12 Abril 2022
La directora de Niñez, Adolescencia y Familia, Myriam Martini, habló sobre la colocación de métodos anticonceptivos en niños, niñas y adolescentes que están siendo cuidados en los dispositivos institucionales del Ministerio de Desarrollo Social.
Las declaraciones de la funcionaria fueron una respuesta de la denuncia del legislador radical, José Ricardo Ascárate, quien sostuvo que el Gobierno estaría implantando de manera irregular chips anticonceptivos en niñas y adolescentes que están internadas en el instituto Santa María Goretti. El disparador de la denuncia fue un hombre que acudió a la Justicia denunciando que su nieta, de 13 años, que está alojada en el Goretti, habría sufrido abusos sexuales. Además, tras una revisión médica, el hombre se habría enterado de que le habían colocado a la niña un chip anticonceptivo sin que su núcleo familiar autorizara ese implante.
Myriam Martini expresó que según la ley 25.673, de orden público y de aplicación obligatoria, se dispone que el Estado, en todos sus niveles, tiene que arbitrar los medios para otorgar métodos anticonceptivos gratuitos en sus diversas formas. Indicó que todos los procedimientos se hacen a través del programa sobre Reproducción y Procreación del Ministerio de Salud de la Nación. Además, dijo que se trabaja en base a lo dispuesto por el Plan de Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA), también de la mencionada cartera nacional (Este programa está compuesto por un equipo interdisciplinario de abogados, médicos obstetras, psicólogos, entre otros que la temática requiere).
“Se convoca al programa ENIA, se hacen consejerías y luego se decide. Se organiza el operativo, se dispone de acuerdo a las instrucciones que recibamos del Sistema Provincial de Salud y se establece si se hace en la institución o algún dispositivo de salud, como ser la Maternidad, y se efectiviza”, precisó.
También, indicó que todo se hace con consentimiento del niño, niña o adolescente o adulto responsable de acuerdo a las edades. “Según establece el Código Civil, desde los 16 años el adolescente es considerado adulto en cuanto a la disposición de su cuerpo, por lo que en todos los casos basta con el consentimiento del adolescente en cuestión. Hay distintas franjas etarias que lo van poniendo en distinto nivel”.
Por el lado de personas de entre 13 y 16 se tienen en cuenta los principios regidos por la Convención Internacional de los Derechos del Niño, por el Sistema de Protección Nacional, la Ley 26.061 y la 8.293 “que nos obliga, como sistema de aplicación, a respetar el derecho a la autonomía progresiva, al derecho del adolescente a ser escuchado y que nos exige que establezcamos todos los medios para que el adolescente pueda acceder a la información y pueda tomar la decisión”.
En el caso de los menores de 13, la aplicación del método se hace con el acompañamiento de la firma de un adulto responsable, que bien puede ser encargado de la institución de cuidado. “Hay un solo caso de 12 años que se le colocó el implante subdérmico con el aval y la firma del adulto responsable, como marca el protocolo“, aseguró respecto de un caso en el dispositivo de cuidado María Goretti.
“Como Estado tenemos la obligación de hacerlo. No aplicarlo implicaría que estamos negando el derecho a la salud, a una libertad responsable de procreación, a la libertad sexual de los adolescentes y tenemos que facilitar, en el contexto, con todo el equipo interdisciplinario que ellos requieren”, resaltó.
Para terminar, explicó que “la administración de métodos anticonceptivos no tiene que ver con que tengan relaciones sexuales o no”. “Es un derecho a la salud, es parte de enseñar y otorgar herramientas al adolescente para que tenga una autonomía progresiva y pueda ir decidiendo y entendiendo lo que es desarrollo de su salud reproductiva. Jamás se impone ni se obliga”, concluyó.
Caso judicial
Con respecto a la denuncia por un presunto caso de abuso sexual en el dispositivo de cuidado institucional María Goretti, afirmó que “desde el Ministerio se llevaron a cabo todos las tareas administrativas y judiciales que la gravedad de la situación requiere. Estamos a disposición de la justicia y somos los primeros interesados en conocer la verdad material de lo que sucede“.
Además, aseguró que “somos los primeros que haremos la denuncia en caso de tomar conocimiento” y añadió que “sí nos gustaría que todo tipo de denuncias que se conozcan respecto de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, se encuentren institucionalizados o no, se hagan primero ante el lugar que corresponde, que es la Justicia, de manera de no entorpecer el acceso a ese ámbito, porque el niño, niña y adolescente, como sujeto de derecho que es, requiere del servicio de justicia expedito, inmediato y si uno lo hace en el lugar que corresponde, se está demorando eso”.
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