Por Gustavo Rodríguez
18 Abril 2022
LAS ACUSADAS. La oficial Lourdes Sánchez y la cabo Abigail Romano negaron las acusaciones que recibieron.
Dos policías quedaron detenidas por haber entorpecido una investigación de una organización que podría estar implicada en varios robos similares. Las uniformadas, según la acusación que recibieron, facilitaron la desaparición de un teléfono celular que era de vital importancia para el avance de la investigación. Fueron imputadas de encubrimiento agravado.
El viernes, cerca de las 4.30, un joven de 30 años llegaba a su casa de Asunción al 500 y se sorprendió al ver que la luz del comedor estaba encendida. Al observar a través de la persiana descubrió que un hombre y una mujer estaban guardando las pertenencias de su padre, que se encontraba bajo los efectos de sustancias, atado de pies y manos. El pariente de la víctima logró reducir a Tamara Yanina Collado (27 años), mientras su cómplice aprovechó esa situación para escaparse. Cuando pudo, llamó a la Policía para denunciar el caso.
Al llegar al lugar de los hechos, los uniformados pidieron colaboración porque había una mujer demorada. La primera en llegar fue la cabo Elizabeth Abigail Romano, que presta servicio en el servicio 911 a la que se le ordenó que custodiara a la detenida. Luego llegó la oficial Lourdes Sánchez, que estaba de turno en la seccional 7ª, que debía realizar las actuaciones. Mientras se desarrollaban las primeras medidas, sonó el celular que tenía en su poder la acusada. El hijo de la víctima lo tomó y pretendió atenderlo, pero el agente Mario Monteros se lo impidió porque era parte de la prueba y avisó a sus superiores que debían resguardar.
Con el correr de las horas se descubrió que el celular en cuestión había desaparecido. Al enterarse de lo que había sucedido, el hijo del damnificado señaló que se había presentado en el hospital Padilla para constatar el estado de salud de la acusada y descubrió que allí se encontraba su novia, la misma mujer que se encontraba en la puerta de la dependencia policial en esos momentos. Llamó al número de teléfono y efectivamente la desconocida atendió. Cuando intentaron detenerla, la pareja de la sospechosa se escapó. El fiscal Carlos Picón ordenó que las dos policías fueran aprehendidas.
La audiencia
En una audiencia que se realizó ayer, el fiscal Picón y su auxiliar Leandro Abdala solicitaron que ambas efectivas sean acusadas de encubrimiento agravado por su condición de ser miembros de la fuerza. “La desaparición del celular en cuestión es un duro golpe a la investigación que estamos realizando en este caso. No sólo no podemos identificar al cómplice de la detenida, sino también a las otras personas que podrían estar implicadas”, argumentaron. “Ellas debían haber tomado todos los recaudos para secuestrar y custodiar ese elemento, pero no sólo no lo hicieran, sino que con su conducta el teléfono sigue sin aparecer”, agregaron.
Al hacer uso de la palabra Romano indicó que ella lo único que hizo fue vigilar a la detenida porque el hijo de la víctima le había propinado una feroz golpiza. “Nunca supe de la existencia del celular. Cuando la revisé la campera que tenía puesta, encontré $500 y una cadenita que supuestamente era de oro y se la entregué a mis superiores”, explicó. También señaló: “me subí a la ambulancia y en el hospital Avellaneda nos dijeron que por las lesiones que recibió debía ser atendida en el Padilla. Cuando estábamos por subir nuevamente a la ambulancia, se presentó una femenina que se presentó como su pareja y me consultó si le podía dar una campera más abrigada y dinero. Acepté y hubo un intercambio de camperas”.
Por su parte, la oficial Sánchez confirmó que ella estuvo en el lugar de los hechos. “Cuando llegué al lugar, en un recorrido, me mostraron lo que había sucedido en esa casa. Ninguno de los empleados policiales que se encontraban en el lugar me informaron de la existencia de un celular. No sabía de esa situación”, indicó.
Los representantes del Ministerio Público Fiscal solicitaron que se les dicte a ambas la prisión preventiva por 60 días. Miguel Gómez, defensor de Romano, rechazó el pedido y consideró además que no había elementos para acusarla. “Ella tiene apenas dos años en la fuerza y por esa condición se encuentra involucrada. Su función era la de custodiar a la detenida, no vigilar los elementos secuestrados. Evidentemente no se preservó correctamente la escena, pero no era su responsabilidad”, señaló.
Por su parte, José Agustín Ferrari, defensor de Sánchez, cuestionó la investigación y pidió que sea dejada en libertad. “Aquí ni siquiera hay un delito. Podría haber una falta administrativa, pero no fue su responsabilidad”, alegó. “No podemos dejar pasar que estamos ante un caso de violencia de género estatal porque las señaladas son dos mujeres que no tienen antigüedad en la fuerza”, añadió.
La jueza Juana Juárez decidió aceptar parcialmente el planteo de los representantes del MPF. “Las acusadas son conocidas y tienen residencia fija. Sí concuerdo que pueden entorpecer la investigación”, indicó. Por ese motivo, decidió dictarles la prisión preventiva por 10 días, pero con la modalidad de arresto domiciliario sin control de pulseras por “la escasez que existe de esos elementos”.
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