El empresario Otto Fernando Barenbreuker (h) continúa camino al debate oral y público, en el cual se juzgará -posiblemente entre el 21 de junio y el 1 de julio- si estafó o no a una veintena de clientes que le habían adquirido departamentos. Esto se da luego de que la Fiscalía de Cámara rechazara el pedido de probation que había presentado la defensa del arquitecto por frenar el proceso, en la cual ofrecía pagar $ 15.000 a sus denunciantes.
Estela Velia Giffoniello, fiscal de la Cámara Penal Conclusional 2, expresó en su dictamen enviado a la corte: "El ofrecimiento del imputado no satisface los fines del instituto pretendido, toda vez que no implica una conducta activa por parte del mismo que signifique un real compromiso con la sociedad. Por ello, me pronuncio en forma negativa a la suspensión del juicio a prueba en los términos solicitados".
A su vez, los abogados de las víctimas expresaron: "Entendemos que la solicitud de la "probation" no corresponde, en tanto no concurren los supuestos del artículo 76 bis del Código Penal, teniendo en cuenta que el delito por el cual viene acusado el imputado prevé una pena cuyo máxima excede con creces la de tres años de prisión".
Ante esto, se espera que la defensa de Barenbreuker, integrada por los abogados Carlos José Varela Soria y José Alejandro Espejo, apele la decisión de la fiscalía.
En algunos casos, los denunciantes habían afirmado que se les había entregado departamentos a medio terminar, sin el certificado de final de obra. En otros casos, estos inmuebles presentaban instalaciones anómalas de servicios públicos.
Finalmente, otros clientes denunciaron que Barenbreuker nunca les entregó los inmuebles que habían adquirido mediante la metodología “en pozo”.
Qué había planteado la defensa de Barenbreuker
Carlos José Varela Soria y José Alejandro Espejo habían solicitado días atrás el beneficio del instituto de suspensión de juicio a prueba, medida popularmente conocida como probation.
"Mi defendido ofrece en concepto de reparación $ 15.000 a cada uno de los denunciantes-querellantes, pagaderos con un anticipo de $ 5.000 y dos cuotas mensuales y sucesivas de igual monto", decía el texto.
A renglón seguido, explicaba el motivo de la exigua cifra. "Es dable destacar que tal reparación que se ofrece se encuentra en los límites de sus posibilidades económicas, habida cuenta que el acusado, si bien posee el título de arquitecto, se encuentra impedido de ejercer su profesión, por una sanción impuesta por el Colegio de Arquitectos de Tucumán (cancelación de matricula profesional), cuya sanción fue solicitada por los denunciantes".