La lenta agonía con las pirámides en San Javier

El sentido común dice que, siendo el parque Sierra de San Javier un patrimonio ambiental de los tucumanos, que administra la UNT, los reclamos de posesión como el del barrio privado “Las Pirámides” (que está dentro del predio del parque) deberían caer en saco roto y cuanto antes se debería volver a la normalidad. Pero no. En el operativo que se realizó el martes, por orden de la Cámara Federal de Apelaciones, se descubrió que no sólo no se estaban retrotrayendo las cosas a una etapa preconflicto, sino que de las 26 casas que había en el emprendimiento en 2019 ahora hay unas 15 más. Unas 40. Lo dijo Marcio Sosa, hijo del administrador del barrio privado, cuando reconoció que habían vendido unos 60 terrenos y que había unas 30 casas.

Es decir que aunque el sentido común diga que el parque es de la UNT y de los tucumanos y aunque esté interviniendo la Justicia Federal, las construcciones siguen adelante. ¿Qué pasará en el futuro? El abogado de la Universidad, Máximo Castro, es taxativo: la gente que está construyendo sus viviendas en ese paraíso, sostiene, va a atravesar una lenta agonía porque sus casas se terminarán demoliendo en algún momento, para que se restituya el bosque nativo.

Paraíso buscado

El asunto es complejo. Lo que está claro es que esta gran extensión de cerro, 14.000 hectáreas que abarcan la selva de yungas y el bosque chaqueño desde la Quebrada de Lules (un límite al sur está donde termina San Javier y empieza San Pablo, precisamente donde ese encuentra “Las Pirámides”) hasta Raco-Tapia al noroeste, Tafí Viejo al noreste y Yerba Buena al este (altura de la Primera Confitería). Es el cerro, ese lugar maravilloso al que van 3.000 senderistas por día y hacia el que hasta hace unos seis años estaban trepando las construcciones de modo alevoso, hasta que las detuvo el intendente de Yerba Buena, Mariano Campero.

Pero esa limitación, que se dio en Yerba Buena porque el crecimiento vertiginoso estaba llegando a la zona roja de urbanización (un poco más arriba del puente del río Muerto) no ha abarcado las otras circunscripciones administrativas y los barrios cerrados han proliferado hacia San Pablo y hasta en la parte del cerro de San Pablo (muy cerca de “Las Pirámides” hay un gran country). Bien señaló Benito Carlos Garzón (“El agua de San Javier y las inundaciones”, LA GACETA, 31/03): “Es un terreno que no debe ser sometido a desmontes ni a las construcciones de inmuebles, menos aun de barrios privados. Pero los municipios y comunas restantes no han dictado ordenanzas, ni existe una ley provincial que asegure que toda construcción por encima de cierto nivel está prohibida. Ni Tafí Viejo ni Lules dictaron normas similares a las de Yerba Buena”, reflexiona. Garzón advierte que la UNT no tiene elementos ni personal suficiente para controlar la depredación ambiental y que la Provincia debe tener injerencia. Hasta considera que “cabría la creación de una guardia rural con todos los elementos para controlar la integridad de la Sierra”.

Reserva de agua y de biodiversidad

En realidad, por suerte para el bosque tucumano, está ese parque, inicialmente llamado Parque Biológico, que va a cumplir 50 años el año que viene. Por suerte para el bosque en este sector no tiene emprendimientos madereros que lo desarmen como sí hay en otras partes tucumanas. Está protegido “de los umbrales que nos hemos fabricado artificialmente”, diría el poeta y ambientalista Nicolás Leiva, fallecido en 2013, que fue el primer director del Parque Biológico. Es el reservorio del agua y de la ecodiversidad en el Gran Tucumán. Es objeto de investigaciones ambientales y de programas para mantener la selva original –como el que están llevando a cabo para luchar contra la especie invasora del ligustro, que les quita sustento a los árboles nativos- y también es buscado por tramperos y cazadores de aves a los que los guardaparques tratan de mantener a raya. “Se trata de un terreno emblemático, es un terreno de la Universidad Nacional de Tucumán, por lo que los ‘ocupas’ no crean que esta propiedad no tiene dueños. Es una propiedad que pertenece a la UNT”, dijo el año pasado el rector, José García.

