Una vez más, como ya sucedió con la Resolución 125, en 2008, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, las retenciones volvieron a colocar en veredas opuestas al Gobierno nacional con los productores agropecuarios. Ante el descontento que generó esta medida, por la cual los subproductos de soja (harina y aceite) pasan a tributar una alícuota de 33% (el incremento fue de un 2%) de derechos de exportación, los integrantes del sector productivo anunciaron manifestaciones y accionaron legalmente. En modo de respuesta, el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, apuntó contra los empresarios rurales y del sector alimenticio y manifestó que los incrementos de precios de los últimos días son “un ataque especulativo de los que quieren comprarse departamentos en Miami y más 4x4”.
Para el agro estos productos son trascendentes porque Argentina es el principal exportador a nivel mundial y Tucumán llega a producir unas 400.000 toneladas de soja al año. A través de la decisión adoptada por la gestión de Alberto Fernández, en medio de su “guerra” contra la inflación, se pretenden generar unos u$s 425 millones adicionales en recaudación para destinarlos al Fondo de estabilización para los precios de los productos derivados del trigo.
Partiendo de la base que el Gobierno no obtuvo respaldo legislativo para contar con presupuesto durante el ejercicio de este año, los ruralistas entendieron que las facultades extraordinarias transferidas por el Congreso al Poder Ejecutivo, en un contexto de emergencia, quedaron sin efecto. Esas facultades le habían permitido al Gobierno fijar las alícuotas de los derechos a la exportación con un tope de 33% para soja, 15% para trigo y maíz y 5% para el resto de las economías regionales. Pero, ante el cambio de escenario, buena parte de los productores entienden que la continuidad de las retenciones y su reciente incremento carecen de legalidad.
Pedido a la Justicia
La Asociación Civil de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (Apronor) presentó ante la Justicia Federal una acción declarativa de certeza. De esta manera, buscan que este poder del Estado se expida sobre la constitucionalidad o no de la medida.
En diálogo con LA GACETA, el vicepresidente de Apronor, Roberto Palomo, aseguró que la ausencia de una ley de emergencia que transfiera facultades al Ejecutivo impide a las autoridades fijar nuevos aranceles para estos derivados de la soja. “Hay un principio tributario que dice que quien gasta la plata, el Poder Ejecutivo, no debe ser el que fije los niveles de recaudación porque si no sería muy fácil que el Ejecutivo, que es quien decide el gasto, fije impuesto de acuerdo a sus necesidades”, enfatizó.
En relación a las retenciones, Palomo subrayó que este impuesto es “injusto regresivo” porque atenta contra los ingresos de los productores. “Desde 2008, cuando empezó la lucha contra las retenciones pedimos que se las quiten. Creemos que si son eliminadas, Argentina pasaría de producir 120 o 130 millones toneladas a superar las 200 millones de toneladas de soja. Eso se evidenció cuando se quitaron las retenciones al trigo y al maíz y duplicamos la producción”, agregó.
Disputa de poder
A pesar de la presentación en el fuero federal y el anuncio de una movilización para el próximo en la ciudad de Rosario de la Frontera (Salta), el Gobierno nacional no mostró intenciones de dar marcha atrás ni sentarse a discutir una alternativa con el sector rural. “El Gobierno tiene una necesidad de caja y no quieren soltar nada porque están sin reservas en el Banco Central. Pero, la situación legal hoy nos favorece para una discusión en el Congreso y creo que esto puede terminar resolviéndose como la 125”, vaticinó Palomo.
Finalmente, el dirigente de Apronor precisó que al no tener un respaldo legal, el Gobierno podría sufrir una “catarata de presentaciones judiciales” por este tema y eso provocaría “un pasivo que a largo plazo recaerá sobre el Estado”.
“Es una pavada”: la Mesa de Enlace repudió a Feletti
Luego de que el secretario de Comercio Interior de Nación tratara de especuladores a los productores rurales y a los empresarios del rubro alimenticio, los titulares de la Mesa de Enlace salieron a repudiar estos dichos. “Eso es una idiotez tan grande. Lo que dice que realmente no se puede ni contestar”, dijo Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA). En diálogo con Radio Mitre, el referente agropecuario sostuvo que los dichos del funcionario fueron “una pavada” y lejos están de poder colaborar con la situación que atraviesa el país en este momento.