NUEVO MARCO LEGAL. El oficialismo impulsó un proyecto que regula las carreras cuadreras en Tucumán. LA GACETA / FOTO DE OSVALDO RIPOLL
El violento asalto que sufrió una familia dejó al descubierto el manto de ilegalidad que cubre las carreras cuadreras en la provincia. Una banda integrada por al menos 10 delincuentes, se apoderó de más de $20 millones en un golpe comando. La mayoría del dinero formaba parte del importante premio que habían obtenido las víctimas en un encuentro que se había realizado en la localidad de Atahona, cerca de Simoca.
El jueves por la tarde se realizó ese encuentro turfístico. En la segunda carrera más importante de la programación Nitro Night se impuso con lo justo sobre Fermín. El caballo vencedor fue montado por José Alfredo Vizcarra, el jockey del momento. Los dueños del vencedor regresaron a su casa y decidieron festejar su triunfo. Mientras lo hacían, sufrieron el atraco. Realizaron la denuncia en la seccional 3ª y acusaron a un cuidador de caballos de Simoca como responsable del hecho. Las víctimas comentaron que varios de ellos aportaron una importante suma de dinero (habría sido de unos $ 5 millones) para poder realizar la apuesta con la que consiguieron ese suculento premio. El fiscal Diego López Ávila quedó al frente de la investigación.
“Hace 15 años que me dedico a organizar estas carreras, se las hace en diferentes partes y son absolutamente legales”, advirtió Carlos Salazar, el hombre que estuvo al frente de la competencia de Atahona. “La gente viene, hace asados o se sienta a tomar unos mates con tortilla. Si hay personas que quieren apostar en alguna carrera, lo pueden hacer. No hay piso ni un límite”, destacó el referente de la actividad que fue entrevistado por LA GACETA.
Salazar confirmó que las pruebas son promocionadas en las redes sociales y que se realizan normalmente en Monteagudo, Chicligasta y Atahona, que son las más conocidas. En los últimos tiempos cobraron importancia los encuentros que se desarrollan en Los Ralos. “El caso de esa familia nos golpeó a todos. No es la primera vez que pasa y no puedo decir que alguien del ambiente esté metido en el hecho”, indicó.
Los asistentes a las cuadreras reconocieron que el nivel de ostentación de muchas personas puede resultar un imán para los delincuentes. “Aquí viene gente que juega hasta $10 millones en una carrera. Ese dato se puede filtrar sin problemas”, indicó Fernando D. ¿Y quiénes son capaces de realizar estas apuestas? “Y hay de todo un poco. Los propietarios de los caballos, empresarios, políticos, personas que después salen en Policiales de LA GACETA y gente que de un día para el otro se enriqueció. Gente pesada y por eso nadie se anima a venir a asaltarlos porque todo se hace en efectivo y en el acto”, añadió el aficionado.
Marco legal
Las carreras cuadreras están reguladas por la ley 2.484, sancionada en 1952. Fue modificada una sola vez a lo largo de siete décadas: en un principio estos festivales se podían realizar domingos y lunes. El cambio que se introdujo fue para que también se autorizara a organizar competencias los sábados. La norma establece una serie de puntos que, según los participantes consultados por LA GACETA, no se cumplen:
- Los jueces de paz, además de autorizar la organización de un encuentro, deben controlar su normal desarrollo o, en su defecto, elegir a un representante para que cumpla con esa tarea. “Nunca en mi vida pude ver que haya un juez de paz en las carreras. Quizás designen a una persona para hacer esa tarea, pero normalmente son los organizadores los que manejan todo”, señaló Juan Carlos Ferreyra, fanático de la actividad. “Aquí el valor de la palabra vale, y si no cumplís, te la hacen valer a las malas”, añadió.
- No se puede vender bebidas alcohólicas a 500 metros del lugar donde se desarrollan las carreras. Esteban Fuentes comentó que hay puestos donde se puede comprar fernet, cerveza y vino. “Sin nafta no anda el motor”, ironizó el “burrero”. La Ley, por ser tan antigua, no contempla, por ejemplo, los permisos del IPLA.
