su rol de presidente del Consejo de la Magistratura, y al procurador Eduardo Casal el planteo en contra del juez federal y los fiscales federales de Catamarca que llevan adelante la pesquisa.
Las sospechas
Los indicios que levantan sospecha sobre la justicia federal de Catamarca son:
1- La fiscala Rissi solicitó la detención de Edgar Adhemar Bacchiani el martes 19 de abril por la causa en la que estaba siendo investigado. Una comisión policial de Córdoba se presentó en Catamarca con el exhorto para que se los autorizara a realizar la medida. El juez de garantías de esa provincia, Héctor Rodolfo Maidana, demoró un día en dar la autorización. Y cuando los efectivos se presentaron en la casa del CEO, descubrieron que Gendarmería Nacional lo había detenido minutos antes.
2- La investigadora cordobesa le había imputado el 9 de marzo el delito de estafas reiteradas y asociación ilícita a Bacchiani. Lo citó a declarar y, para que no quedara detenido, este presentó una vivienda valuada en $40 millones de caución. A los días se descubrió que ese inmueble no estaba en condiciones de ser ofrecido, por lo que la fiscala solicitó su detención. Ayer, el diario “El Ancasti” publicó que las autoridades del Registro de la Propiedad de Catamarca realizaron una denuncia penal porque descubrieron que empleados cambiaron de titularidad algunos de los bienes que estaban a nombre de Bacchiani.
3- Los policías cordobeses allanaron la oficina central de Adhemar en Catamarca y la casa del CEO de la financiera. Secuestraron carpetas, celulares y dispositivos electrónicos donde se supone está almacenada información sobre los movimientos del dinero que administró el acusado. El juez Contreras solicitó la devolución de todo ese material, pero la gran pregunta que todos se hacen es por qué no ordenaron realizar esas medidas.
4- Semanas atrás, en la provincia de San Juan, se disputó el Campeonato Argentino de Abogados. El equipo de profesionales catamarqueños estuvo presente en el certamen, integrado por hombres del derecho y funcionarios judiciales. Hasta ahí todo normal, pero el conjunto fue patrocinado por Adhemar Capital. Por esa razón, se abrió un expediente en la Justicia de la vecina provincia para investigar el caso.
5- Según las estimaciones de los abogados que demandaron a la financiera, el 90% de los damnificados son catamarqueños. Sin embargo, la justicia federal utilizó la denuncia que realizaron los inversionistas tucumanos para acusar a los ejecutivos y empleados de AC.
6- En la foto de rigor que le tomó el personal de Gendarmería Nacional a Bacchiani, se nota claramente que en sus bolsillos tiene oculto algo. Las normas indican que los detenidos deben ser despojados de sus pertenencias
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