Se traba el plan “K” de Consejo de la Magistratura

A la ya crónica crisis económica, financiera y social de la Argentina, el oficialismo nacional se apresta, durante la semana que comienza, a sumar una nueva dimensión: la crisis institucional.

El próximo viernes no estará vigente una ley que reestructure al Consejo de la Magistratura. Ese órgano nació con la reforma constitucional de 1994 y le corresponde seleccionar, sancionar o remover a los jueces federales. Dos veces alteró su composición el kirchnerismo. Y dos veces la Corte Suprema de la Nación tronchó esos cambios. La última vez fue en diciembre. Por esos días, el ministro de Justicia, Martín Soria, se había reunido con los vocales y, tras la audiencia solicitada por él, había revelado a la prensa el objeto de la visita: “Se transmitió la preocupación de todo el gobierno nacional, del Presidente, la Vicepresidenta y de este ministro sobre esta tremenda falta de legitimidad”.

La Corte le dio 120 días de plazo al Gobierno para instrumentar, por ley, un órgano que respete el equilibrio en la representación de los estamentos que exige la Carta Magna. El plazo vence el 15 y el jefe del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, anticipó el jueves que no hay tiempo para aprobar, dentro del plazo judicial, el nuevo Consejo de la Magistratura. O sea que el kirchnerismo, que tiene los bloques mayoritarios en el Senado y en Diputdos, incumplirá con una sentencia de la Corte Suprema y paralizará una institución cuya existencia y funcionamiento están garantizadas por la Constitución Nacional. Todo en simultáneo y en Semana Santa.

Las obsesiones

El kirchnerismo fue arquitecto y demoledor del Consejo de la Magistratura. Cristina lo avaló como convencional constituyente en el 94. La ley que lo reglamenta (24.937) se dictó en 1997, año en que ella se desempeñó como senadora, primero, y como diputada, después. Al año siguiente, y tras un par de retoques, se crea un consejo de 20 miembros, presidido por el titular de la Corte, que funcionó sin inconvenientes ni reparos durante ocho años. Tenía, entre otros miembros, cuatro jueces, cuatro abogados, cuatro parlamentarios oficialistas y cuatro opositores. Ningún sector se imponía sobre los demás.

Justamente, en 2006, con Néstor Kirchner como jefe de Estado y Cristina Fernández como senadora, se redujo el número de miembros a 13. ¿La razón? Con 20 era “lento” y “burocrático”, arguyeron. En la nueva composición, siete miembros eran políticos. De estos, cinco eran oficialistas.

Ese desequilibrio comenzó a recibir fallos adversos en los tribunales inferiores y entonces, en 2013, durante la segunda presidencia de Cristina, se creó un Consejo de 19 miembros (en contra del argumento para sostener la reforma de 2006), pero ahora debían ser electos en los comicios nacionales, PASO mediante. En nombre de la “democratización de la Justicia”, hasta los magistrados debían hacer campaña proselitista y ser candidatos de los partidos políticos. La Corte, mediante el fallo “Rizzo”, declaró inconstitucional esa norma. Entonces se mantuvo el Consejo de 13 miembros. Hasta que en diciembre pasado esa reforma también fue fulminada.

Dos son las obsesiones “K” visibles en los cambios de 2006 y de 2013. La primera y más evidente es la colonización del Consejo. La segunda, y más solapada, es que la Corte Suprema no integre ese órgano determinante para el funcionamiento de la Justicia.

Por caso, el proyecto al cual el Senado le dio media sanción esta semana lleva de 13 a 17 el número de consejeros, pero mantiene fuera de la estructura al superior tribunal de la Nación.

Precisamente, este es el barro político que traba las negociaciones en la Cámara Baja. Inclusive, dentro de la bancada oficialista.

Los desencantos

Dos diputados nacionales por Tucumán que han escalado posiciones, respectivamente, en el oficialismo y en la oposición coinciden en que el proyecto remitido por la Cámara Alta tiene pocas chances de prosperar si no incluye a la Corte Suprema.

“Si fuese a haber sesión la semana próxima, ya la hubieran convocado y eso no pasó. Martínez invocó la necesidad de que la Corte otorgue una prórroga para evitar la parálisis. Pero, a mi criterio, es difícil que (el superior tribunal) acceda a dar más plazos si no hay indicios de que el oficialismo va a volverlo a incluir en el Consejo”, analizó el opositor.

El oficialista manifestó que en el Frente de Todos no ha sanado la fractura expuesta tras la votación dividida por el acuerdo con el FMI. “Los diputados ‘socios’ que tienen bloques provinciales, como los de Misiones y los de Neuquén, ya han dicho que no van a votar la media sanción del Senado así como está -revela el oficialista-. Y dentro de nuestro bloque, muchos de los 118 parlamentarios consideran que la Corte Suprema tiene que estar adentro del Consejo. Los que están en contra son los (oficialistas) porteños y bonaerenses, no los del interior. Así que está ganando adeptos la propuesta de Graciela Camaño de establecer una presidencia rotatoria, pero con el tribunal superior adentro”.

Si se lograse un consenso y se hicieran cambios al proyecto, esas modificaciones deben volver al Senado para ser debatidas. Todo lo cual nos deja más allá de las Pascuas. Y de los plazos judiciales.

La manda constitucional
Debe ser un órgano equilibrado en su representación

El Consejo de la Magistratura tiene a su cargo la selección de los jueces y la administración del Poder Judicial. Así lo determina el artículo 114 de la Constitución Nacional, a partir de la reforma de 1994. La Carta Magna ordena: “El Consejo será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal. Será integrado, asimismo, por otras personas del ámbito académico y científico, en el número y la forma que indique la ley”.