Por Gustavo Rodríguez
14 Abril 2022
LA ESCENA DEL CRIMEN. Al menos cuatro asaltantes intentaron apoderarse de una suma de dinero que tenía la víctima en su casa. LA GACETA / FOTOS DE OSVALDO RIPOLL
La investigación del crimen de un agricultor tuvo un giro inesperado. Cinco policías quedaron cerca de ser procesados luego de que uno de los acusados los denunciara de apremios ilegales en la comisaría donde se encontraba detenido. Por orden del jefe de Policía, Julio Fernández, fueron puestos en disponibilidad por 90 días. Se esperan los resultados de los informes médicos para definir si los efectivos serán detenidos.
Se trata de un expediente que desde el inicio se presentó muy complejo y que, después de corregirse una serie de irregularidades, cuando parecía haber entrado en un cauce normal, se volvió a complicar por esta situación.
1- El hecho
El 31 de marzo, cuatro desconocidos ingresaron al domicilio de Ramón Aurelio Brito, un productor cañero que acababa de comercializar una importante cantidad de bolsas de azúcar que había recibido como parte de pago por la materia prima que había vendido. Los delincuentes lo golpearon salvajemente provocándole importantes lesiones que finalmente le causaron la muerte. También sufrió varios golpes su esposa Mercedes.
Los asaltantes, según confiaron fuentes judiciales, no pudieron quedarse con los $ 3 millones que la víctima tenía ocultos en su domicilio de Medinas. Sí se llevaron algunos elementos, entre ellos prendas de vestir que encontraron en el interior de la casa.
2- Las detenciones
Personal de la Unidad Regional logró el testimonio de un joven que, en base a comentarios de otra persona, identificó a los supuestos autores del hecho. Sin autorización judicial, trasladaron a los cuatro sospechosos hasta la dependencia. “Es una aberración lo que hicieron. Fue una persona traída de los pelos que intentó perjudicar a mis defendidos”, explicó la defensora de los acusados Paula Morales.
Con el correr de los días, se confirmó que los señalados como autores habían permanecido demorados al menos tres horas en una comisaría del sur de la provincia sin que el fiscal Enrique Rojas estuviera al tanto de la situación. “Se convalidó una aprehensión totalmente ilegal, porque los llevaron sin ningún tipo de orden judicial y por la declaración de una persona que es hijo del compadre de uno de los policías que fue denunciado”, agregó la defensora.
3- La audiencia
En una audiencia, los representantes del Ministerio Público Fiscal trataron de sostener la acusación sin tener demasiados elementos probatorios en contra de Mario “El Gordo” Lucas, Isaías “Ogi” Eslame, Franco Córdoba y Facundo “Potter” Ibraín. El juez Cristian Velázquez aceptó que los sospechosos queden vinculados al proceso, pero no aceptó que se le dicte la prisión preventiva. Sin embargo, ordenó que debían presentar una caución de $500.000 cada uno para que recuperen la libertad.
De todos los investigados, sólo Lucas consiguió el dinero para abandonar los calabozos. Los otros tres no pudieron hacerlo por una cuestión legal. Presentaron los fiadores, pero Rojas los rechazó una y otra vez amparándose en la norma que establece que los fiadores deben justificar el origen de los bienes o de los fondos que ofrecen a favor de un acusado.
“Esto es lo más llamativo del caso. Nos pidieron hasta informes contables para solucionar este problema y, como no son aceptados, están privados de su libertad ilegalmente. Veré si presento un hábeas corpus para que se corrija esta situación. Es una mala estrategia de la fiscalía para ver si pueden contar con alguna prueba para mantener la hipótesis del caso”, indicó Morales.
4- Una pista
Cuando parecía que el caso volvía a fojas cero, surgió una prueba clave. Los sospechosos, después de haber sido detenidos, fueron llevados a la comisaría con lo puesto. Córdoba le pidió a su mujer que le llevara una campera para abrigarse porque pasaba frío en el calabozo. La pareja le llevó esa prenda y un pariente de la víctima, que se encontraba en el lugar, reconoció que era del productor asesinado.
