Por Nahuel Toledo
10 Abril 2022
MOVILIZACIÓN. Productores rurales volverán a manifestarse el próximo 23 de abril, en CABA.
Los productores agrícolas del Noroeste mantienen firme su reclamo contra los derechos de exportación y en las últimas horas tuvieron una buena noticia por parte de la Justicia Federal. El titular del juzgado Federal N° 2 de San Miguel de Tucumán, Fernando Poviña, hizo lugar a la acción declarativa de certeza que presentó la Asociación Civil de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (Apronor) para que el Poder Judicial determine si la continuidad de este impuesto se encuentra o no dentro del marco constitucional. “Al caerse las leyes de solidaridad social ya quedó en manos del Congreso nacional fijar los niveles de exportaciones, tal como lo determina el artículo 75 de la Constitución Nacional”, manifestó Roberto Palomo, vicepresidente de Apronor.
En diálogo con LA GACETA, el dirigente rural explicó que el Gobierno nacional había establecido un nuevo marco arancelario para el comercio de granos, a partir de facultades extraordinarias que el Congreso le había transferido. Pero, desde que la gestión de Alberto Fernández no obtuvo respaldo político para aprobar el presupuesto de este año -el proyecto proponía en el artículo 81 mantener esa atribución hasta el 31 de diciembre de 2024-, los ruralistas entienden que ese escenario quedó sin efecto. Esas facultades le habían permitido al Gobierno fijar las alícuotas con un tope de 33% para soja, 15% para trigo y maíz y 5% para el resto de las economías regionales. A mediados de marzo, el descontento de los productores incrementó a partir de que el Ejecutivo Nacional decidiera aumentar un 2% las retenciones para los subproductos de soja (harina y aceite).
A raíz de la decisión del magistrado, Palomo no ocultó su sorpresa y remarcó que esto significa que “la Justicia no le sacó el cuerpo al bulto”. “Esto nos abre la esperanza de que la Justicia pueda dictaminar a favor nuestro en el sentido de que no hay un soporte legal”, enfatizó el productor y detalló que si la Justicia avanza en esta línea, el Estado se vería obligado a devolver el dinero de las retenciones cobradas desde enero.
Menor rentabilidad
A partir de la nueva disposición nacional que llevó las retenciones del 31 al 33% para la harina y el aceite de soja, Palomo dijo que la situación empeoró porque la rentabilidad del productor se redujo notablemente por cada tonelada de soja. “El Estado se está quedando con un 70% de la renta agrícola”, dijo el dirigente de Apronor y detalló que la industria empezó a ofrecer 19 dólares menos al productor por 1.000 kilos de soja.
“El Gobierno está convencido de que el sector gana mucho dinero por los precios internacionales que tenemos, pero no considera la caída por la sequía y la heladas en la zona núcleo. Tampoco se considera que el sector, en todos estos años de malos precios vino poniendo la espalda y tratando de salir adelante. En este período, que los precios no fueron buenos, a nosotros se nos envejecieron las maquinarias y nos atrasamos en la tecnología. Incluso, este año fue difícil fertilizar por la falta de disponibilidad de fertilizantes y la duplicación en el precio de este producto”, expresó.
Para graficar la situación que atraviesan los productores, el directivo de Apronor indicó que en las provincias de Salta, Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca se esperan cosechas poco prósperas. “Cosecharemos un 40 o 50% menos de la media histórica. Los promedios serán bajos como consecuencia de todo este contexto”, afirmó.
Reclamo sin respuestas
Ante la insistencia de Nación con sus políticas referidas al sector y la imposibilidad de plantearle a las autoridades locales la realidad que atraviesan, las autoridades de Apronor decidieron plegarse a la marcha que se realizará el 23 de abril en la ciudad de Buenos Aires. Bajo la consigna #TodosConElCampo, productores plasmarán su rechazo a las políticas del Gobierno nacional.
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