13 Abril 2022
LA MUERTE DE MARADONA. Los fiscales pidieron llevar a juicio oral a los ocho imputados en la causa.
La investigación por la muerte de Diego Armando Maradona, ocurrida el 25 de noviembre de 2020, llegó a su fin. Los fiscales pidieron este miércoles que los ocho imputados en la causa vayan a juicio oral como presuntos responsables de un "homicidio simple con dolo eventual".
El requerimiento fue presentado por los fiscales por los fiscales generales adjuntos de San Isidro, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, y la fiscal de Benavídez, Laura Capra, ante el juez de Garantías 2 de ese departamento judicial, Orlando Díaz.
"Cuando en rigor los controles debieron intensificarse en un desenlace para nada fortuito, a la inversa y mientras la víctima anunciaba casi a gritos su triste final por la situación de desamparado en la que lo había colocado abandonándolo a su suerte, decidieron, todos ellos, aportar toda su imprevisión con las acciones más burdas que se han visto al servicio de quien ahora ya no está", señalaron los fiscales en su pedido.
Y añadieron: "Esa y no fue otra la realidad de lo ocurrido. Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio".
El requerimiento incluye a los ocho imputados ya indagados en la causa: el neurocirujano y por entonces médico de cabecera del "10", Leopoldo Luciano Luque (40); la psiquiatra Agustina Cosachov (36); el psicólogo Carlos Ángel "Charly" Díaz (30); la médica coordinadora de la prepaga Swiss Medical, Nancy Edith Forlini (53); el coordinador de enfermeros Mariano Ariel Perroni (41), los enfermeros Ricardo Omar Almirón (38) y Dahiana Gisela Madrid (37); y el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna (49).
A todos ellos, el equipo fiscal especialmente creado para esta causa por el fiscal general de San Isidro, John Broyad, los acusa como coautores de un "homicidio simple con dolo eventual", tras concluir que el equipo médico de Maradona fue "deficiente", "temerario" e "indiferente", que sabía que el "10" podía morirse en el estado en el que se encontraba y que no hizo nada para evitarlo.
Pese a que se trata de un delito que tiene una pena en expectativa de 8 a 25 años de prisión, los fiscales nunca pidieron las detenciones y los ocho acusados llegarán al debate en libertad.
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