Acuerdo en el sector citrícola: el Gobierno debe garantizar la liberación de las rutas

Durante la semana que se despide se encendieron las alertas en el ámbito de un importante sector de la economía de Tucumán. El martes, cosecheros del limón y los choferes de los colectivos que suelen trasladar a aquellos a las fincas cortaron medio centenar de puntos clave: rutas y entradas a los empaques. Reclamaban un jornal superior a los $ 3.000.

Los bloqueos impidieron el acceso a las principales ciudades de la provincia, y afectaron a miles de trabajadores. Ante esta situación, los Gobiernos nacional y provincial activaron los resortes para contener rápidamente el conflicto. El gobernador -en uso de licencia mientas se desempeña como jefe de Gabinete-, Juan Manzur, pidió al ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni, que dicte la conciliación obligatoria, que fue acatada por la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) y por la Asociación Citrícola del Noroeste Argentino (Acnoa). En el plano local, el vicegobernador -a cargo del Poder Ejecutivo-, Osvaldo Jaldo, citó a empresarios y a gremialistas a la Casa de Gobierno y, en paralelo, acudió a la Justicia para garantizar que las rutas estén liberadas al día siguiente.

“La reunión fue productiva, con la intervención del Gobierno. Nos comprometimos a intentar acercar posiciones”, había dicho el presidente de Acnoa, Pablo Padilla, tras el mitin. Había explicado, además, que diversos temas estructurales afectan la rentabilidad del sector; entre otros, la provisión y el valor del gas, que no les da claridad para ver cómo avanza la campaña.

“Entendemos el reclamo de los trabajadores, por el nivel de inflación. Pero si vemos el retraso cambiario que sufren hoy las actividades exportadoras en la Argentina es muy difícil mantener la rentabilidad para poder establecer un nivel de salario. Y no digo que no sea justo y necesario para los trabajadores”, había precisado. Además, había recodado que la inflación superó el 50% el año pasado, y que la devaluación no llegó a un 30%: “ello implicó un aumento de costo mayor a un 25%, en dólares”. También había destacado las retenciones que sufren algunos productos de la agroindustria citrícola y el aumento del 100% en los fletes internacionales. “Queremos ser serios, y firmar cosas que podamos cumplir”, había dicho Padilla.

Finalmente, el jueves, Jaldo anunció en conferencia de prensa que los obreros y los empresarios habían alcanzado un acuerdo salarial: el aumento se pagará en dos partes; representa un 67% más de lo pautado el año pasado; el jornal pasará de $ 1.700 a $ 2.800 -retroactivo desde marzo- y llegará a los $ 3.000 desde julio.

No obstante la paz social que implica el acuerdo -ambas partes se comprometieron a que así sea, y que ante cualquier inconveniente todo se solucione por vía del diálogo-, al Gobierno le queda la tarea de mantener liberadas las rutas y los ingresos a los empaques. Se sabe, debido a lo que había ocurrido entre abril y mayo del año pasado, que un sector de trabajadores no responde a la dirigencia gremial. “El acuerdo tiene que ver con algo que no tiene precio: la paz social. Les pediría que nos esforcemos para hablar con los compañeros, no vaya a ser cosa que comiencen a aparecer grupitos autoconvoados. Al Gobierno no le temblará el pulso. Seguiremos con las Justicias Federal y provincial, pidiendo la libre circulación en las rutas”, había advertido Jaldo luego de la firma del acuerdo paritario.