Caso Verón: así lograron desarticular la red de trata

La investigación de la desaparición de María de los Ángeles “Marita” Verón era un laberinto al que se podía ingresar fácilmente, pero en el que resultaba imposible encontrar una salida. Sólo con la ayuda de terceros los investigadores lograron esquivar todos los obstáculos que se presentaban. Y fueron las víctimas de las redes y de terceros afectados por esa organización quienes aportaron esa luz para que supiera parte de la verdad del caso, ya que se demostró que Marita fue llevada a la fuerza a La Rioja donde fue explotada sexualmente, pero de su paradero no se supo nada más.

Tampoco fue sencillo sumar los indicios suficientes para descubrir los eslabones de esta cadena de explotación sexual y de muerte. Una vez que se fortaleció la línea riojana, con el correr de las semanas, los investigadores descubrieron que la organización contaba con el apoyo de la Policía y de la Justicia de esa provincia. Y hubo dos hechos que demostraron esta situación. En noviembre de 2002 el juez Víctor Manuel Pérez aceptó el pedido que le hizo la fiscala Joaquina Vermal de realizar 17 allanamientos en esa provincia para tratar de encontrar a la joven y detener a los miembros de la organización que la había secuestrado. La comisión llegó un sábado a las 9 con toda la documentación para que un juez de esa provincia los autorizara a realizar el procedimiento.

Como no estaba en su despacho, el juez Daniel Enrique Mercado les pidió a los tucumanos que se presentaran en su casa. Llegaron, le mostraron toda la documentación y les dijo que volvieran a su puesto de trabajo para que su secretario, Víctor Herrera, terminara de hacer todos los trámites y, una vez que lo hicieran, le avisaran para que él los firmara. Cerca de las 12 terminaron todo y, sin éxito, trataron de ubicarlo. Sólo a las 15 los atendió y estampó su rúbrica. Los resultados fueron obvios: no encontraron a Marita y tampoco pudieron detener a ninguno de los acusados. El magistrado fue destituido años después porque se sospechó que estaba vinculado a los grupos que explotaban la prostitución en esa provincia y posteriormente afrontó un grave proceso penal.

Las complicaciones que tenían los investigadores tucumanos para trabajar en La Rioja, con el paso del tiempo, fueron cada vez más evidentes. El actual jefe de Policía, Julio Fernández, pasó gran parte de su carrera investigando la desaparición de Verón y siendo el histórico jefe de la división Trata de Personas. Su antecesor, Manuel Bernachi, también tuvo ese destino en una parte de su carrera, lo que habla a las claras de la importancia de esa repartición de la fuerza que justamente fue creada por un pedido expreso de Susana Trimarco al ex gobernador José Alperovich. Y la Policía tucumana fue la primera fuerza del país que tuvo una unidad de estas características.

Una de las anécdotas que siempre les contó Fernández a sus compañeros es que descubrieron que cada vez que ingresaban a esa provincia a buscar a Marita se emitía una alerta por la frecuencia radial de la fuerza riojana. “Se habían dado cuenta de que cuando pasaban por un control caminero, donde debían identificarse, no tenían buenos resultados. Si llegaban sin que nadie los detectara, siempre sumaban algo”, señaló uno de los comisarios en actividad que escuchó su relato. Y había más: los jueces riojanos, especialmente Mercado, no permitían a los tucumanos actuar solos, sino que los obligaba a realizar las medidas con los uniformados riojanos de la jurisdicción donde se encontraban los prostíbulos.

El primer paso

A fines de octubre de 2002, en lo que se supone fue un hecho fortuito, fue detenido por un incidente callejero el policía riojano Domingo Pascual Andrada. Se peleó con otro hombre; los policías que acudieron a frenar el incidente le encontraron un revólver y comprobantes de giros postales con el nombre de las personas que estaban siendo investigadas por ser propietarios o administradores de centros de explotación sexual en La Rioja.

El contrincante del uniformado (que había sido separado de la fuerza por haber abandonado el servicio) contó una historia bastante particular cuando declaró ante el ex fiscal Gustavo Estofán. Dijo que él lo había interceptado en la calle porque quería saber dónde estaba su pareja, mujer que periódicamente -o cuando la necesidad era muy grande- le pedía que la ubicara en alguna whiskería de Catamarca o de La Rioja. También declaró que hacía lo mismo con una vecina de San Cayetano.

La versión del hombre fue confirmada por tres jóvenes que en algún momento trabajaron en los locales que tenían la organización en La Rioja. Érica, María de los Ríos y Roxana Corpus -sus verdaderos nombres se mantienen en reserva- declararon que conocían a Andrada porque las llevaba a ejercer la prostitución a los locales Desafío, Candilejas y Candy, que eran de propiedad de una señora “Liliana”. Según sus relatos, estaban 20 días, reunían una suma de dinero y regresaban a Tucumán. Desmintieron haber sido obligadas a estar contra su voluntad, pero una de ellas relató un incidente en el que se vio involucrada que tiró por tierra esa versión (será tema de una próxima entrega). Además, dijeron haber oído una historia sobre Marita. “Se decía que estaba en el Candilejas y siempre escuchamos que las chicas que entraban a ese lugar no salían más”, señaló otra.

Andrada negó que él haya tenido algo que ver con la desaparición de Marita. Él dijo que sí era cierto que se dedicaba a contactar chicas tucumanas para entregarlas a las redes de explotación sexual. También desmintió que haya sido un mal policía, sino que se encontraba en disponibilidad por haber llegado tarde en una oportunidad y por haberse presentado al servicio en estado de ebriedad.

