Por Irene Benito
05 Abril 2022
Mientras siga en el Kremlin, Putin tendrá un blindaje por los crímenes de guerra
La Fiscalía ante la Corte Penal Internacional abrió una investigación por las denuncias de posibles delitos contra la humanidad cometidos en Ucrania, pero Rusia desconoce a ese tribunal. Un cambio en el orden político doméstico o un viaje al exterior podrían modificar la suerte del autócrata Putin, y dar pie a sus eventuales detención y condena.
MATANZA. Líderes mundiales y las Naciones Unidas para los Derechos Humanos exigen una investigación.
Un número creciente de voces, incluidas la del presidente estadounidense Joe Biden y la de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, reclaman una investigación rápida y efectiva de la matanza de ciudadanos adjudicada a las fuerzas del autócrata Vladimir Putin en ciudades ucranianas que aquellas habían ocupado durante la invasión. “Son crímenes de guerra”, reiteró ayer Biden. “Es de vital importancia que se lleven a cabo todos los esfuerzos necesarios para esclarecer de manera independiente lo sucedido en Bucha (40 kilómetros al noroeste de Kiev) a los fines de garantizar la verdad, la justicia y la responsabilidad penal, y reparar a las víctimas y a sus familiares”, dijo Bachelet este lunes. Pero el estado de la llamada jurisdicción penal universal no garantiza que ello vaya a suceder, por lo menos no mientras Putin mande en el Kremlin y permanezca físicamente en Rusia.
No es que no haya voluntad para investigar: lo que falta es volumen político. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional con sede en La Haya (Holanda) anunció que iba a pedir permiso para iniciar una pesquisa en Ucrania el 28 de febrero, cuatro días después del inicio de la guerra. El 2 de marzo, el fiscal Kharim Khan manifestó que 39 Estados signatarios del Estatuto de Roma habían radicado denuncias contra la conducta del Ejército y de los jerarcas rusos, lo que lo habilitaba para avanzar. Khan incluso viajó al territorio y se entrevistó con las autoridades ucranianas, entre ellas el presidente Volodimir Zelenski, y luego informó que Macedonia y Japón se habían sumado al grupo de los denunciantes, que ya acumulaba 41. “Esta movilización no tiene precedentes”, afirmó el fiscal.
La investigación de Khan procura corroborar o descartar las denuncias, y es el punto de partida para un procedimiento que podría concluir, en función de la magnitud de los actos ilícitos probados, con penas de prisión de por vida. Dado que Rusia está entre los países -también China y los Estados Unidos- que desconocen a la Corte (por no haber ratificado el Estatuto de Roma), la posibilidad de que haya una sentencia condenatoria y de que las masacres no queden impunes está supeditada hasta nuevo aviso a cuestiones que dependen de la fortaleza o del destino de los acusados.
El tribunal de La Haya juzga a individuos responsables de los delitos más graves desde el punto de vista de la comunidad internacional: genocidios, y crímenes de lesa humanidad, de guerra y de agresión. Su función es impedir que los enfrentamientos armados sean un “vale todo”. Los ataques deben situarse dentro de los límites impuestos en las Convenciones de Ginebra, que Rusia sí se comprometió a cumplir durante la etapa de la Unión Soviética.
Desde que comenzó a funcionar, en 2002, la Corte analizó más de 30 casos, la mayoría contra líderes máximos de regímenes autoritarios. En el presente, la Corte mantiene órdenes de búsqueda y captura en la Interpol (Organización Internacional de Policía Criminal) respecto de 12 acusados prófugos, entre ellos el dictador sudanés Omar Hassan Ahmad Al Bashir, que podrían ser privados de la libertad si son identificados mientras transitan por alguno de los 123 Estados partes del Estatuto de Roma.
Para Putin, y siempre y cuando la Fiscalía considere que aquel debe responder por las transgresiones al derecho internacional humanitario que constate en Ucrania, una eventual orden de prisión preventiva -para evitar la obstaculización de la pesquisa y prevenir daños mayores- sólo tendría como efecto el recluirlo más en el Kremlin. Esto implicaría una profundización de su aislamiento: en teoría bastaría con que el autócrata colocara un pie en un país signatario del Estatuto de Roma, ni siquiera con motivo de un aterrizaje forzoso, para que pierda la libertad. En esas condiciones, Putin no podría acudir a acontecimientos internacionales ni, por ejemplo, visitar a sus aliados de Venezuela, Estado que sí firmó el acuerdo relativo a la Corte.
La emisión de una posible orden de búsqueda y captura tampoco luce probable en el corto plazo.
Tiene que haber dolo
El caso de Omar Hassan Ahmad Al Bashir ilustra sobre los plazos. Los sucesos investigados en Sudán se remontan a 2003 mientras que la Corte dio el visto bueno a la primera orden de arresto en 2009. El déspota sudanés enfrenta cargos por homicidio; exterminio; tortura; violación; traslados forzosos; ataques intencionalmente dirigidos a civiles que no intervenían en las hostilidades; pillaje y genocidio.
En cuanto a los abusos reportados en Ucrania, la Fiscalía primero ha de cumplir una serie de trámites y reunir un número relevante de evidencias que no sólo acrediten los hechos ilícitos, sino que también conecten a aquellos con Putin de un modo irrefutable. El Estatuto de Roma exige que haya dolo. Al respecto, el artículo 30 establece que una persona será penalmente responsable, y podrá ser penada por un crimen de la competencia de la Corte sólo si tuvo intención y conocimiento de su materialidad, es decir, si se propuso incurrir en una conducta ilícita o causar la consecuencia dañosa, o fue consciente del resultado que iba a producir el curso normal de los acontecimientos. Esta intencionalidad no es fácil de probar cuando hay cooperación y transparencia de parte del Estado ligado a la investigación, mucho menos cuando la Fiscalía carece por completo de acceso a la información.
Las barreras para imputar y sentar en el banquillo a Putin, cuyo partido, Rusia Unida, tiene el control total sobre el Estado ruso, podrían ceder si aquel perdiera el poder. Dicha hipótesis supondría que quien lo suceda la presidencia, con el interés de restablecer relaciones con el mundo o de neutralizar a su antecesor, colabore con la labor investigativa, y ponga al autócrata, y a los restantes funcionarios y militares que pergeñaron la invasión a Ucrania a disposición de la Corte. Son conjeturas que hoy parecen alejadas de la realidad y que por el momento sólo generan incentivos para que Putin retenga el blindaje del Kremlin hasta la muerte.
Táctica: se espera un despliegue ruso en el este de Ucrania
Rusia probablemente planea “desplegar decenas de miles de soldados” en el este de Ucrania mientras cambia su enfoque hacia el sur y el este del país, dijo el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan. “Creemos que Rusia está revisando sus objetivos de guerra” para centrarse en este y partes del sur de Ucrania, en vez de dirigirse a la mayor parte del territorio. Sullivan también afirmó que el gobierno de Joe Biden anunciará una nueva ayuda militar para Ucrania y subrayó que están discutiendo con sus aliados europeos una nueva ronda de sanciones contra la energía rusa. Biden acusó a Putin de crímenes de guerra y pidió un juicio, sumándose a la protesta mundial por la matanza de civiles en la ciudad de Bucha, a medida que se conocen las imágenes. (Reuters)
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