06 Abril 2022
ALLANAMIENTO. En la camioneta hallaron sangre y ropa posiblemente de la víctima.
Tras dos semanas de investigación, la Fiscalía Federal 2 solicitó al juez Federal, Fernando Poviña, el procesamiento con prisión preventiva de las cinco personas detenidas por el secuestro extorsivo a un hombre de nacionalidad boliviana.
La unidad fiscal, subrogada por Agustín Chit, acusó tres hombres y dos mujeres de haber mantenido cautiva a su víctima y pedir dinero a cambio de su liberación del joven, quien sigue desaparecido.
De acuerdo a los datos de la causa, el miércoles 16 de marzo, la víctima viajó desde Bolivia hacia la Argentina por el paso internacional de Villazón- La Quiaca, con destino a Tucumán. El desaparecido habría arribado dos días después a tierras tucumanas: el viernes 18.
Esa noche, a través de dos líneas telefónicas prepagas y mediante mensajes vía WhatsApp, un grupo de personas comenzó a extorsionar a la pareja de la víctima y a su madre exigiéndoles U$S 50.000 a cambio de la liberación.
La pareja recibió mensajes de audio emitidos por los captores, fotografías y videos en los que se veía al hombre retenido y “ocultado en una vivienda en construcción, visiblemente herido y atado de pies y manos”. Los captores continuaron realizando comunicaciones de índole extorsivas al entorno familiar.
Durante todo ese tiempo, los sospechosos requirieron a la familia que abonaran el dinero a través de la compañía Western Union a nombre de dos personas de iniciales GED y PDC. Sin embargo, el pago no fue concretado y la víctima aún no fue encontrada.
Los representantes del MPF solicitaron el dictado de la prisión preventiva de las personas imputadas no solo por la gravedad de los hechos, sino por cómo fueron llevados a cabo, empleando una violencia significativa sobre la integridad física de la víctima aún desaparecida.
OPERATIVO. Detenciones de los sospechosos en Las Talitas.
Al mismo tiempo, en el momento de las detenciones producto de la investigación, una mujer involucrada en el caso de iniciales MAA tenía consigo cinco cápsulas con clorhidrato de cocaína por un peso de treinta y ocho gramos. La mujer descartó el material al notar la presencia en la zona de personal policial e intentó darse a la fuga, pero fue detenida antes de que pudiera escaparse.
El inicio de la investigación
La familia de la víctima cruzó luego la frontera desde Cochabamba y denunció el hecho ante la División Unidad Operativa Federal La Quiaca de la Policía Federal Argentina (PFA). Ahí, entregó los mensajes de texto y de audio como también los videos donde podía verse al hombre “cautivo y visiblemente herido”. También se tomó nota que los dos abonados prepagos desde donde contactaron a la familia tenían característica de la provincia de Tucumán, así que la primera línea investigativa fue la de identificar a los portadores de las líneas telefónicas como a los titulares de las cuentas en Western Union, a través del entrecruzamiento de datos y el análisis de redes sociales.
El seguimiento de las líneas que intercambiaron llamadas y mensajes con los teléfonos prepagos permitió identificar a una mujer de iniciales DDA, cuyo nombre fue mencionado por la pareja de la víctima en varios de los llamados que mantuvo con los captores, ya que ella era una de las encargadas de extorsionar y amenazar a la familia.
TAREAS. Búsqueda de la víctima.
Las tareas llevadas a cabo por el Departamento Antisecuestros Norte de la Policía Federal y el Departamento de Inteligencia de la Policía de Tucumán permitieron inferir que varios de los acusados pertenecían a un mismo grupo familiar y que estaban ligados al secuestro ya que, al menos durante el hecho, tenían en su poder los equipos celulares a través de las cuales se realizaron las extorsiones, como también un vínculo directo con uno de los titulares de las cuentas donde se exigió a los familiares de las víctimas depositar el pago del rescate.
Entre el miércoles 23 y jueves 24 se realizó una serie de allanamientos en Las Talitas y en la capital. Una de las viviendas identificadas era ocupada por tres de los acusados. Allí se secuestró un teléfono celular en el que se había traficado una de las líneas utilizadas para canalizar las extorsiones. Además, los pisos del comedor de esa casa eran idénticos a los que se habían visualizado en una de las fotografías remitidas por los autores del hecho y se observaba a la víctima notablemente herida. En la puerta del domicilio también se halló una camioneta Ford Ecosport; en su interior se registraron manchas de sangre y una campera, también ensangrentada.
“Cada uno de los nombrados actuó de manera coordinada realizando su aporte esencial a fin de privar ilegalmente de la libertad a la víctima con el fin de obtener un rescate dinerario, a cambio de su liberación”, indicó la fiscalía.
El cautiverio
Durante el operativo, que contó con la participación de distintas divisiones de la Policía provincial, y a partir de nueva información, se pudo determinar que el lugar de cautiverio de la víctima era una casa en construcción cercana a la propiedad de las personas acusadas. En ese punto se encontró un látigo de idénticas características al que los secuestradores usaron para torturar a la víctima; mientras que en otro de los domicilios requisados se detuvo a JJA, partícipe del secuestro y quien tenía las prendas de la víctima y un taladro eléctrico idéntico (modelo y color). Al parecer, los secuestradores utilizaban estos elementos para amedrentar a la víctima cautiva en los videos extorsivos.
Chit y el auxiliar fiscal de la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos (Ufese), Pedro Rebollo, solicitaron que los cinco imputados sean procesados como coautores penalmente responsables del delito de secuestro extorsivo, agravado por la participación en el hecho de tres o más personas. La persona identificada como MAA deberá hacerlo también por tenencia simple de material estupefaciente.
Los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) pidieron a la vez que sus detenciones se conviertan en prisión preventiva, no solo por la gravedad de los hechos, sino por cómo fueron llevados a cabo, empleando una violencia significativa sobre la integridad física de la víctima, quien hasta el día de la fecha no ha sido hallada con vida.
MEDIDAS JUDICIALES. Rastrillaje de las fuerzas de seguridad provincial y nacional.
La fiscalía y la Ufese coincidieron en que, dadas las características de las maniobras investigadas y la pluralidad de personas involucradas, entre las cuales se encuentran personas aún no identificadas o prófugas, es posible presumir que la libertad de los acusados podría hacer peligrar el éxito de la investigación, según consignó el sitio Fiscales.gob.ar.
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