El mundo oculto tras las carreras cuadreras

Varios interrogantes surgen del violento asalto tipo comando que sufrió la familia de una empresaria maderera en la zona del parque Guillermina. Los hechos: diez asaltantes con chalecos antibalas, con armas de grueso calibre -“pistolas 9 mm, como las que usa la Policía”, dijo Yésica Yanet Belmonte en su denuncia en la seccional 3a- los golpearon con suma violencia, les gatillaron (los disparos no salieron), los manosearon y esquilmaron hasta llevarse una suma no bien estimada. Hablaron de 20 millones de pesos, aunque la denuncia policial se explicita así: “30 millones de pesos en efectivo y en 20 millones de pesos en joyas. A nuevas responde: que el dinero sustraído, una parte era de una apuesta de carrera de caballos, que ganaron en el día de ayer, en Atahona, y la otra parte de dinero, lo tenían en su poder al momento del hecho”. Con las joyas, $ 50 millones.

Los interrogantes: ¿Qué tipo de banda comando ataca de este modo, gatilla sin que salgan disparos y conoce al dedillo la actividad de sus víctimas? ¿Qué tipo de seguridad hay en la zona del parque Guillermina como para que actúe tan impunemente un grupo comando? ¿Qué cantidades de dinero se manejan en estas carreras y quién atina a controlarlas?

El jardín perdido

Para tratar de definir lo primero, apenas hay estimaciones. Hace tres lustros decía el ex investigador Marcial Escobar que Tucumán, por sus características de provincia pequeña, dificultaba las acciones de grandes bandas porque acá todos se conocen. Lo que equivalía a decir -entonces y ahora- que los que se atreven a realizar estos ataques o bien pueden ser descubiertos y sometidos a la ley -como fue el caso de los que asaltaron y mataron a la empresaria Ana Dominé en la Ciudadela en 2020 y a los que asaltaron y mataron al productor José “Pepe” Porcel en La Ramada de Abajo en 2020- o bien actúan con la convicción de que tendrán impunidad por los defectos del sistema o por contactos ilegales con los responsables de seguridad. Los productores de Apronor lo dijeron hace tres semanas, ante lo que llamaron una ola de robos y ataques imparable en todas partes de la provincia: “Tucumán pasó a ser, desde hace mucho tiempo, un lugar invivible, ya no es ningún jardín”, expresaron, y se preguntaron si se trataba de una “zona liberada”.

La grieta tucumana

La familia asaltada ahora también lo reclama: además de sugerir que el responsable del ataque que sufrieron podría ser el dueño de un caballo que competía, se quejaron airadamente por la falta de seguridad. “Tucumán está podrido”, dijo David, uno de los asaltados en el programa “Los Primeros”, que dijo que en Jujuy -donde vive- no pasa esto, ni en otras partes del país. Y señaló que hay una profunda grieta: la de la gente común, sin seguridad, y la de la clase gobernante, que tiene policías como custodia.

La vigilancia en un lugar violento

Lo cual dispara otra inquietud: al asumir, el gobernador interino, Osvaldo Jaldo, ordenó que los policías salieran a la calle y para eso determinó que se debían disminuir las custodias a funcionarios y políticos. No se sabe cuánto disminuyó eso. Exceptuando las custodias al gobernador -determinadas por la Ley Orgánica Policial en su art. 9- y las que ordena la Justicia (cabe recordar que el año pasado el ex subsecretario de Seguridad, José Ardiles, dijo que había unos 1.200 policías asignados a custodias por violencia de género- debe haber otras custodias que no se desarmaron. Cuando fue el crimen del padre Oscar Juárez, también en 2020, se reveló que el entonces ministro de Seguridad, Claudio Maley, que vivía cerca de la parroquia de San Martín de Porres, tenía custodia, la cual entonces fue levantada. ¿La hay en el barrio de la familia asaltada, donde vivirían funcionarios del Ejecutivo y de la Justicia? La familia asaltada contó a LA GACETA que había dos vigías que caminaban por la cuadra. “A ellos los encañonaron y los metieron con nosotros a la casa”, dijeron.  

