El legislador radical José Ricardo Ascárate (UCR-Juntos por el Cambio) expresó reparos a la auditoría al Instituto Goretti y a otros establecimientos que propuso el gobernador, Osvaldo Jaldo. En una nota enviada a la Casa de Gobierno, el opositor calificó como "contradictorio" que el órgano controlado forme parte de la investigación.
“El martes, ingresamos una nota dirigida al gobernador Jaldo a los efectos de recordar que no tan solo es el caso Goretti, sino un conjunto de denuncias que vienen pesando sobre el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, así como la Secretaría de Niñez y Familia y la Dirección de Niñez y Adolescencia (Dinayf)”, advirtió Ascárate.
En la carta, el radical recordó y describió casos que generaron conmoción en Tucumán, debido a que tuvieron a niños o niñas como víctimas.
“En el caso Erica, su historia quedó descripta en los legajos de la Dinayf, en las múltiples denuncias de maltrato infantil que habían realizado los vecinos de la niña y en un expediente judicial paralizado. La ayuda nunca llegó y todo el sistema de protección quedo en jaque con su muerte”, detalló.
Citó luego un hecho que ya involucraba al Goretti. “Ya realicé una denuncia penal a la Institución por un supuesto hecho ilícito de maltratos y vejaciones a las niñas alojadas en el lugar, que está bajo el expediente 45407/2020”, indicó.
Además, mencionó el caso de Rocío. "En 2021, un nuevo hecho estremecedor conmueve a la sociedad tucumana: una niña de 4 años es torturada, asesinada, descuartizada e incinerada por sus cuidadores. Se llamaba Rocío, fue entregada a una supuesta madrina que es quien termina matando a la niña, una persona sin ningún tipo de parentesco, constatado por la DINAYF en varias ocasiones, conforme surge de la respuesta brindada por el organismo, a un cuestionario de preguntas enviado desde la comisión (de Familia) que presido (en la Legislatura) y adjunto en este acto”, redactó Ascarate.
En ese marco, califico como “contradictorio” que la auditoría a los establecimientos relacionados a las áreas de Niñez y Adolescencia, partes del Ministerio de Desarrollo Social, las lleve a cabo esa propia cartera.
Ante ello, Ascárate propuso tres medidas: participar de la auditoria (o en su defecto recibir los informes al momento de ser realizada); una reestructuración integral de los Dispositivos de Cuidado Interinstitucional de la Provincia de Tucumán, "donde se cumplan los parámetros que establece la Convención de los Derechos de Niños, niñas y adolescentes, Ley Nacional 26.061 y Ley Provincial 8293"; y "que el señor gobernador instruya a sus funcionarios, a los fines de que permitan el acceso de la Comisión de Familia, Niñez y Adolescencia de la Honorable Legislatura de Tucumán, a fin de verificar que ningún niño, niña o adolescente bajo tutela del Estado en Tucumán sea vulnerado en sus derechos y garantías".
Además, el legislador recordó a Jaldo "que se encuentran pendientes de sanción legislativa -y con dictamen- la Ley de Emergencia en Niñez y Adolescencia en la provincia de Tucumán, a los efectos de realizar las modificaciones de los protocolos vigentes en materia de abuso y maltrato infantil, y ejercer un control riguroso sobre los organismos ejecutores del sistema de protección de niños, niñas y adolescentes; y la creación de la figura del Defensor de Niños, Niñas y Adolescentes, inexistente en nuestra provincia, figura que nos permitirá cumplir con una deuda que tenemos con la niñez en la provincia y cumplir con los preceptos y postulados que la ley 26.061 ordena".
“Esperamos el avance de lo anteriormente descripto y la actuación pronta de la Justicia”, aseveró Ascárate.