La justicia, atada con alambres

Hace menos de una semana hubo una reunión clave que muy pocos tuvieron en cuenta. Del encuentro participaron los tres pilares del Poder Judicial en la provincia. Los miembros de la Corte Suprema de Justicia recibieron a los titulares de los ministerios Público Fiscal y de la Defensa donde se analizaron los resultados de la implementación del nuevo código procesal penal. Los números son positivos, se sigue demostrando que el nuevo digesto continúa aportando velocidad y calidad a la justicia en nuestra provincia. Pero en el cónclave, por lo menos de manera abierta, no se habló de hasta cuándo se podrá mantener esta efectividad si no se cubren todos los cargos en el fuero penal de la capital especialmente.

El nuevo código le dio un ritmo vertiginoso al sistema judicial. En promedio, son más de 50 las audiencias que se realizan diariamente, pero también hay que atender las causas que fueron abiertas con anterioridad. En 2021, con el nuevo digesto, se dictaron 2.598 sentencias, de las cuales, el 98% fueron condenatorias. En 2019, con el viejo sistema y en el último año en el que se trabajó con normalidad, la cantidad de resoluciones fue de 898, de las cuales el 92% terminaron con penas.

Las fiscalías, consideradas como la primera línea de trincheras de la justicia está dejando demasiado flancos. En toda la provincia, para el sistema adversarial funcionan 33. ¿Es mucho o es poco? En Salta, donde los índices delictivos son menores, llegan a 50. Y eso no es todo: 10 de ellas no tienen asignados un fiscal, por lo que son subrogadas por otros investigadores. Son 16 las defensorías penales en todo Tucumán, y cinco no tienen titulares. Y el panorama no es distinto en el campo de la magistratura en el Centro Judicial Capital. El Colegio de Jueces del Centro Judicial Capital debe estar integrado por 36 jueces, cuenta con 19. La ley establece que el Colegio de Jueces de Impugnación tiene que contar con nueve magistrados, hay seis y dos de ellos, por una acordada de la Corte, colaboran con sus pares en las audiencias y en los juicios orales. Otro dato: dos jueces se encargan de los juzgados de Ejecución que no tienen titulares. Lo curioso: uno de ellos es subrogante.

La realidad en el régimen conclusional tampoco es muy diferente. Cuatro fiscales están a cargo de las ocho oficinas que deben instruir las causas que aún no fueron cerradas. Los defensores oficiales son los mismos que se desempeñan en el sistema adversarial. De los dos jueces de instrucción que deberían garantizar el proceso, hay uno solo que además debe integrar un tribunal por falta de un camarista. Son nueve los jueces para atender los debates orales, pero podrían quedar siete si los jueces Emilio Páez de la Torre y Alicia Freidenberg (que está de licencia por el incidente de tránsito que protagonizó) se jubilan en las próximas semanas. En sus manos está la difícil tarea de impedir que las causas abiertas antes del 1 de septiembre de 2020 queden impunes. Y no son pocas, son miles.

Un parche

No hay que dar muchas vueltas para entender por qué el sistema no colapsó. Se nombraron más de 50 auxiliares fiscales, más de 20 defensores auxiliares y siete jueces subrogantes. Estas figuras han generando importantes polémicas por su legalidad y por cómo son nombradas. Lo único cierto es que sin su participación, el sistema judicial ya hubiera colapsado. Sí es cierto que se debe iniciar un debate para definir cuáles serán los pasos a seguir. Es una cuestión de los tres poderes. El Judicial necesita demostrar por qué es necesario contar con más funcionarios judiciales. El Legislativo y el Ejecutivo deben atender los problemas y buscar una solución.

Y uno de los inconvenientes que se presentan es el proceso de selección, si no quieren seguir recibiendo críticas por el sistema de elección a dedo. El ritmo del Consejo Asesor de la Magistratura indica que se necesita más de un año para elegir un candidato a ocupar un cargo después de que se abre el concurso. Después, cuando se eligen los candidatos, se imponen los tiempos políticos que, como se sabe, no son los mismos de la sociedad que los votó para que busquen soluciones a los problemas, como este.

La falta de recursos humanos genera distintas opiniones en Tribunales. Por un lado, están los fundamentalistas que quieren que sí o sí se cubran todos los cargos vacantes. Por el otro, los más moderados piden lo mismo y realizan autocríticas porque no todos los funcionarios trabajan de la misma manera. Aseguran que el día que se muestren las estadísticas de desempeño de cada uno de los operadores, la realidad será otra. No entienden, por ejemplo, cómo el grueso de las audiencias se realiza por la mañana y por la tarde es muy notoria la inactividad.

Pero más allá de todas las opiniones, lo único cierto es que el sistema judicial, para funcionar, necesita de una serie de engranajes bien aceitados que no debe estar atados con alambres.