El desafío de satisfacer las expectativas

En un país en crisis, con elevada inflación y altos niveles de desocupación, es clave que las gestiones gubernamentales implementen políticas para atenuar los efectos sociales de ese contexto complejo. En ese marco, que se aumente el gasto público con la creación de nuevas estructuras estatales no parece ser una acción destinada a generar confianza en la gestión política. Del Gobierno se esperan aciertos a través de planes cuya ejecución provoquen mejoras en la sociedad, por lo que todo proyecto nuevo se analiza al detalle, tal como sucede con la reestructuración que se impulsa desde el Poder Ejecutivo con la creación de un nuevo ministerio: Obras y Servicios Públicos.

Entre las funciones de este nuevo organismo figura la creación de puestos de trabajo, la promoción de la inclusión social y la igualdad en el acceso a los servicios públicos por parte de la ciudadanía; aspectos destinados precisamente a atenuar la situación social, por lo que cabe esperar que la iniciativa tenga éxito. El propio gobernador en ejercicio del PE, Osvaldo Jaldo, confesó que espera que esta nueva cartera asuma un protagonismo clave en su gestión, ya que se le asignó la administración de $ 100.000 millones para este año. Hasta el momento se conoce quién estará al frente del Ministerio: Fabián Soria; se sabe de algunos detalles de la estructura y los objetivos perseguidos.

Si bien no se pueden dejar de lado los intereses políticos que motivan esta propuesta institucional, cabe esperar que los resultados favorezcan a los tucumanos que no tienen trabajo, que sirva para multiplicar la oferta laboral y que signifique un salto de calidad gubernamental, en función de que hubo un movimiento de estructuras en el organigrama funcional del Ejecutivo. Se han realizado cambios, eliminación de subsecretarías y reacomodamientos jerárquicos y de dependencia funcional. Se establecieron modificaciones en las competencias de los ministerios de Economía, de Seguridad, de Desarrollo Productivo y de la Secretaría General de la Gobernación. Las funciones asignadas a la nueva cartera son ambiciosas: entender en la determinación de los objetivos y políticas de Obras y Servicios Públicos, en la formulación, elaboración y ejecución de los planes, programas y proyectos relacionados con la materia de su competencia, que cuenten con financiamiento provincial, nacional o internacional y en la elaboración de las políticas y de las normas de regulación de los servicios públicos.

Además, deberá definir los lineamientos estratégicos para implementar y difundir las políticas, planes, programas y proyectos de Obras y Servicios Públicos y entender en todo lo concerniente a los servicios públicos de transporte terrestre de pasajeros y de carga, así como de la seguridad vial en el ámbito provincial, su planificación, regulación y contralor. Tendrá facultades de contralor respecto de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y habilitaciones de los servicios públicos, en el ámbito de su competencia, asegurando que los mismos se presten con continuidad, regularidad, accesibilidad, igualdad, seguridad y calidad y coordinará las actividades del ministerio de Obras y Servicios Públicos y la ejecución de las obras públicas necesarias para la protección civil de los habitantes, entre otras numerosas potestades. La actual administración ha puesto especial atención en esta nueva estructura, se ha preocupado por dotarla de funciones y de un organigrama para desarrollar sus planes.

Ha generado expectativas, sólo cabe esperar que este nuevo organismo no sea otra estructura que sume gestos al Estado y cuyos resultados no se compadezcan con la inversión realizada.