Por Álvaro José Aurane
26 Marzo 2022
INSISTENCIA. La Casa de Gobierno solicitó formalmente que la Corte levante la cautelar que frena la Ley 9.188.
El debate en torno de la aplicación, o no, de la Ley de Narcomenudeo ha regreso a la agenda institucional de la Corte Suprema de la Provincia.
Marzo comienza a despedirse con dos novedades respecto de esta cuestión socialmente tan relevante. Por un lado, el Poder Ejecutivo ha solicitado formalmente al superior tribunal que levante la medida cautelar que mantiene frenada la aplicación de la norma. Por el otro, la Clínica Jurídica de Interés Público de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNT, como amicus curiae, ha solicitado que se arbitren los medios para que haya un abordaje integral del consumo problemático, sobre todo desde la perspectiva de la salud pública.
Los antecedentes
La Legislatura supo aprobar normas, con una distancia de cinco años la una de la otra, para que sea la Justicia provincial, y no la federal, la que tenga competencia en los casos de venta de drogas ilegales al menudeo en el ámbito de Tucumán.
En 2014, la Legislatura sancionó la Ley 8.664, que debía entrar en vigencia el 1 de marzo de 2015. Sin embargo, una acción declarativa de insconstitucionalidad ante la Corte suprema, impulsada por el ministro Público Fiscal, Edmundo Jiménez, derivó en una medida cautelar que congeló la aplicación de la norma.
En agosto de 2019, por iniciativa del entonces presidente de la Legislatura, Osvaldo Jaldo, la Cámara sancionó la Ley 9.188, que replicaba el contenido de la aprobada en 2014, con el agregado de otros institutos. Pero un año después, en agosto de 2020, los vocales del máximo tribunal frenaron también la aplicación de esta norma, nuevamente a instancias de una acción del Ministerio Público Fiscal. En esa oportunidad, al igual que en la anterior, Jiménez planteó que en Tucumán no estaban dadas las condiciones objetivas (presupuesto, lugares de detención, cantidad de fiscales...) para que la Justicia provincial asumiera la competencia en materia de narcomenudeo.
Este año, en enero, Jaldo le manifestó a LA GACETA, en una entrevista con el periodista Gustavo Rodríguez, que esperaba una respuesta del Poder Judicial respecto de la cuestión de fondo: que se expida respecto de si la Ley 9.188 era válida, y por tanto aplicable, o no.
En febrero, el Poder Ejecutivo solicitó la “resolución urgente” del expediente. “La materia procesal que se debate en autos constituye un problema vital de honda repercusión social que asume diariamente en un cariz alarmante. El tráfico de drogas castiga dolorosamente a la población de nuestra provincia, desencadenando inseguridad, violencia y muerte”, fundamentó el abogado Leonardo Debono, en calidad de apoderado de la Provincia, la parte “demandada” en el caso.
Luego, la Casa de Gobierno pidió, directamente, el levantamiento de la cautelar que mantiene en suspenso la ley. Este mes, insistió formalmente con este último pedido.
“No debe perderse de vista que lo que está en juego es nada más y nada menos que la imposibilidad de la persecución penal de delitos de alto impacto en la sociedad, siendo tarea irrenunciable del Estado el despliegue que fuere necesario para promover la seguridad y el orden público”, argumentó Debono.
A partir de estas solicitudes, según confirmaron altas fuentes judiciales a este diario, los vocales de la Corte se abocaron al análisis de los planteos.
Clínica jurídica
Una de las novedades de la Ley 9.188 de una “Comisión interpoderes dedicada al control y seguimiento de los resultados, análisis y evaluación de la implementación de la presente ley, así como propuestas superadoras en materia de la lucha contra el narcomenudeo en la provincia”.
Según esa disposición, esa comisión estaría integrada por un vocal de la Corte, el ministro Público Fiscal, el ministro de Gobierno, el Ministro de Seguridad y el presidente de la comisión de Seguridad de la Legislatura.
La necesidad de que esa instancia interpoderes sea creada es el núcleo del planteo de los alumnos de la Clínica Jurídica de Interés Público.
“Consideramos prioritario que se ponga en funcionamiento la comisión, de forma tal que se habilite un espacio de diálogo sobre la problemática desde un abordaje integral que tenga en cuenta los derechos humanos involucrados, deteniéndose en las situaciones de vulnerabilidad que padecen los habitantes de esta sociedad”, manifiesta el documento firmado por una veintena de estudiantes.
La presentación sostiene que esa comisión interpoderes es el espacio institucional idóneo para “garantizar un análisis real de la ley y su seguimiento, así como también para elaborar propuestas superadoras, ya que posee una composición diversa y una variada gama de visiones”.
Precisamente, los miembros de la Clínica Jurídica de Interés Público sostienen que esa diversidad “es de vital importancia para la búsqueda y la implementación de políticas no punitivas ni represivas frente al consumo, a partir de los contenidos del derecho a la salud. El enfoque de salud pública busca asegurar que los daños asociados con las intervenciones de control no sobrepasen los provocados por las sustancias mismas”, argumentaron.
Fundamentaron, además, que en la Ciudad de Buenos Aires y en Chaco hay comisiones similares a las que propone la ley provincial.
Normas nacionales: invocan leyes y sentencias
Los alumnos de la Clínica Jurídica de Interés Público de la Facultad de Derecho de la UNT fundamentaron, invocando legislación nacional vigente, la necesidad de que haya una abordaje integral del consumo de drogas ilegales en Tucumán, particularmente desde la perspectiva de la salud pública. “En el orden nacional, consideramos fundamental mencionar la Ley de Salud Mental (26.657), de la Ley de Obras Sociales (24.455) y la Ley del Plan Integral para el Abordaje de Consumo problemático (26.934)”, enumeraron en la presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia. “Las normas refuerzan la importancia del papel activo del Estado en pos de garantizar los derechos fundamentales a la vida, a la salud, a la dignidad y a la integridad física”, indicaron. A la vez, recordaron que en el fallo “Arriola”, la Corte nacional “exhorta a los poderes públicos a asegurar una política de Estado contra el tráfico de estupefacientes y a adoptar medidas de salud preventivas, con educación disuasiva del consumo, enfocadas sobre todo en los grupos más vulnerables”.
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