28 Marzo 2022
EL CASO. Detención de los policías durante un operativo. ARCHIVO
El titular de la Fiscalía Federal 2, Agustín Chit, solicitó que se envíe a juicio oral a cuatro miembros de fuerzas de seguridad, dos de ellos de Policía Federal (PFA) y otros dos de la Policía de la provincia, junto con un civil, por haber secuestrado a una persona con el objeto de pedir dinero a cambio de su liberación el 20 de junio de 2021.
El caso tiene como agravante la cantidad de personas intervinientes y la calidad de funcionarios públicos, que podría alcanzar una pena posible de entre 10 a 25 años de prisión, destacó la presentación oficial.
La investigación, conducida por el fiscal Pablo Camuña, en ese momento a cargo de la Fiscalía interviniente, permitió determinar que los acusados montaron una empresa criminal con permanente funcionamiento y con el propósito de secuestrar personas para cobrar rescates, que requirió la intervención de varias personas. Además, para que la empresa criminal tuviera éxito requería una organización previa, un plan común; cada uno de los participantes, entre ellos Gonzalo Gabriel Lagoria y los efectivos de la provincia Luciano Ramón Campos y Jonathan Gabriel Díaz, realizaba su aporte conforme a la división de roles pre pautada.
El hecho
De acuerdo al requerimiento, la víctima fue sustraída de la vía pública en presencia de su familia, y retenida en contra de su voluntad durante dos horas aproximadamente. En ese tiempo, la víctima fue ocultada en una camioneta. Los imputados lo amenazaron y lo mantuvieron esposado en el asiento trasero del vehículo. Todas las acciones se emprendieron con la finalidad de obtener dinero a cambio de su libertad.
La liberación se produjo a partir de una denuncia en el 911 por parte de su esposa y de vecinos que vieron el secuestro. Así, el personal de la Guardia Urbana de la Policía local pudo interceptar el vehículo propiedad de la víctima.
De acuerdo al planteo de Chit, se probó que los imputados tenían conocimiento de la finalidad del secuestro. Las llamadas extorsivas se realizaron mientras se tenía cautiva a la víctima y la división de tareas, en general, se efectivizó tenía el doble propósito de la retención y del cobro del dinero.
Uno de los acusados, miembro de la PFA con funciones en la división de alcaidía de los tribunales federales de Tucumán, era amigo personal de los imputados y fue el organizador del hecho, coordinando con otro integrante de la fuerza federal asignado a la División Antidrogas y su hermano, el único civil de la banda de secuestradores. Este último mantenía vínculos además con policías provinciales y federales, en tanto, se comunicaba y daba aviso sobre los objetivos -a los que llamaba “laburos”- que tenían preparados.
En relación con los dos miembros de la de la Policía de Tucumán, estos se turnaban para identificar y vigilar a las potenciales víctimas objetivos y el día del hecho uno de ellos fue quien conducía el auto que custodiaba el vehículo donde llevaban a la víctima mientras el otro lo llevaba en el asiento trasero de la camioneta, ejerciendo un rol de custodia sobre la víctima.
El informe fiscal estableció que la pertenencia de uno de los acusados a la División Antidrogas de la PFA permitió el acceso a información confidencial sobre sumarios policiales en curso y la preparación de los secuestros extorsivos labrando actuaciones judiciales apócrifas, falsificando sellos y proporcionando datos personales de potenciales víctimas. En el caso concreto, este acusado fue quien facilitó fotografías utilizadas para extorsionar a la víctima.
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