Vinculado con las bandas asaltantes, están las armas. ¿De dónde salen todas esas 9 mm que se visibilizan cuando suceden estos episodios violentos? Hay un mercado negro de armas cuya cantidad y circulación están en la oscuridad. Apareció en 2013, cuando fue la huelga de policías seguida de saqueos. No se lo pudo controlar con los planes de desarme y con cada tragedia reaparecen en esta provincia, que, merced a la violencia que la ha sacudido en los últimos años ha entrado en una espiral de más inseguridad, más vigilancia, más operativos y más hechos sorprendentes como el del viernes a la mañana.

Esa espiral da cuenta de que en esta provincia hay 11.700 policías -más del 50% cumplen servicio de vigilancia adicional-, unos 3.000 vigías urbanos (aparentemente, sin armas) y unos 1.800 agentes de vigilancia privada (aparentemente, sin armas), más servicios irregulares de custodia. La Cámara de Agencias de Vigilancia privada dice que hay 77 empresas pero sólo 30 están activas, y en denuncias sobre una de las “inactivas” el año pasado se decía que tenía 300 vigiladores “en negro”. ¿Cuántos hombres tendrán las otras 46 agencias “inactivas”? ¿Una cantidad equivalente a los 11.700 de la misma Policía?).

Tras este asalto, en las actuales condiciones, esto no nos habla de cómo vamos hacia más protección en un jardín tranquilo, sino de cómo prospera la inseguridad como negocio. ¿Será como dice David, que, comparado con otras provincias, “Tucumán está podrido”?

Plata bajo el colchón

El tercer interrogante es el movimiento de dinero en negro. Así como se dice que los argentinos guardan en el colchón, o en cajas de seguridad, o afuera del país, 254.932 millones de dólares, porque no le confían al Estado (diario “La Nación”, 23/03), en este “mercado chico” tucumano hay un movimiento de dinero consentido a medias por ciertas áreas estatales -como la Policía, las comunas y los juzgados de Paz- del cual no se tiene idea cabal.

El Estado se ocupa de la administración del juego en general y con él no sólo hizo las grandes obras en tiempos del gobernador Celestino Gelsi en los 60, sino que, legalizando una parte, logró terminar con las guerras mafiosas por las maquinitas en los años 90. Pero no controla todo. La pequeña población suresteña de Atahona ya ha sido escenario de dos homicidios -del apostador Julio César Gómez, que cortó la cinta para impedir que perdiera su caballo y fue patoteado por 100 personas en 2017- y el peón rural Luis Espinoza, asesinado por policías que “controlaban carreras” en 2020. Como Atahona, el interior está lleno de sitios con carreras ilegales y otras autorizadas por la Policía y las comunas, pero con actividades no controladas, como las apuestas y los juegos de cartas o tabas.

Por eso sorprenden las cifras de las que se hablan: ¿20 millones en premios por apuestas en una carrera? ¿Qué otras actividades se realizan sin conocimiento del Estado, o a sabiendas de alguno que otro político o comisario? ¿Cuántos “burreros” hay en este descolorido jardín?

Cuenta en sus “Memorias” el general José María Paz que la gran Batalla de Tucumán, de 1812, también se llama Batalla de Campo de las Carreras: “el territorio elegido para dar la batalla era el llamado Campo de las Carreras, un terreno ubicado al suroeste de la ciudad, y que en tiempos más apacibles los tucumanos ocupaban para disfrutar de las carreras cuadreras”. Ya hace 200 años esta “estirpe burrera” era patrimonio de los tucumanos. David, uno de los asaltados, se confesó fanático: “hemos perdido 500 carreras”, dijo, a cambio de esta que ganaron y por la que fueron asaltados.

Justo en estos tiempos en que Policía y Gobierno anuncian operativos de saturación y controles a diario con abundancia de 100 flamantes patrulleros, entregados hace pocos días por el mismo Presidente de la Nación.