26 Abril 2022
FOTO/PARLAMENTARIO
Tras haber escuchado a más de 130 invitados en representación de las distintas partes involucradas por la Ley de Alquileres (27.551), la Comisión de Legislación General de Diputados, presidida por la oficialista Cecilia Moreau, finalizó la última jornada con expositores. Así, la próxima semana comenzará el tratamiento legislativo por parte de los diputados para obtener el dictamen.
Moreau aclaró que invitarán a exponer a los legisladores que han presentado proyectos sobre el tema, pero remarcó que “no todos tienen giro a la comisión”. Además, invitó a los diputados que “no son parte de la comisión, pero que quieran participar”.
Juntos por el Cambio tenía prevista una sesión en marzo para derogar la actual ley pero, tras acordarse el cronograma de tratamiento, decidieron desactivarla, aunque con el aviso de que si pasado el plazo de 30 días no se alcanzaba un consenso, iban a insistir con esa sesión.
En torno a derogar o modificar la ley, sancionada hace menos de dos años por el Congreso, se presentaron numerosos proyectos.
Hoy abrió la ronda de expositores este martes la subsecretaria de Hábitat de la Municipalidad de Rosario, Josefina del Río, quien denunció que “una gran cantidad de contratos se están celebrando en condiciones informales y no se registran ante la AFIP”, algo que estableció la ley. “Hoy en Rosario el 20% de la población alquila”, detalló, y mencionó que “entre los años 2020 y 2021 recibimos 14.000 consultas vinculadas al tema de alquileres”, publicó el sitio Parlamentario.
“El problema no son los tres años, el problema es la seguridad jurídica, y eso alcanza a las dos partes del contrato”, observó.
Luego expuso la ex diputada de la UCR Josefina Mendoza, quien habló en representación de la Fundación Haciendo, y propuso que en el marco del debate de la ley se piense en “un régimen de alquileres específico para estudiantes de nivel superior”.
Por la Asociación de Inquilinos de San Juan, Renzo Quero, subrayó que es “fundamental” ver a la vivienda “desde los derechos humanos”, porque “si la entendemos como un bien comercial, la verdad que todas las garantías se pierden, no tenemos garantía de protección estatal”.
Desde el colectivo de Hipotecados UVA autoconvocados, Claudia Pilo remarcó que “muchas veces los inquilinos al no contar con las exigencias requeridas por las inmobiliarias y los propietarios deben vivir en lugares en condiciones inadecuadas, precarias y a un costo altísimo”. “El lobby del sector inmobiliario y el mercado no pueden decidir qué calidad de vida tienen que tener las personas, es necesario que el Estado intervenga”, manifestó.
A lo largo de las reuniones informativas, las asociaciones de inquilinos reclamaron que no se elimine el índice previsto para los ajustes anuales -que combina IPC y RIPTE-, al tiempo que muchos de ellos reivindicaron el plazo del contrato de tres años.
En la otra vereda, los argumentos dados desde el sector inmobiliario se basaron fundamentalmente en eliminar de la norma el índice de ajuste anual, dejando librado el acuerdo entre las partes; y volver al contrato de dos años.
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