La decisión del gobernador Osvaldo Jaldo de suspender las carreras cuadreras en el interior tucumano golpea la economía que genera en distintos pueblos esa tradicional competencia hípica. Es lo que aseguran los protagonistas de esta práctica en la que se mezclan el azar y la pasión por los equinos. En Monteagudo, Atahona, Leales, Villa de Chicligasta y Aco (Santiago del Estero), las cuadreras forman parte de la tradición popular e involucran a cientos de personas incorporadas al andamiaje de este circo en el que la apuesta genera la adrenalina que exalta a los “burreros”.
La atracción fue creciendo con el paso de los años: antes se corría solo los domingos y últimamente lo hacían también viernes, sábado y lunes. El pasado fin de semana se realizó la última competencia. Jockeys, herreros, vareadores (los que mantienen y cuidan a los animales), peones y hasta veterinarios son los responsables de garantizar el espectáculo. Algunos tienen oficios heredados de sus abuelos. “Monto desde los nueve años. Ahora tengo 24. Lo de montar lo aprendí de mi padre que también corría y siempre me sirvió para ayudar a la economía de la casa. Me pagan un 20% de la base por la que se corre. En la que venía participando siempre oscilaba entre $50.000 a $100.000. Esto me representaba un gran alivio al bolsillo porque corría hasta tres competencias”, contó el jockey Agustín Quinteros, de Monteagudo. Ahora, como en los tiempos de la pandemia, ese beneficio desapareció.
“Es un duro golpe a nuestra economía que se suspenda esta actividad. No solo para mí, sino además para los casi 80 jockeys que hay en la zona y la otra gente que vive de esto”, agregó el joven. También se ven afectados -advirtió- los que venden alimentos, quesos y dulces en las canchas. “Son familias humildes que se ganan sus pesos cada fin de semana” apuntó. Las cuadreras oficiales pagan impuestos y los trámites de autorización son sobremanera burocráticos, advierten en la zona. “Las diligencias comenzaban en la comuna. Después había que ir al Juzgado de Paz y de ahí se pasaba a la Policía. El trámite continuaba en la Secretaría de Deportes. Con el decreto de autorización se tenía que pasar finalmente al hipódromo en el que nos confirmaban las carreras para los días en que no había actividad en ese lugar. Si estaba programada alguna, nosotros no podíamos organizar carreras”, explicó Alberto “Pequelo” Zelarayán, del paraje Arroyo Atahona.
Zelarayán tenía un campo de carreras que cerró hace varios años. “Abandoné por razones particulares. Es algo que extraño por el movimiento de gente y de dinero que generaba cada día de competencia. Llegaban corredores y apostadores de otras provincias. En esto, y como en todo juego de azar, hay quienes ganan y otros pierden”, apuntó.
En los tiempos en que “Pequelo” tenía su cancha hípica una entrada solía costar $200. Últimamente en las distintas que hay en el sudeste se abonaba hasta $1.500. El premio al caballo ganador surgía de un porcentaje de la entrada y el encargado de controlar las competencia era designado por el Juez de Paz.
Aunque para todas las canchas hípicas la autorización era solo para una carrera, generalmente se corrían hasta cinco. Esta era una de las irregularidades que se daban cuando se ausentaba la autoridad.
Otros ingresos
Esta práctica hípica también tenía en su escenario otros ingredientes extras: los juegos de cartas y de taba. Es lo que revelan vecinos que solían concurrir a ver o apostar. “Algunos se amanecían jugando”, revelan. Los montos por apuestas en las carreras cada fin de semana alcanzaban cifras incalculables. “A nivel doméstico en una carrera se puede llegar a apostar $100.000. Es decir que por fin de semana se ponía en juego un poco más de un millón de pesos. Pero con frecuencia llegaban apostadores de afuera con mucho dinero. Y entonces la base se iba a las nubes”, contó Juan Díaz, un vecino de Monteagudo. “Por eso -advirtió- mientras algunos salían empobrecidos, otros millonarios”.
Apostar y ganar bastante dinero en la zona, siempre representó un gran riesgo por la escasa seguridad. Díaz puso de ejemplo el caso de las familias de Salta y Buenos Aires que fueron asaltadas hace una semana en una casa de San Miguel de Tucumán luego de ganar $20 millones en una cuadrera que se realizó en Atahona. Según Díaz, este hecho fue el detonante de la medida de suspender la actividad dispuesta por el gobernador Jaldo. Al justificar el primer mandatario la resolución, sostuvo: “no estamos en contra de las carreras cuadreras, pero sí de cómo se las realiza de manera muy informal. Y nos preocupan porque no hay seguridad para los organizadores ni para los espectadores ni animales”.
Al borde de la ilegalidad
Deberán aumentar los controles
El comisionado comunal de Monteagudo, Alberto Elías, confesó su preocupación ante el impacto negativo que ocasiona en la economía de la zona la suspensión de las carreras cuadreras.
“La hípica es algo que forma parte de la tradición de los pueblos del sudeste tucumano. Y hay mucha gente que directa o indirectamente vive de esta actividad. Pero la necesidad de regularla y de instalar más seguridad es una realidad”, sostuvo.
“La mayoría había comenzado a levantar cabeza luego de la inactividad a la que obligó la pandemia. Y ahora lamentablemente volvemos a la parálisis por una cuestión que tiene que ver con la seguridad. Habrá que hacer controles” apuntó.