31 Marzo 2022
COMUNA DE EL MOLLAR. El Tribunal de Cuentas planteó una denuncia penal. Foto ilustrativa / Google Fotos
El Tribunal de Cuentas (TC) de Tucumán resolvió efectuar una denuncia formal ante los tribunales penales, luego de detectar facturas presuntamente apócrifas durante un proceso de comprobación sumaria efectuado en la comuna de El Mollar.
En el acuerdo 1.156, dictado este lunes, el ente de contralor del erario provincial apuntó que se han constatado supuestas anomalías similares en otras administraciones locales, y advirtió sobre la posibilidad de que no se trate de "un mero hecho aislado", sino de "reiteradas maniobra dolosas llevadas a cabo en fraude al Estado provincial".
Por este caso concreto, el TC resolvió iniciar un juicio de responsabilidad en contra del ex comisionado comunal de El Mollar, Jorge Américo Cruz; y de la ex secretaria habilitada, Vera Lucía Olarte Medina, debido a "las falencias contables y administrativas detectadas con respecto a la rendición de cuentas (...) correspondiente al sexto bimestre de 2017 dela comuna rural de El Mollar".
Además, se advirtió que el trámite podría hacerse extensivo a otros posibles responsables.
Con la apertura de esta instancia, los ex funcionarios tendrán su oportunidad de ejercer su derecho a defensa y a ordenar las cuentas ante el órgano de contralor.
En diciembre de 2020, el TC dispuso el inicio de una comprobación sumaria en la comuna de El Mollar, a partir de un informe que advertía sobre proveedores de esa administración que habían desconocido como propias determinadas facturas.
Si bien se trata de montos relativamente bajos ($17.000, $8.000 y $5.600), los contadores fiscales confirmaron durante este proceso que "ningún proveedor reconoció como propias dichas facturas", por lo que podría haberse consumado un "eventual daño patrimonial al Estado", apunta el acuerdo 1.156.
SEDE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA / ARCHIVO LA GACETA
Sobre la base de lo establecido por la Ley de Administración Financiera, los integrantes del Tribunal de Cuentas, Miguel Terraf (presidente), Marcelo Vidal y Sergio Díaz Ricci (vocales), resolvieron abrir un juicio de responsabilidad contra los funcionarios responsables de la gestión de la comuna de El Mollar en ese período.
"Sin perjuicio de lo anterior, dado que este Tribunal viene teniendo intervención en numerosos casos de rendiciones de cuentas por parte de diferentes comunas en los que se detectó la presentación de facturas de dudosa autenticidad, lo que motivó en cada caso la apertura de comprobaciones sumarias, se estima pertinente formular la correspondiente denuncia penal por ante el Ministerio Público Fiscal de la Provincia, en atención a la presunción que no se trata de meros hechos aislados, sino de la posibilidad reiteradas maniobra dolosas llevadas a cabo en fraude al Estado provincial", advirtió el órgano de contralor en el acuerdo 1.156.
Además, "ante la eventualidad de que las irregularidades verificadas impliquen evasión impositiva debido al uso de facturas apócrifas", se dispuso "poner los hechos en conocimiento de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)".
Casos similares en otras comunas rurales
La advertencia sobre presuntas irregularidades similares a las detectadas en El Mollar en otras comunas rurales encuentra un antecedente cercano en Choromoro.
A través del acuerdo 837, dictado el 11 de marzo de este año, el Tribunal de Cuentas dispuso el inicio de un juicio de responsabilidad contra el ex comisionado rural de esa administración, Luis Ángel Díaz, y su secretario habilitado, Francisco Gonzalo Velardez.
En este caso, se abrió esta instancia del proceso por "la utilización de las facturas apócrifas" por un total de $ 68.000 para la compra de áridos, que "fueron desconocidas por el proveedor Santiago Guillermo Usandivaras". Según el acuerdo 837, este manifestó además "que la actividad que el desarrolla (vinoteca) no se corresponde con la venta de áridos".
El listado de comunas rurales en las que se detectaron este tipo de posibles maniobras incluye Los Puestos.
El 10 de marzo pasado, mediante el acuerdo 812, el Tribunal de Cuentas dio inicio a un juicio de responsabilidad por una "factura presuntamente apócrifa de $4.000".
A diferencia de lo sucedido en El Mollar, los expedientes relacionados a las administraciones de Choromoro y de Los Puestos -a los que se suman situaciones similares en otras comunas rurales, como Los Nogales y Acheral- no habían motivado una presentación en el fuero penal por parte del Tribunal de Cuentas. Sin embargo, no se descarta que, en el corto plazo, el ente de contralor pueda comunicar también sobre estas situaciones a la Justicia provincial.
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