- La comuna o municipalidad donde se realice el encuentro fijará el valor de la entrada. Todo lo recaudado será destinado a las comunas que deberá entregar el 30% de esa suma a las cooperadoras escolares de la zona. “Eso es puro verso. Si te cobran entre $1.000 y $1.500 y ni un papel de almacén te dan para que quede registrado que vos pagaste, qué van a entregar ese dinero”, destacó Luciano Martínez. Se estima que en cada encuentro asisten entre 2.000 y 3.000 personas, es decir, que sólo en recaudación se obtendrían hasta $ 3 millones.
- Sólo se pueden realizar cinco carreras por encuentro. “Sí, la ley también dice que sólo dos de esas pruebas se pueden hacer al galope y las otras tres con otras modalidades que ya desaparecieron. Pero es puro verso. Si todas las canchas tienen gateras es porque en todas se corre”, explicó José Heredia. “Esa ley tiene la misma vigencia que la prohibición de tirar agua durante carnaval”, añadió irónicamente.
- Están autorizadas las apuestas, siempre y cuando estén registradas por contrato para que queden perfectamente fiscalizadas. La tarea de control debe ser realizada e informada por el juez de paz de la zona o del representante que haya designado. “Es imposible que eso ocurra porque hay personas que juegan muchos millones en una carrera. En el Hipódromo el premio de carreras comunes es hasta de $120.000 para un propietario, pero en las cuadreras pueden ganar millones”, explicó Esteban M. “Aquí nadie controla de dónde sale ese dinero y tampoco tributa ni una moneda al Estado. Es bien en negro la cosa es como la quiniela clandestina. Los únicos festivales legales son los que se desarrollan en el Hipódromo y están controlados por la Caja Popular de Ahorros”, añadió Javier Sosa, otro aficionado. “La apuesta legal tiene un sentido social, porque parte de ese dinero va a cuestiones que termina beneficiando a toda la sociedad”, añadió Juan Cruz.
Falta de control
Los trámites para organizar un festival de carreras cuadreras no son complicados. Además de la tramitación ante el juzgado de paz de la zona, deben solicitar permisos ante las autoridades del lugar (municipales o comunales), la subsecretaría de Deportes y la Policía. Según explicaron algunas fuentes, el gasto administrativo no debería superar los $1.000.
“El problema es el control. Si hay dos efectivos uniformados es mucho. Tampoco nadie fiscaliza de dónde viene y qué se hace con el dinero recaudado y apostado”, explicó Fernando D. “Todos hacen la vista gorda. Si hasta hay riñas de gallos y jugadas de taba por plata que son totalmente ilegales”, concluyó.
Antecedentes: los otros casos vinculados a la actividad
Este no será el único hecho policial que se registró con las carreras cuadreras como trasfondo. El que tuvo mayor trascendencia fue el crimen de Luis Espinoza. El 15 de mayo de 2020, el trabajador rural fue asesinado de un disparo en la pelea que se generó en un encuentro ilegal de carreras de caballos que se desarrollaba en Melcho, Simoca. Los policías acusados habían intentado desarticular la reunión que se desarrollaba en plena pandemia. Mantuvieron oculto el cuerpo de la víctima hasta que lo arrojaron en Catamarca.
Después trascendió que los efectivos podrían haber sido enviados por otro organizador que pretendía suspender la prueba por los problemas que generarían.
Antonio “Tony” Lobo, procesado por trafico de drogas, tenía un sueño y una debilidad. Pretendía ser delegado comunal de El Naranjo (Burruyacu) y era fanático de las carreras cuadreras. Por cuestiones de salud, la justicia le otorgó el arresto domiciliario. Personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas lo detuvo cuando estaba presenciando un festival en noviembre de 2017.
En enero de2017, en Atahona, Julio César Gómez paró una cuadrera porque su caballo iba segundo. Se desató una pelea campal donde el osado propietario recibió una dura golpiza que le provocó la muerte después de haber sido internado.
