13 Abril 2022
COMUNICACIÓN PÚBLICA TUCUMÁN
En medio de la polémica por la colocación de chips anticonceptivos a preadolescentes en el Instituto Goretti y las denuncias de supuestos abusos sexuales, el gobernador interino, Osvaldo Jaldo, dispuso una auditoría en todos los institutos de atención que dependen del Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Lorena Málaga.
Mediante el decreto N° 1.108, Jaldo se refirió a la situación de los centros que dependen de ese Ministerio. Y aunque aclaró que a esa cartera le compete la definición e implementación de políticas públicas a fin de garantizar el cumplimiento de la Ley de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la aplicación "en un marco de institucionalización se tipifica como una opción de excepción".
Esa norma, según argumentó el Ministerio luego de la polémica lanzada por el legislador José Ascárate, permite al Estado colocar chips anticonceptivos a las menores. En rigor, la directora del área, Myriam Martini, había dicho que el Gobierno tiene que arbitrar los medios para otorgar métodos anticonceptivos gratuitos en sus diversas formas. También había indicado que todos los procedimientos se hacen a través del programa sobre Reproducción y Procreación del Ministerio de Salud de la Nación. Además, dijo que se trabaja en base a lo dispuesto por el Plan de Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA), también de la mencionada cartera nacional (Este programa está compuesto por un equipo interdisciplinario de abogados, médicos obstetras, psicólogos, entre otros que la temática requiere).
Jaldo, en su decreto, afirmó que es deber del Estado velar por las personas en condiciones de vulnerabilidad, máxime en los casos que han sido institucionalizados, "siendo el principio regulador el interés superior del niño y el respeto por los derechos humanos.
"Con el objeto de determinar el estado de situación en los distintos centros de cuidado a cargo de ese Ministerio, se estima oportuno y necesario disponer de una auditoría externa multidisciplinaria e interministerial", justificó el gobernador interino.
El decreto dispone que esa comisión ad hoc deberá cumplir su tarea y elevar el informe hasta el 22 de este mes. También, que estará integrada por los Ministerio de Desarrollo Social, Seguridad, Salud y Educación, y cada uno deberá designar uno o más representantes.
Los integrantes de este grupo de trabajo estarán facultados para requerir informes, documentación y todo dato que consideren necesario, "los que deberán ser evacuados por los responsables de cada repartición de forma inmediata y preferente".
La auditoría alcanzará a los siguientes centros:
- Hogar Belgrano
-Centro de Recepción y Clasificación de Menores 25 de Mayo
-Hogar de Niñas Santa Rita
- Hogar de Discapacitados San Benito.
- Hogar Santa Micaela.
-Instituto de Puericultura
-Hogar Eva Perón
-Instituto Santa María Goretti
-Instituto Julio Roca
- Instituto Gerontológico San Alberto
-Hogar de Niños y Niñas Casa de Hermanos.
Cuestión judicial
Ayer, con la ratificación de una denuncia, ya son dos las denuncias que se investigan en la Justicia y que involucrarían al instituto Santa María Goretti en casos de presuntos abusos sexuales.
El primer caso es el del presunto abuso sexual que habría sufrido una adolescente de 13 años que estaba internada en el instituto. La acusación apunta hacia dos celadores.
Semanas atrás, un hombre acudió a tribunales porque un estudio médico habría revelado que su nieta había sufrido abusos sexuales . Esa denuncia ingresó en la fiscalía especializada en Delitos contra la Integridad Sexual III, que está subrogada por Daniel Marranzino.
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