Por Gustavo Rodríguez
27 Abril 2022
SIEMPRE TRANQUILO. Edgar Bacchiani declaró que puede devolver el dinero, pero si le permiten seguir trabajando desde su casa.
El celular del CEO de Adhemar Capital causó un revuelo en la investigación por el funcionamiento de la financiera. Por un lado, Edgar Adhemar Bacchiani dijo que sin el aparato no puede trabajar para devolver el dinero a los ahorristas. Por otro, la justicia federal catamarqueña cuestionó a la ordinaria cordobesa por haber secuestrado material clave para la investigación, entre eso, el teléfono del ejecutivo.
Bacchiani finalmente declaró ante las autoridades judiciales. En su testimonio, según confiaron fuentes judiciales, desmintió categóricamente que la operación sea una estafa piramidal e indicó que estaba en condiciones de devolver el dinero que había captado de los inversionistas catamarqueños y tucumanos. Pero al mismo tiempo les pidió a las autoridades que le concedieran el arresto domiciliario con el propósito de que pueda continuar con las operaciones que nunca dejó de realizar.
El defensor, Lucas Retamozo, al salir de los tribunales, indicó: “el dinero está en una plataforma digital, ahí se encuentran todas las inversiones. En esas cuentas él hace su trabajo. Esas cuentas están destrabadas. El problema es que los teléfonos para acceder a esas cuentas fueron retenidos en los allanamientos que llevó a cabo la Justicia de Córdoba”.
En un diálogo con Radio Ancasti de la vecina provincia, el profesional explicó cuál es el panorama de la firma. “Para trabajar y poder cumplir así con los pagos, por lo menos necesita estar en su domicilio. Técnicamente, nosotros solicitamos la excarcelación”, agregó. “En ningún momento existió una cesación de pagos, sino que hubo un problema porque se habían congelado sus cuentas”, señaló. No es la primera vez que Bacchiani anunció la devolución de los fondos, siempre y cuando no se iniciaran acciones legales en su contra.
Sin embargo, los funcionarios evalúan la conveniencia de aceptar el pedido, ya que hasta ayer los catamarqueños seguían protestando en los domicilios del acusado. El juez Miguel Ángel Contreras decidió privarlo de su libertad como medida de protección y para evitar que se fugara por cuestiones de seguridad.
Otro panorama
Las declaraciones de Bacchiani y de su abogado generaron expectativas entre los inversionistas. “El objetivo de los fiscales es que la mayoría de los afectados puedan recuperar sus fondos y después analizar la situación procesal de los acusados”, explicó una alta fuente de la justicia federal catamarqueña.
El abogado tucumano Alfredo Aydar ya se instaló en la vecina provincia con el fin de iniciar las negociaciones con los acusados para tratar de que sus representados recuperen los U$S 650.000 y los $8 millones que decidieron invertir. “Es una posibilidad a la que podemos acceder a través de un acuerdo. Si ellos entregan el dinero, lo más probable es que retiremos la querella”, explicó el profesional.
Aydar destacó además que el acuerdo se realizará en el ámbito judicial, es decir, que se hará una audiencia donde los acusados y las víctimas formalizarán un acuerdo. “En caso de no cumplirse, inmediatamente se complicará su situación procesal”, destacó.
Complicaciones
La disputa entre la justicia ordinaria de Córdoba y la federal de Catamarca alcanzó ayer su clima de máxima tensión. La fiscala cordobesa Valeria Rossi consiguió que se autorizara un allanamiento en la sede central de Adhemar y en la casa particular de Bacchiani. Los policías de “La Docta” secuestraron importantes elementos probatorios para la causa. Entre otros, carpetas, computadoras y los teléfonos celulares.
“Preocupa mucho el accionar de la Justicia de Córdoba que ha entorpecido el procedimiento que lleva a cabo la Justicia Federal de Catamarca”, indicó el fiscal Reynoso, que lleva adelante la investigación junto a su par Rafael Vehils Ruiz. “La Justicia cordobesa actuó de manera irregular, ya que los elementos de prueba “deberían haber quedado en los estrados de la Justicia Federal”, añadió en una entrevista concedida a una radio catamarqueña.
La justicia federal de la vecina provincia pidió a todos los fueros en donde se radicaron denuncias que declinaran la competencia, pero la ordinaria cordobesa se negó. Argumentó que ellos habían sido los primeros en iniciar una causa y en imputar al ejecutivo. “También conseguimos que se ordenara la detención, pero el trámite se demoró y lo terminaron arrestando los federales cuando sabían que estábamos por hacer lo mismo”, indicó una fuente judicial.
El representante de los damnificados cordobeses, Carlos Nayi, denunció que la investigación que realiza Rissi genera temor en la vecina provincia. “Saben que la justicia cordobesa está siendo implacable y que no tiene interés en proteger a nadie”, le dijo a LA GACETA días atrás.
El abogado tucumano Aydar también planteó una posición sobre el tema. “Tenemos que ser cuidadosos con estas diferencias, porque se puede dictar la nulidad de todo lo actuado. Hay que ser responsables y buscar la mejor solución”, indicó. La última palabra la tiene la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que debe definir la competencia, fallo que puede tener una demora de meses.
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