Por Álvaro José Aurane
14 Abril 2022
El palacio de la Corte Suprema nacional.
El kirchnerismo se comportó ayer en el Consejo de la Magistratura como un oficialismo acostumbrado a las derrotas institucionales, en el último día de funcionamiento normal del órgano creado por la Constitución Nacional para la selección de magistrados y para la administración del Poder Judicial.
No hubo consenso con la oposición para aprobar 18 concursos de jueces para cubrir 49 vacantes. En ese lote se cuentan despachos estratégicos de los tribunales de Comodoro Py, en los cuales se investiga al poder político. Son, por ejemplo, los que ocupaban los magistrados Claudio Bonadio, Rodolfo Canicoba Corral y Sergio Torres. También los de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi: fueron trasladados a la Sala I de la Cámara Federal durante la presidencia de Mauricio Macri y confirmaron el procesamiento de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, dictado por Bonadio, en la causa “Cuadernos de la Corrupción”. El kirchnerismo buscó desplazarlos largamente, y sin éxito. A todos estos se sumaban seis judicaturas más en los Tribunales Orales Federales, en los que también se ventilan causas contra el poder político.
Para avanzar con cualquier concurso se necesitan los dos tercios de los miembros del Consejo de la Magistratura: en la actual composición de 13 miembros, esa mayoría especial es dada por nueve consejeros. El kirchnerismo cuenta con el voto de siete integrantes, con lo cual necesariamente demanda del consenso para lograr el apoyo de al menos dos de los otros seis opositores. Ayer no los consiguió. Lo mismo viene ocurriendo desde comienzos de año, por ejemplo, para concursar los lugares de Bruglia y de Bertuzzi, asientos sobre los cuales intentó avanzar dos veces durante marzo.
Las vacantes también se dan en las cámaras federales de Tucumán, de Mendoza y de Mar del Plata, y en los Tribunales Orales Federales de San Martín, entre otras plazas.
Frente a la imposibilidad de alcanzar acuerdos, el consejero que representa al Gobierno nacional mocionó la postergación de los concursos, lo cual fue aceptado.
El tratamiento quedará para la próxima sesión del Consejo de la Magistratura y allí reside la primera de las incertezas: no se sabe cuándo ocurrirá tal situación. Lo cual deriva en la segunda de las cuestiones abordadas ayer por el oficialismo en el órgano constitucional.
La emergencia
Mañana, el oficialismo nacional, en tanto fuerza política con los bloques con más peso en las dos cámaras del Congreso Nacional, habrá de incumplir con la sentencia dictada a mediados de diciembre pasado por la Corte Suprema de la Nación.
El máximo tribunal dio entonces un plazo de 120 días para que se reestructurase el Consejo de la Magistratura con un esquema que respete el equilibrio entre los estamentos que lo componen, tal y como lo ordena la Carta Magna en su artículo 114.
“El Consejo será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal. Será integrado, asimismo, por otras personas del ámbito académico y científico, en el número y la forma que indique la ley”, consigna la norma. Precisamente, con la reforma constitucional de 1994 nace este organismo.
En 1998, la primera integración (ley reglamentaria mediante) cumple con ese postulado. El Consejo nacerá con 20 miembros: lo presidía el titular de la Corte y, entre otros integrantes, contaba con cuatro jueces, cuatro abogados, cuatro parlamentarios oficialistas y cuatro opositores.
Este balance fue anulado con la reforma de 2006, durante la presidencia de Néstor Kirchner, cuando el número de miembros, en nombre de que el instituto era lento y burocrático, se redujo a 13: siete eran del poder político, y de ellos cinco eran oficialistas.
El cambio fue judicializado por la oposición y comenzó a recibir fallos adversos de los tribunales inferiores, de modo que en 2013, durante la segunda presidencia de Cristina, advino la reforma de la reforma. Contra el argumento de que era mejor un número reducido de miembros, se organizó un Consejo de 19 miembros: en nombre de la “democratización de la Justicia”, debían ser electos en comicios nacionales y como candidatos de los partidos políticos. Jueces incluidos.
Como ese esquema fue declarado inconstitucional, se mantuvo el de 13 miembros de 2006. El cual, a su vez, fue fulminado por la Corte en diciembre pasado.
Como el plazo vencerá sin que haya un nuevo esquema (el Senado dio media sanción la semana pasada a un modelo de 17 miembros, pero como excluye la participación de la Corte no encuentra consenso en Diputados), debe volverse al régimen original de 1998: 20 miembros y presidencia en manos del superior tribunal de Justicia del país.
Sin embargo, los jueces supremos no ha dado ni siquiera indicios de si el lunes, efectivamente, se hará cargo del Consejo de la Magistratura. El senador Oscar Parrilli, vocero político de Cristina, dijo el martes que si ocurriera tal cosa, la Corte estaría perpetrando “un golpe institucional” contra el Consejo.
Para mayor incertidumbre, era necesario para completar ese esquema de 20 miembros que tanto la presidenta de la Cámara Alta como el titular de la Cámara Baja, Sergio Massa, designaran un senador y un diputado. Nunca avanzaron en esa tarea y, como agravante, el fallo de un Juzgado Federal de Paraná (a instancias del diputado oficialista Marcelo Casaretto) dictó una medida cautelar ordenándoles que se abstuvieran de designar a esos representantes.
Frente a la incertidumbre masiva, el kircherismo avanzó ayer con un “reglamento de emergencia” para el Consejo de la Magistratura, a aplicar desde el lunes en caso de que la Corte no asumiera la presidencia del órgano. Ese instructivo faculta al actual titular del organismo, Alberto Lugones, a hacerse cargo de los actos administrativos y de la gestión de los recursos humanos. En caso de actividades que excedan estos ámbitos, deberá consultar a los otros consejeros. La oposición pedía que esas decisiones fueran respaldadas con los dos tercios (nueve votos), pero el oficialismo impuso su mayoría automática y estableció que podrá actuar con el aval de siete consejeros.
Puntos clave
En diciembre, la Corte declaró inconstitucional el esquema del Consejo con mayoría política y dio 120 días de plazo para modificarlo
El plazo vence mañana y el Congreso no dictó la ley correspondiente. Entonces, se debería volver al esquema de 20 consejeros de 1998
El esquema de 1998 era presidido por la Corte, a lo cual el kirchnerismo se opone. Aún no se sabe qué ocurrirá el lunes
Ante la incertidumbre, los “K” aprobaron un “reglamento de emergencia”. Regirá si la Corte no retoma la conducción del Consejo
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