28 Marzo 2022
CÁMARA TAFE. Protesta durante las restricciones más duras por la pandemia de covid-19. Foto de archivo LA GACETA / ANALÍA JARAMILLO
Un empresario del rubro de los eventos se refirió a la denuncia formulada por el abogado penalista Gustavo Morales, quien solicitó a la Justicia provincial que se investigue la entrega de subsidios por un total de $ 15 millones para 18 representantes del sector de los bailes.
Según se informó de manera oficial, la asistencia se fundó en que estos empresarios no pudieron trabajar como lo tenían previsto en los bailes de Carnaval, debido a las restricciones dispuestas por el Gobierno provincial en el marco de la tercera ola de covid-19 causada por la variante Ómicron.
A través de un decreto firmado por el gobernador Osvaldo Jaldo, el Poder Ejecutivo giró esos recursos -en distintos montos- para diferentes representantes del rubro.
Ante esto, Morales pidió que la Justicia investigue si se incurrió en los posibles delitos de "fraude en perjuicio de la Administración Pública, en concurso ideal con violación de los deberes de funcionario público".
Julio Ignacio Heredia, uno de los beneficiarios del decreto en cuestión (percibió $ 100.000, la segunda suma más baja del listado), expresó a través de sus redes sociales que quería "aclarar" y ponerse "a disposición para que se sepa todo".
"Hace un poco más de un mes acompañé a la Casa de Gobierno, en representación de TAFE (Trabajadores Autoconvocados de Salones de Fiesta y Eventos), al sector de eventos masivos IDEAR, específicamente, los que realizan carnavales, con la idea de solicitar un préstamo blando a través de la Caja Popular para los afiliados de TAFE y el sector privado", expresó.
Añadió que, en una reunión con el ministro del Interior Miguel Acevedo y con el subsecretario de la Gobernación, Pedro Sandilli, manifestó que "no queríamos subsidios, dado que los salones seguíamos trabajando con total normalidad".
"IDEAR, por su parte, expuso su situación a partir de la restricción en el aforo de hasta 300 personas, la cual los perjudicaba enormemente. El Gobierno resolvió ayudar al sector con un subsidio, el cual fue manejado por IDEAR", detalló Heredia.
Y advirtió que en IDEAR decidieron "dar un subsidio a TAFE por mi intermedio, ya que no tenemos personería jurídica aún, para gastos de la misma, sin que se le haya pedido participar del subsidio".
"El abogado Gustavo Morales pide que se investigue por irregularidades este subsidio en el cual figura mi nombre. En primer lugar, me pongo a disposición de la Justicia; es lo que corresponde. En segundo lugar, el gobierno sigue sin atender las peticiones del sector privado, el cual es el que genera trabajo, y aclaro nuevamente que no fuimos pidiendo subsidio, solo pedimos un préstamo para regularizar nuestras situaciones, ya que somos laburantes de verdad", expresó Heredia.
Y agregó que, "en tercer lugar, el gobernador Jaldo, el ministro Acevedo y Pedro Sandilli se comprometieron a ayudar al sector" y a "ver de qué manera" podían hacerlo. "Hasta el día de hoy, seguimos sin novedades; pedimos préstamos blandos y que bajen los impuestos para generar trabajo", enfatizó.
En esa línea, aseguró que le "parece bien que se lo investigue al gobernador, y a los políticos en general". "Hay subsidios que se otorgaron cuando estuvo (Juan) Manzur como gobernador y los Vargas Aignasse, que también deberían investigar, por esto me pongo a disposición", añadió.
Por último, Heredia afirmó que "uno siempre tiene que dar el ejemplo cuando preside o está al frente de alguna institución". "Me gustaría que los políticos no tengan fueros; si no tienen nada que esconder, no tienen por que temer, como yo", remarcó.
¿Quiénes fueron los beneficiarios del decreto?
Según el instrumento consignado en la denuncia, los empresarios beneficiados con las órdenes de pago fueron:
1) Julio Ignacio Heredia, por $100.000;
2) Ricardo José Farías Randisi, por $100.000;
3) Héctor Eduardo Coria, por $50.000;
4) Hugo Mariano Albornoz, por $1.400.000;
5) Alejandro Homero Córdoba, por $500.000;
6) Javier René Farhat, por $500.000;
7) Edmundo Antonio Ortiz Tanco, por $2.750.000;
8) Nancy Beatriz Sifón, por $500.000;
9) Andrea Paola López, por $1.100.000;
10) Carlos Eduardo Mesón, por $400.000;
11) Elsa Nora Almirón, por $100.000;
12) Diego Fernando Molina, por $400.000;
13) Víctor Manuel Imperio, por $200.000;
14) Rubén Urueña, por $3.500.000;
15) Abel Domingo Gómez, por $100.000;
16) Julio Rodolfo López, por $200.000;
17) Emmanuel Campero, por $3.000.000;
18) Víctor Sebastián Zamorano, por $100.000.
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