El gobernador interino Osvaldo Jaldo celebró el fallo de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT), que -por mayoría- resolvió habilitar ayer la aplicación de la Ley de Narcomenudeo (N° 9.188) luego de haber estado frenada por años por una medida cautelar impulsada desde el Ministerio Público Fiscal que encabeza Edmundo Jiménez. “Es algo histórico para Tucumán. Esto va a marcar un antes y un después. Es la gran oportunidad que tiene Tucumán para frenar la circulación de droga en la provincia. Comienza el trabajo en la lucha contra el narcomenudeo”, destacó el mandatario en comunicación telefónica con LA GACETA.
Antes de realizar una actividad oficial en Monteros, el vicegobernador en ejercicio del Poder Ejecutivo (PE) desde hace siete meses expresó su agrado por la determinación que tomó el máximo tribunal provincial. Remarcó que, a partir de ahora, la responsabilidad de la implementación de la norma recaerá sobre los tres poderes del Estado.
“Luchar contra el narcomenudeo tiene que estar a cargo de la Provincia, de la Justicia provincial y de las Fuerzas de Seguridad tucumanas. Veo con mucho agrado que el Poder Judicial, en sus autoridades máximas, hayan definido en este mismo sentido que nosotros veníamos pidiendo”, expresó Jaldo. Y agregó: “en esto tenemos que trabajar los tres poderes juntos: el Poder Ejecutivo tiene que llevar adelante la aplicación de la ley conjuntamente con el Poder Judicial, y el Poder Legislativo siempre estar predispuesto a hacer las adecuaciones para la plena vigencia de la norma; se van a tener que cubrir las Fiscalías y los Juzgados especiales”.
“No se puede esperar”
El mandatario consideró que a partir de ahora Tucumán tiene “una gran oportunidad” para frenar la circulación de drogas. Indicó que hoy se reunirá con el fiscal de Estado, Federico Nazur, para interiorizarse sobre todos los detalles jurídicos y técnicos para su pronta aplicación. “A los tiempos los vamos a acortar a los mínimos que dice la ley. No se puede esperar; al narcomenudeo en Tucumán hay que atacarlo, hay que hacerse cargo de un problema real que tiene la sociedad. Es un problema sanitario y de seguridad. Sanitario, porque impacta en nuestros jóvenes y golpea fuerte en gran parte de la sociedad, sin distinción de clases, tanto en capital como en el interior. Y de seguridad porque la droga agrava todos los delitos. Una persona que comete un delito, y es consumidor de drogas, es mucho más agresivo”, desarrolló.
Jaldo, a su vez, insistió con que es una oportunidad histórica y recordó que, durante muchos años, se ha venido impulsado sin éxito la entrada en vigencia de la norma (la primera ley en ese sentido se sancionó en 2014). “Ahora no le podemos echar la culpa a nadie, depende de nosotros. Es una decisión histórica y la hemos tomado las actuales autoridades de los tres poderes del Estado”, dijo, y destacó así la labor del vocal Daniel Leiva y de Sergio Mansilla (presidente subrogante de la Legislatura).
Altas fuentes judiciales, no obstante, advirtieron que el proceso puede ser revisado y plantearse un recurso extraordinario.
Los desafíos por delante
La Ley 9.188, modificada luego por la 9.212, marca en su artículo 12 que se deberá crear una Comisión Interpoderes para la evaluación de la implementación de la ley, seguimiento de los resultados y la elaboración de propuestas. Estará integrado por un vocal de la Corte; el ministro Público Fiscal (Jiménez); el ministro Pupilar y de la Defensa (Washington Navarro Dávila); la ministra de Gobierno y Justicia (Carolina Vargas Aignasse); el ministro de Seguridad (Eugenio Agüero Gamboa); el presidente de la comisión de Seguridad de la Legislatura (hoy vacante); y tres legisladores (dos por la mayoría, uno por la minoría).
Respaldo de Canelada: “Llega tarde, pero por fin está la herramienta para salir a perseguir transas”
El legislador radical José María Canelada, autor de la ley, fue crítico al celebrar la decisión tomada por la Corte. “Llega tarde la sentencia de la Corte pero por fin Tucumán tiene esta herramienta para salir a perseguir a los transas. El Estado no podía seguir mirando al costado ante una realidad: los narcos se están apoderando de las calles, de nuestros barrios. Eso es lo que queríamos evitar al aprobar la ley hace casi tres años. Es hora de investigarlos y ponerlos presos”, expresó. El parlamentario agregó que el Estado debe encarar el desafío con seriedad, con un trabajo en conjunto entre los tres poderes, rindiendo cuentas de lo que hace.