Al enterarse de la situación, el fiscal Rojas ordenó el secuestro del abrigo e hizo una medida de reconocimiento. Reunió varias camperas similares y le preguntó a la viuda si reconocía algunas de ellas. La mujer eligió la que le habían quitado al sospechoso y aseguró que pertenecía a su pareja. Con ese elemento, se hizo una nueva audiencia y se le dictó la prisión preventiva a Córdoba por tres meses.
5- Escándalo
Días atrás, Morales se presentó ante el fiscal Rojas para denunciar que los policías que comenzaron con la investigación habrían golpeado duramente a Córdoba en la comisaría de La Cocha. “Se presentaron en el lugar y dijeron que estaba yo para hacerle una entrevista. Lo sacaron del calabozo y lo llevaron a una oficina. Después comenzaron a decirles que si él contaba todo, el fiscal pediría menos años”, comentó la defensora Morales. “Como él se negó a hacerlo, comenzaron a ahorcarlo y después le pisaron la cara contra el suelo. Le quedaron las marcas de los golpes”, indicó.
El fiscal Rojas recibió la denuncia y comenzó a realizar las averiguaciones pertinentes. Personal de su fiscalía se presentó en la dependencia policial y constató que en el libro de novedades aparecía la presencia en el lugar de todos los señalados por la profesional y que el motivo de su visita había sido para mantener una entrevista. “Desde el comienzo hay una situación irregular, porque ningún uniformado puede interrogar a un detenido sin que esté presente su abogado. Además, los efectivos actuaron por su cuenta sin informar absolutamente a ninguna autoridad judicial”, explicó una alta fuente del Centro Judicial de Concepción.
Las autoridades informaron de la situación al jefe de Policía que ordenó el pase a disponibilidad de los comisarios Alfredo Díaz (jefe de Zona I de la URS), Walter Juárez, Carlos Díaz, el subcomisario Walter Cecenarro, el oficial Jorge Hogas (el que habría presentado el testigo dudoso) y el cabo Cristian Díaz. Los uniformados habrían explicado que en realidad fueron víctimas de una trampa perpetrada por la abogada y el acusado. En tanto que en la Justicia sostienen que los uniformados habrían tratado de encontrar información clave en el caso para tratar de subsanar los errores que habían cometido en el inicio de la investigación.
6- Las consecuencias
El fiscal Rojas confirmó que esperará tener todos los informes de los médicos antes de definir la situación procesal de los efectivos. Los datos preliminares indicarían que el acusado tenía lesiones compatibles a golpes. Si se confirman esos estudios, se formularán cargos en contra de los uniformados y hasta podrían quedar aprehendidos.
Por otra parte, trascendió que los fiscales del Centro Judicial enviaron una circular informando que las pesquisas de todos los casos quedarán en manos del personal de la Brigada de Investigaciones Sur y que no están autorizados a realizar ese trabajo personal destinado en las comisarías.
Las claves del caso
El 31 de marzo, al menos cuatro delincuentes, ingresaron a la vivienda de Brito. Le propinaron una feroz golpiza que le provocó la muerte.
Personal de la Unidad Regional Sur, en base al testimonio de un tercero, detuvo a cuatros sospechosos.
Por una campera, el fiscal Enrique Rojas pudo acusar a uno de los otros cuatro acusados. Los otros siguen detenidos porque no pudieron cubrir la caución.
Cinco policía se habrían presentado ante uno de los acusados. Lo habrían golpeado para que les diera indicios con el fin de esclarecer el caso.
Agüero Gamboa: “no vamos a tolerar estas acciones”
“No podemos y no vamos a tolerar este tipo de acciones del personal de la fuerza”, señaló el ministro de Seguridad Eugenio Agüero Gamboa al hablar sobre la denuncia en contra de cinco policías por haber cometido apremios ilegales en contra de uno de los sospechosos de haber cometido el crimen de un productor en el sur de la provincia. “Se los separó de la fuerza para que el caso sea debidamente investigado”, añadió. El funcionario aclaró que, además de la investigación que está desarrollando la fiscalía interviniente, se inició un sumario administrativo para determinar cuál es la responsabilidad de estos y otros efectivos. “El jefe de Policía (Julio) Fernández ordenó una rápida investigación dentro de la fuerza, más allá de que estamos acompañando a la Justicia para que se esclarezca cuanto antes este hecho que es grave. No vamos a tolerar este tipo de inconductas”, insistió
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