11 Abril 2022
LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO. ARCHIVO
La Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap) advirtió que peligra el servicio del transporte de ómnibus en el interior como consecuencia de una deuda de unos $ 4.300 millones en subsidios.
Fuentes gremiales confirmaron que la medida de fuerza se aplicaría también en Tucumán, donde se verían afectados los servicios urbano, metropolitano y los que van al interior de la provincia.
“Transcurriendo los primeros días del mes de abril de 2022, el Estado Nacional adeuda al sector $ 4.430 millones de los $ 9.600 millones asignados por medio del ya insuficiente Fondo Compensador del Transporte”, precisaron desde Fatap.
“Al día de hoy el sector de transporte público por automotor de pasajeros de todo el interior del país no ha recibido los aportes comprometidos de parte del Gobierno, y sin los fondos necesarios se ve impedido de pagar salarios y cargar combustible, por lo que el servicio se verá interrumpido en el sector de corta y media distancia”, indicaron.
Ante esta situación, adelantaron que “de no haber una solución de parte del Gobierno, las empresas no podrán prestar servicios y se ponen en riesgo 33.000 fuentes de empleo, pese a los constantes esfuerzos que hacen las empresas del sector”.
Pero ese no es el único problema que afronta el sector, sino que se suma la preocupación de las empresas del interior en torno al normal abastecimiento del gasoil y su aumento de precio.
Por lo tanto, solicitaron a las autoridades el inmediato pago de las cuotas del Fondo Compensatorio del Transporte de los meses de febrero y marzo. También pidieron que el precio del gasoil, se retrotraiga al valor mayorista, se rehabiliten las condiciones de descuentos y se otorguen los cupos vigentes al 1/01/2022; que se dispongan asistencias suplementarias para atender el incremento del costo del gasoil hasta que lo solicitado encuentre respuesta favorable; que la Secretaría de Transporte dicte sin más demoras la resolución que dote al sector de previsibilidad presupuestaria para el año 2022 respecto de los aportes nacionales al sector, indicándose claramente en la norma la proporción que como mínimo las jurisdicciones deberán aportar en relación a los desembolsos que efectúe el Estado Nacional; que, a efectos de afrontar el eventual acuerdo salarial, se dote al sector, mediante una resolución que así lo disponga, de los fondos nacionales y provinciales necesarios para atender los mayores costos que ello irrogue.
De lo contrario, avisaron que "será imposible de evitar que las prestadoras racionalicen sus insumos y recursos, adaptando la oferta de servicios a los que dispongan, con el fin de evitar, en lo inmediato, la paralización de la actividad y la pérdida de más de 33.000 puestos de trabajo a lo largo y ancho del país".
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