Por Gustavo Rodríguez
19 Abril 2022
La poca cabellera que le queda es blanca intensa como la nieve. Se considera un especialista en el mundo de las finanzas. Dice sin ponerse colorado que él se recibió en la “universidad de la calle”. Y asegura que en Tucumán, por el “corralito”, “la híper”, “las cadenas de ahorro”, “las cuevas”, “las mesas de dinero” y “las financieras truchas”, se puede conseguir rápidamente un doctorado. El especialista mientras consumía un café opinó sobre el caso de Adhemar Capital. “El problema no radica en lo que quiere hacer una persona, sino hasta dónde le permiten llegar o hacer”, indicó.
Edgar Adhemar Bacchiani, conocido como “El Pelado”, se especializó en Buenos Aires en las operaciones con criptomonedas. Por alguna razón, dejó el centro del universo argentino para instalarse en la dócil Catamarca. A partir de 2018 comenzó a buscar clientes para que se sumaran a su negocio. Él mismo dijo que empezó con “un martes de garage” y después fue creciendo hasta abrir una oficina en esa ciudad. El éxito no tardó en sonreírle. Los habitantes de esa provincia quedaron encantados con la propuesta de entregarle una suma de dinero y, durante seis meses, cobrar una renta que oscilaba entre el 10% y el 22% anual cada 30 días. Los resultados fueron tan satisfactorios que el CEO decidió ampliarse: abrió sucursales en Tucumán y en Córdoba. Las lujosas oficinas se instalaron en zonas top: Yerba Buena y Cerro Las Rosas.
“Caímos como moscas en dulce de leche”, explicó Juan, un inversionista tucumano. Pero los problemas comenzaron cuando el Banco Central de la República Argentina, después de haber recibido una denuncia, le pidió a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) que iniciara una investigación de la firma. Después la Comisión Nacional de Valores (CNV) le ordenó que dejara de operar. En Córdoba, una fiscala ordenó que se congelaran sus cuentas de criptomonedas. Los resultados eran obvios: no pudo responder a las obligaciones de pago que había pactado. Bacchiani pidió paciencia y aseguró que todo se solucionaría. Las autoridades judiciales, le imputaron a él y a otras ocho personas (tres de ellas tucumanas) los delitos de realizar operaciones financieras, estafa, lavado de activo y asociación ilícita.
Sin controles
Alfredo Aydar es un abogado que decidió asistir a las víctimas de estas firmas. Inició acciones legales contra Intensive Live en nombre de unos 60 perjudicados y ahora hace lo mismo con tres inversionistas de Adhemar, aunque sabe que con el transcurso de los días pueden ser muchos más. El profesional reconoció que por ahora no se sabe cuántos tucumanos quedaron atrapados en el sistema, pero sí estimó que podrían haber manejado fondos por U$S 60 millones. “¿Dónde estuvieron los controles?”, se preguntó el profesional.
La codicia mata al hombre, pero si el Estado no cumple su rol para evitar este tipo de maniobras, directamente lo condena al matadero. Hasta aquí, no hubo ninguna gestión por parte de la Secretaría de Comercio para indagar sobre la operatoria que realizaba Adhemar en nuestra provincia. Ofrecer tasas hasta tres o cuatro veces más altas que el sistema financiero debería haber sido una alarma. ¿La Defensoría del Pueblo, al observar las irregularidades en el pago, no tendría que haber actuado a favor de los damnificados? La municipalidad de Yerba Buena habilitó sus oficinas, pero ¿sabía a qué se dedicaba? ¿Rentas municipal y provincial analizaron y controlaron la actividad? ¿Y la Afip? Todos son interrogantes que no tienen respuestas hasta aquí. Está claro que falla la prevención y se actúa cuando la lista de damnificados comienza a crecer.
A Bacchiani le endilgan otra virtud: envolver al poder político con su propuesta de negocio. En Tucumán no hay muchos indicios. Sólo que en la inauguración del local, entre los asistentes se vio a varios concejales y por lo menos a un funcionario caminando por la alfombra roja que colocaron para la ocasión, escuchando tocar a las bandas en vivo y bebiendo el champagne que sirvieron. Pero en Catamarca el caso desató una verdadera tormenta política.
Los catamarqueños no olvidaron que dos parlamentarios de Juntos por el Cambio pidieron que se declare de interés provincial las charlas que dictaba Bacchiani sobre las ventajas que ofrecían las inversiones en criptomonedas. Y también sospecharon que haya sido el mismísimo gobernador Raúl Jalil el que denunció al Banco Central de la República Argentina los negocios que desarrollaba la empresa en su provincia. Con el tiempo quedaron al descubierto varios detalles que generaron más dudas que certezas.
La sede de Adhemar funciona en un lujoso inmueble que pertenecería a un pariente de Jalil. Uno de sus hermanos, que sería compadre de “El Pelado”, fue uno de los que ponderó el negocio que llevaba adelante el CEO. El mandatario catamarqueño ahora recibe durísimas críticas por parte de los inversionistas de esa provincia que se sintieron abandonados por las autoridades de su gobierno.
Queda la sensación que si el Estado hubiera actuado a tiempo, hoy nadie estaría preocupado por este tema.
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