Por Rodolfo Casen
24 Marzo 2022
ABRAZO. Los vecinos no quieren que la ex escuela sea alcaidía. LA GACETA / FOTO DE OSVALDO RIPOLL
Los vecinos de Río Seco se instalaron desde ayer con una acampada permanente frente al viejo edificio de la ex Escuela Técnica, ubicado frente a la plaza principal del pueblo. Lo hicieron con el objeto de resistir el proyecto de la Provincia que prevé la construcción en esas instalaciones de una alcaidía para 176 reclusos.
Los manifestantes aclararon que el presupuesto destinado para la obra es de $290 millones y no $190 millones, como se dijo en un principio. Esta inversión está en el marco de un acuerdo que suscribió la provincia con el Ministerio de Seguridad de la Nación. Una alcaidía similar está prevista también para Delfín Gallo y con un mismo gasto y en un edificio en el que también funcionaba una escuela, según se supo.
Los vecinos abandonaron la vieja traza de la ruta 38 como lugar de protesta para instalarse ahora frente a la ex Escuela Técnica. “La decisión fue consensuada por los inconvenientes que veníamos generando con los cortes en el tránsito a gente que nada tiene que ver con este conflicto. Además la situación se venía poniendo muy tensa. El martes hubo provocaciones y roces con la Policía. Queremos que todo siga por la vía pacífica”, dijo Nicolás Arévalo. Los vecinos se turnan en la permanencia frente al establecimiento. Durante la tarde de ayer hicieron un abrazo simbólico al edificio donado para una escuela por el comerciante Miguel Chalom. “Aquí vamos a estar día y noche para impedir cualquier intento de iniciar una obra que, además de ser inaceptable que funcione en pleno centro del pueblo, vulnera la voluntad que expresó el donante”, advirtió el hombre.
La manifestación de los vecinos ayer tuvo una primera reacción desde el ámbito del Estado. El defensor del Pueblo, Eduardo Cobos, convocó para el lunes a las 9 a representantes de ese movimiento de autoconvocados a una reunión a realizarse en su oficina. El funcionario, según los manifestantes, se propone escuchar y procurar una solución. Mientras tanto crece la indignación contra la comisionada comunal Carmen Alejandro y su pareja, el subcomisionado Rubén Britos. “La autoridad del pueblo, en vez de salir a brindar una explicación o ponerse al frente de nuestros reclamos, optó por dar la espalda a la comunidad”, dijo Mariela Herrera. “Ni ella ni su esposo están nunca en la comuna para atender las múltiples inquietudes que tenemos los vecinos. No hay vocación de servicio a la gente”, añadió Herrera. LA GACETA ayer infructuosamente volvió a intentar comunicarse con la comisionada comunal. Los empleados dijeron que la funcionaria se encontraba en una reunión en Casa de Gobierno.
Los autoconvocados consideran que con $290 millones la provincia puede adquirir un terreno amplio y levantar un edificio enorme para la alcaidía. De ahí que no entienden por qué se pretende arrebatar uno -dijeron- que se lo puede adecuar con no muchos recursos para la escuela secundaria.
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