Por Santiago Re
12 Abril 2022
DENUNCIA. Una fiscalía investiga el caso de un presunto abuso sexual a una menor en el instituto Goretti. LA GACETA / FOTO DE OSVALDO RIPOLL
La polémica se desató ayer, cuando el legislador José Ricardo Ascárate (UCR) dio a conocer que había acudido a la Corte Suprema de Justicia para denunciar que el Gobierno estaría implantando de manera irregular chips anticonceptivos en niñas y adolescentes que están internadas en el instituto Santa María Goretti, el fin de esta irregularidad sería -según la denuncia- encubrir los abusos sexuales que estarían sufriendo las menores a manos de algunos celadores.
La investigación de un caso de abuso se habría iniciado hace una semana, cuando un hombre acudió a la Justicia denunciando que su nieta de 13 años, que está alojada en el Goretti, habría sufrido abusos sexuales. Además, tras una revisión médica, el hombre se habría enterado de que le habían colocado a la niña un chip anticonceptivo sin que su núcleo familiar autorizara ese implante. El estudio ginecológico de la menor precisa: “se refiere sexualmente activa, se colocó implante anticonceptivo hace aproximadamente un año”.
La denuncia del caso recayó en la Fiscalía especializada en Delitos contra la Integridad Sexual III, que en ese momento estaba subrogada por Daniel Marranzino, pero que cambia de subrogante cada 30 días.
Días después, el abuelo se presentó para ampliar su declaración y sostuvo que la hermana mayor de la adolescente de 13, que también pasó por el Goretti, le habría contado que: “a todas las chicas que entran les ponen obligatoriamente el chip anticonceptivo, pero que ella no se dejó poner”.
Temen una red de trata
También de esa declaración se desprende que podría existir una red de prostitución infantil que habría (o aún estaría) operando en el instituto. El tutor de las niñas sostuvo que su nieta mayor le describió a tres hombres que llegaban entre las 2 o 3 de la mañana. “Ellos son los que van a buscar a las niñas del Goretti para prostituirlas”, se puede leer en la denuncia, que apunta también contra celadores y también contra la ex directiva de la institución. El hombre solicitó que le tomen declaración a sus nietas en cámara Gesell.
El abogado Gustavo Morales, que acompaña la querella del caso, remarcó que es posible que no estén solo ante un caso de abusos por parte de celadores, sino que también se podría revelar la existencia de una red de explotación sexual de las menores. En ese sentido, en entrevista con LA GACETA, precisó que en octubre del año pasado un miembro de la Fundación Crecer en Familia ya había denunciado un hecho similar. “Mañana a raíz de todo esto tenemos una citación donde se espera que el presidente de la fundación declare”, indicó el profesional. Por otro lado, añadió que la niña de 13 años fue trasladada a otro internado y que se les ordenó prohibiciones de acercamiento a los sospechosos.
“Acá va a estallar un escándalo, porque si esto se confirma entonces había jueces que estaban al tanto de esta situación”, concluyó el abogado.
Respuesta oficial
En un breve comunicado, la secretaría de Comunicación Pública afirmó que “el uso del implante anticonceptivo está previsto en un Plan Nacional”. Según es escrito, la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinayf) expresó que los implantes se realizaron conforme a la ley 25.673 de Salud Sexual y Procreación Responsable y siguiendo el Plan Nacional ENIA que se aplica desde 2018 en la provincia a través del Siprosa.
A su vez, sobre los presuntos casos de abuso sexual, el comunicado sólo indica que a raíz de la denuncia el instituto resguarda la privacidad de la víctima” y que el Goretti “siempre actuó en base a los instrumentos legales que lo regulan”.
En menores
El detalle del implante de chips anticonceptivos fue uno de los centros de la controversia ayer. Al punto que el Comité de Latinoamérica y Caribe para la Defensa de los derechos de la mujer (Cladem), se expresó en contra de la “demonización” de este sistema. “Miramos con preocupación el abordaje comunicacional y también la denuncia realizada por parte del legislador las cuales ponen el foco en los métodos anticonceptivos (implantes subdérmicos nombrados como ‘chip’) y no así en los presuntos abusos sexuales sufridos por las adolescentes del Dispositivo de Cuidado Institucional Goretti, ya sea dentro o fuera de la institución”, se puede leer en el comunicado, que pide separar ambos aspectos y aclarar que el acceso a métodos anticonceptivos “es parte del acceso al derecho en salud sexual y reproductiva de niñas, niños, adolescentes y de toda la población”.
Finalmente en el comunicado de Cladem destacaron: “exigimos que las instituciones den respuesta a las denuncias de violencia sexual investigando con debida diligencia y que a su vez se garantice la salud sexual de las adolescentes”.
Por otro lado, también cuestionaron la forma en la que se titularon algunas notas periodísticas.
Ascárate aclaró la situación que le planteaban. “La ley prevé que sólo mediante el acompañamiento de los padres o tutores se le puede implantar algo así a una menor de 14 años. A ese detalle lo están omitiendo”, precisó. Y remarcó que su postura fue clara: “acá estamos denunciando que una menor fue abusada y así surgió que les estaban instalando chips. El escándalo es que están abusando de chicas en un instituto estatal”.
“El tema de los chips irregulares es que los estarían usando cómo método para ocultar un delito mayor: los abusos sexuales. Mi preocupación es por esos niños, no hablo como opositor político pero le exijo al Gobierno que vele por esos niños”, concluyó.
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