El ocultamiento

Fátima era una adolescente de 17 años que había sido contratada como niñera en una casa de barrio común de Yerba Buena. Trabajó allí dos fines de semana. Su patrona le ofreció trabajar como “copera” en Río Gallegos. Ella ni siquiera sabía de qué se trataba. Cuando le explicaron, decidió no volver más. La arrancaron a la fuerza de un barrio del sur de la capital en mayo de 2002 y la llevaron a la casa donde ella había trabajado. La drogaron y la encerraron en una habitación en la que había otra joven. Nunca dudó y lo repitió hasta el cansancio cada vez que se lo preguntaron: esa chica, que estaba igual o en peor estado que ella, era Marita. Eso sí, también relató que la fecha en la que la vio fue a fines de mayo, lo que no coincidía con la declaración de otras testigos que ubicaban a la joven en La Rioja.

Vermal solicitó la detención de la jefa de la adolescente Alejandra Milhein y la de su pareja, Alejandro González. A ambos los acusó de haber retenido a la joven hasta que después la vendieron por $2.500 a uno de los riojanos que se dedicaban a la explotación sexual de mujeres en esa provincia. En el allanamiento que se realizaron en una de sus casas de Yerba Buena, ciudad donde los afiches que había pegado su compañera Luciana Blanco habían sido arrancados, encontraron fotos de una pariente en lo que se suponía era un prostíbulo de Santa Cruz. La versión de la adolescente se fortaleció muchísimo. Otro dato que sorprendió a muchos: la mujer detenida era ex pareja de Rubén “La Chancha” Ale, con quien tuvo una hija.

El traslado también quedó más o menos determinado. Se llegó a la conclusión de que había sido Andrada el que se la llevó. Pero se sabía que no lo había hecho solo, sino que contó con la colaboración de una o más personas a las que nunca se pudo identificar. Las testigos señalaron que una tal “Yanet” o “Pety” y su madre “Sonia”, ambas con domicilio en Villa 9 de Julio, eran las encargadas de trasladar a las víctimas en un Trafic blanca hasta los centros de explotación sexual. Las mujeres fueron detenidas, pero con el paso del tiempo y la falta de evidencias terminaron siendo desvinculadas de las causas.

La cadena

Lo más intrincado del caso era entender realmente cómo era el negocio ilegal en La Rioja. Era una red llena de nombres que se extendía a lo largo de la ruta 38. Después de mucho tiempo comenzó a sospecharse que era una organización delictiva de tinte familiar. Una mujer estaba al frente del negocio, sus dos hijos la secundaban y además, se encargaban de regentear las llamadas whiskerías.

Lidia Irma Medina aparecía como la gran líder. La mujer que también vendió su cuerpo a cambio de dinero hasta que pudo independizarse y montar sus propios locales. Sus hijos mellizos José “Chenga” y Gonzalo Gómez tenían sus propias whiskerías y eran muy respetados y temidos por ser los representantes de la jefa del grupo. Había otras dos mujeres que también tenían un papel preponderante en la organización. Mariana Bustos, esposa de “Chenga”, y Azucena Márquez, hija de crianza de Medina.

Además, en la acusación también aparecían Carlos Luna, que le alquilaba uno de los locales a Medina, y su pareja Cinthia Gaitán, que administraba el local. También fue imputado Humberto Derobertis, que trabajaba para la organización y además era la mano derecha de “Chenga”.

Todos terminaron detrás de un calabozo. Algunos fueron detenidos más rápido que otros. Derobertis, por ejemplo, cayó en Catamarca en una situación bastante particular, como le pasó a Andrada que, por un incidente callejero, no sólo quedó vinculado a la causa, sino que ayudó a armar las piezas de un rompecabezas de nombres y funciones que eran muy difíciles de colocar.

Pero la situación más particular fue la de Gonzalo Gómez. Lo trajeron detenido desde La Rioja pensando que se trataba de su hermano “Chenga”. Su defensor -hoy camarista-, Roberto Flores, presentó un hábeas corpus correctivo, que fue aceptado por un juez de instrucción, que ordenó que fuese dejado en libertad. Pero semanas después volvió a ser arrestado, pero en esa oportunidad con pruebas de que él también se dedicaba a la explotación sexual de mujeres.

Los acusados de privar de la libertad y por corrupción en contra de Marita negaron siempre estar vinculados a su desaparición. Las desmentidas siempre fueron su estrategia defensiva. Los que reconocieron tener las llamadas whiskerías, negaron que a las mujeres se las retuviera por la fuerza. Todos declararon que nunca en su vida habían visto a la joven tucumana.

Pero fueron los hermanos Gómez los que presentaron una versión diferente. Señalaron que su madre, para poder alimentarlos, se vio obligada a ejercer la prostitución y, con el dinero de su trabajo, fue logrando cierta estabilidad que generó envidia y resentimiento.

Más allá de sus dichos exculpatorios, la fiscala Vermal armó su teoría. Milhein y González fueron las que recibieron a Marita. Ellas la vendieron a “Chenga” Gómez por $2.500; Andrada y Rigobertis fueron los que la llevaron a la fuerza para que la explotaran sexualmente en los prostíbulos de todos los otros mencionados en la causa. Pero en ese eslabón faltaba un elemento. Un dato clave. ¿Quién o quiénes la habían secuestrado? Los dedos acusadores señalaban al entorno de “La Chancha” Ale. Se abría así una de las facetas más polémicas del caso.