Ocupantes históricos

Es que la selva, además de ser codiciada por emprendimientos inmobiliarios, tiene ya ocupantes con los que debe lidiar la UNT, algunos de los cuales han venido desde tiempos anteriores a la misma universidad. Unos son las casi 200 familias que viven en el barrio que está abajo del CAPS de Horco Molle. Son descendientes de la gente que trabajaba en los cañaverales de los Frías Silva antes de la expropiación de tierras para la UNT en 1948. No los pueden expulsar pero la Universidad ha tratado de limitar su expansión familiar. Hace dos años fue demolida una vivienda precaria que había levantado una parejita junto al río Muerto y detrás del CAPS. También la UNT ha obtenido una sentencia favorable contra Carlos Medina, un ocupante que reclamaba posesión del terreno junto al CAPS.

Otro problema que parece en vías de solucionarse son las aproximadamente 2.500 hectáreas (la cifra no es precisa) en Tapia que pertenecieron a Viaña de Colombres Garmendia. Fueron compradas en 1948 pero como no había sucesión la UNT debió instar el juicio sucesorio y ahora, terminado ese procedimiento, se ha comenzado un juicio de escrituración, según contó el secretario de Bienestar Universitario, Gustavo Vitulli. Dentro de ese predio en Tapia hay unos terrenos ocupados por Carlos Torres, quien está en conflicto con la UNT y que hace cuatro años había permitido que pasaran por ese sector cañerías de agua para un barrio privado construido fuera del parque Sierra de San Javier. La UNT logró que la Justicia concediera un operativo para sacar esas cañerías.

Y al sur, sobre los terrenos comprados a la familia Paz Posse (sobre los que la UNT tiene registro de posesión desde 1953, según explicó Vitulli) se erigió el barrio privado “Las Pirámides”, cuya existencia se conoció en 2018, cuando se advirtió que se vendían terrenos en ese lugar por internet. Entonces la UNT, que había recibido denuncias de que había gente armada que expulsaba a senderistas que iban al cercano “Salto de la corzuela”, acudió a la Justicia.

El administrador de “Las Pirámides”, Próspero Marcelo Sosa, dice que su familia está en esa zona de San Javier desde comienzos del siglo pasado (relató que su padre fue el que introdujo el ligustro en el cerro) y que la UNT está instalada en el cerro sin sustento legal.

Sosa apoya su determinación de llevar a cabo el emprendimiento en que en 2008 fue sobreseido de la acusación por usurpación que le había hecho la UNT. Esa querella había caído porque la universidad no la había seguido en la Justicia. Con lógica sofística, Sosa dice que si lo sobreseyeron de la acusación de usurpador, nada impide que reclame posesión del predio ni que haga un loteo si quiere, que es lo que hizo.

El final que tarda en llegar

La UNT no discute. Vitulli expresa que la Universidad tiene la documentación que prueba su posesión y muestra que desde hace unos cinco años, cuando se creó la comisión de resguardo del (extenso) patrimonio de la universidad, se han ido organizando bien los papeles. Falta que la Justicia defina las medidas y llegue a un final.

Lo que se hizo el martes fue una inspección en una querella planteada por la UNT, que dijo que por drones se había descubierto que en el barrio se había seguido construyendo y depredando el bosque nativo, pese a la medida cautelar de 2019 que lo prohibía. ¿Fallará la Justicia a favor de Sosa o de la UNT? El abogado Castro insiste: en algún momento quienes están construyendo tendrán que abandonar todo. Para ellos, dice, “va a ser una lenta agonía que en algún momento se va a terminar”.