04 Abril 2022
Sebastián Murga.
El cruce por los delitos rurales entre el gobernador interino, Osvaldo Jaldo, y el presidente de la Sociedad Rural de Tucumán, Sebastián Murga, tuvo hoy un nuevo capítulo. El dirigente agropecuario ratificó esta mañana que “no hay repuesta” del Gobierno ante la inseguridad en los campos.
“El delito rural no es ajeno a lo que pasa en toda la provincia”, enfatizó el ruralista al conocer las declaraciones del vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo (PE).
“En Tucumán nadie tiene coronita. En el Gobierno dejamos todo nuestro esfuerzo por proteger a todos los tucumanos, no solo a un sector. En contraste, no escuché que Murga dijera nada del guardiacárcel Luis Ramón Cáceres (lo asesinaron el 28 de marzo en El Colmenar para robarle la moto), ni tampoco del policía federal tucumano Giuliano Edgardo Tierro (lo asesinaron en Buenos Aires el 30 de marzo cuando intentaba comprar un teléfono). Nada dijo ni de ellos ni de los muchos servidores públicos que dieron su vida por la seguridad de los tucumanos. Pareciera que el titular de la Sociedad Rural de Tucumán cree que él pertenece a una suerte de casta especial”, había dicho Jaldo.
Murga respondió que “hemos hecho, hacemos y seguiremos haciendo gestiones ante los responsables, sin embargo, el delito rural, lejos de tranquilizarse o amainar un poco, se agrava más cada día”.
“No creo que pertenezco a una casta especial, para nada. La gente está esperando del Gobernador respuestas generales y no ese tipo de afirmaciones que siguen lastimando lo que se trata de hacer. Muchas veces hemos declarado que no solo queremos reclamar, sino también proponer, y así lo estamos haciendo. Por eso, mantuvimos reuniones con el presidente de la Corte (Suprema de Justicia provincial), con el Ministerio Público Fiscal, con asesores. Además, nos juntamos con el jefe de Policía y el secretario de Seguridad. Constantemente trabajamos con esto, pero las respuestas no están”, señaló en una entrevista con “BUEN DÍA”, el noticiero de LG Play.
El dirigente y referente del partido político CREO hizo hincapié en que “es un problema de los poderes Judicial y Legislativo, además del Ejecutivo”. “Necesitamos que las penas sean más severas, que las condenas sean firmes, que se terminen los jueces garantistas y se estudie la complejidad de la inseguridad rural”, añadió, entre otras referencias.
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