Por Martín Soto
16 Abril 2022
FIRME. El municipio que conduce Campero le exige al Concejo que especifique la finalidad de lo solicitado.
Si es que quedaba algún hilo sano en la deshilachada relación que mantienen la Municipalidad de Yerba Buena y el Concejo Deliberante, posiblemente esta semana se cortó. El intendente Mariano Campero interpuso un veto total a la nueva ordenanza que aprobaron los ediles para que en el Pacto Fiscal 2022 se incluya un artículo que permita al cuerpo legislativo recibir, de modo automático, un porcentaje de los fondos que gira mensualmente la Provincia (por Ley 7.974), menos los gastos de personal. El municipio consideró que falta especificación de la afectación de los fondos solicitados, por lo tanto carece de legalidad y amerita el veto.
Este fue el segundo intento fallido de los concejales por acceder a un mayor caudal de dinero. En la ordenanza que autoriza el Pacto Fiscal 2022 (N° 2.363) habían agregado un artículo para exigir el 5%, el cual fue vetado por el Ejecutivo municipal. En la nueva oportunidad, los ediles primeramente rechazaron el veto a dicho artículo y, en otra sesión celebrada horas después, impulsaron una modificación a la norma. Ordenaban que se incluya un nuevo artículo, en el cual reclamaban el 3% de los fondos “a los efectos de garantizar el correcto funcionamiento de la institución legislativa municipal”. El Ejecutivo municipal, sin embargo, se mantuvo firme en la determinación por falta de especificaciones.
El Decreto N°280, del 12 de abril, consta de cinco páginas y lleva las firmas de Campero; de su jefe de Gabinete, Manuel Courel; y del secretario de Hacienda, Hernán Ganen. En el documento se pone especial énfasis en que ni al solicitar el 5% ni en la modificación para exigir el 3% se hace explícito “qué gastos deben afrontarse, la necesidad de los mismos, la insuficiencia de los fondos que se remiten al Concejo Deliberante, ni tampoco el destino de tales fondos”.
“Esta exigencia es aún mayor cuando se advierte que se trata de fondos de los contribuyentes del municipio cuyo uso DEBE (sic) ser justificado, de acuerdo a la normativa financiera pública vigente”, argumentó la Municipalidad en el decreto que ingresó al Concejo en las últimas horas del último día hábil de la semana.
“No está justificado”
Courel dialogó con LA GACETA e insistió con que la ordenanza estaba mal dictada, dado que no contaba con fundamentación. “Es una cuestión conceptual. Ya sea el 5%, el 3%, el 2% o el 1%, en ningún lado está debidamente justificado. En ningún momento dice para qué, si es para gasto de bloque o de capital. Dice que el Concejo necesita esos fondos, pero no para qué. Al no estar debidamente fundamentado, cualquier acto jurídico es nulo o sujeto a veto”, señaló.
Courel recordó que, tras el primer veto, el edil José Macome (JxC) había expresado en la sesión que reducir del 5% al 3% lo solicitado por el Concejo era algo arbitrario porque no tienen precisiones de las cifras que recibe el municipio de la Provincia. “Efectivamente es arbitrario y no podemos permitir una arbitrariedad; con este 3% no somos eficientes ni transparentes”, dijo el jefe de Gabinete. Remarcó, además, que no está aprobado el Presupuesto 2022. “¿Cómo podemos saber cuánto es (un 3%)? ¿Qué dejamos de hacer para enviar esos fondos si estamos trabajando a ciegas?”, reclamó.
“¿En qué gastan?”
Semanas atrás, en diálogo con este diario, Courel había dicho que, presupuestariamente, el Concejo de Yerba Buena es uno de los más caros de la provincia. Dijo que el Municipio, entre giros de la Provincia y recaudación propia, dispone mensualmente de unos $170 millones, de los cuales -aseguró- $17 millones (un 10%) se transfieren al Concejo. “Es real que es uno de los más caros. La Capital destina un 5% de los fondos que recibe para el Concejo”, diferenció. Y agregó: “que el Municipio no les asegura los fondos para funcionar no es cierto. Queremos transparencia y eficiencia, no que el órgano legislativo sea una caja política. Que cumplan con su función y sean un órgano de contralor. No es un lugar para hacer asistencialismo ni para estar rodeados de punteros políticos. Como vecino me gustaría que los concejales digan en qué gastan la plata”.
El funcionario municipal, mano derecha de Campero, insistió con que para ejecutar el veto se tuvo en cuenta también que el Ejecutivo municipal debe garantizar, por ley provincial, la financiación de distintos servicios como el sistema de gestión de Residuos Sólidos Urbanos; el Fondo Educativo; el Centro Asistencial Ramón Carrillo; y la Guardia Urbana Municipal. “Todo eso no han tenido en cuenta, además de que es arbitrario ese 3%. No podemos renunciar y no pagar esos fondos que están comprometidos por ley. Es arbitrario, no es transparente y no es eficiente”, insistió.
Durante el último debate, dos semanas atrás, los ediles embistieron duramente contra Campero en su mayoría. Lo acusaron de ocultar cifras de recaudación, de cortar el diálogo y de pretender avasallar los intereses del Concejo. Aseguraron que lo que buscan es la autarquía para su funcionamiento y no tener que andar “mendigando” fondos cada mes.
El edil Gonzalo Cisneros (FR), en tanto, viene reclamando al presidente del cuerpo, Rodolfo Aranda (JxC), que transparente los gastos del Concejo.
Lo más popular
