Desafíos del Ministerio de Obras Públicas

La creación de un Ministerio de Obras Públicas en el organigrama de la provincia ha surgido como una manera de organizar y distribuir prioridades para poder llevar a cabo tanto los proyectos estratégicos de largo plazo como los que requieren la coyuntura y las emergencias. En este sentido, la idea fuerza de disminuir el impacto que genera la burocracia en la gestión de tareas que requiere Tucumán es un objetivo importante, al cual han hecho referencia tanto el gobernador interino al anunciar la creación de esta nueva cartera como el futuro titular del ministerio.

Según ha trascendido, la decisión sobre este cambio sustancial surgió, en primer lugar, en función de los convenios que el Gobierno nacional ha firmado con Tucumán, cuyo desarrollo registra demoras en su gestión administrativa. En su mensaje por la apertura de sesiones de la Legislatura el 1 de marzo, el gobernador habló de una inversión federal total de $100.000 millones, cifra equivalente a entre el 30 y el 35% del Presupuesto anual de la Provincia. El mandatario mencionó que casi un 90% de este monto está distribuido en obras de saneamiento, edilicias, vivienda, energía, turismo y recursos hídricos. “Es parte de una política sustentada en un diagnóstico, articulada por criterios específicos de decisión y dirigida por lo tanto a metas claras de planificación y concreción”, dijo. Pero, por otra parte, se advierte que hay una dispersión de proyectos en distintas áreas, muchos de los cuales no llegan a prosperar precisamente por demoras burocráticas. En febrero se anunciaron varios proyectos largamente esperados en nuestro medio, como la autopista Tucumán-Las Termas -que incluye el complejo acceso a la ciudad por ruta 9 en San Andrés- o el avance de la autopista de la nueva ruta 38 desde Famaillá hasta Monteros. Por detrás están obras de mediana o gran envergadura que esperan financiación a partir de la Nación o de fondos de entidades internacionales como el BID, y que requieren proyectos actualizados para el momento en que se deben adjudicar. No se sabe si las demoras o la falta de esos proyectos han determinado que muchas obras de esta índole no se hayan llevado a cabo aún en nuestro medio, mientras que en otras provincias -caso Santiago del Estero- sí se ejecutaron.

En principio, el nuevo ministerio no insumiría mayores gastos, según se informó, debido a que se reestructurará el organigrama y se traspasarán oficinas -direcciones y secretarías- y se reasignarían los gastos. Muchos sectores -sobre todo los vinculados con la gestión de tareas y recursos hídricos- dependen de Economía, así como la Secretaría de Obras Públicas, el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano y las direcciones de Arquitectura y Urbanismo y Vialidad. También se incluirían la Unidad Ejecutora Provincial, la Dirección del Agua y la Sociedad Aguas del Tucumán, así como Construcciones. El hecho de que haya un ministerio que administra y define tareas en este sentido permitiría agilizar las cosas.

No es una tarea fácil. La provincia arrastra problemas estructurales que derivan con cuestiones puntuales: con las tormentas, se tiene conciencia de las necesidades den el manejo del agua tanto en canalización y diques como en gestión de agua potable y cloacas; y con inconvenientes en las rutas se ve la carencia de mantenimiento de la red secundaria y terciaria, así como la ausencia de obras nuevas. A eso se suma la aparente falta o la escasez de proyectos actualizados y la necesidad de oficinas que puedan coordinar la gestión de obras urgentes junto con las que necesariamente deben proyectarse en el futuro.