Sobrevivir en Tucumán

Vivir en Tucumán dejó de ser un encanto desde hace mucho tiempo. Y no es sólo por la inseguridad, sino por esa espantosa costumbre de violar sistemáticamente las normas de convivencia social; la falta de interés en hacer la vida más fácil para todos los habitantes de este suelo; por el nivel de intolerancia y las inconductas de muchos que no son tenidas en cuenta por nuestros funcionarios que parecieran estar viviendo en otro lado.

El jurista y ex vocal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Eugenio Zaffaroni dijo una frase que quedó grabada en la historia: “los fallos hablan”. En Tucumán se le debería agregar que las conductas de los jueces también. Hace menos de un año fue destituido el juez Orlando Stoyanoff por haber protagonizado un incidente de tránsito. Ahora, la camarista Alicia Freidenberg quedó en el centro de la escena al difundirse un video donde se la ve conduciendo su auto por la vereda para esquivar una columna de manifestantes. Hay más. Uno de los sectores más problemáticos para transitar por la avenida Sarmiento es donde está la sede del fuero penal. En esa cuadra está liberado el estacionamiento, pero no para cualquiera, sino para algunos miembros del Poder Judicial y no en los lugares que tienen asignados dentro y fuera del edificio.

Tres interrogantes

La semana pasada generó todo tipo de reacciones el video en el que se ve a inspectores municipales secuestrar la bicicleta que dejó un cadete para entregar un pedido. La primera gran pregunta: ¿por qué nuestros dirigentes no se preocupan en establecer cuáles serán los lugares habilitados para dejarlas sin que se entorpezca la vía pública, teniendo en cuenta que cada vez son más las personas que utilizan este medio de movilidad? Otro interrogante: ¿por qué los inspectores no son tan severos con los ciclistas y con los que conducen monopatines por las veredas y las peatonales? El último: ¿se puede cuestionar la conducta de los empleados municipales si el titular del área, Enrique Romero, sube videos a las redes sociales rompiendo las borlas de la semipeatonal, maltratando a conductores en los controles de alcoholemia o persiguiendo y escrachando a mujeres que estacionan en lugares prohibidos?

Nuestra provincia también está cargada de medidas que no favorecen a nadie. Habría que pedirle al ministro de Educación, Juan Pablo Lichmajer, que en julio anuncie que el ciclo lectivo comenzará el 3 de enero de 2023. Quizás entonces todos los cortes, las repavimentaciones y los bacheos se realizarán a partir de esa fecha. No se entiende por qué hace décadas las autoridades hacen coincidir esas tareas con el inicio de las clases. Pareciera que en los almanaques de las empresas constructoras y de los funcionarios de obras públicas no existen los meses de enero y febrero. Todos los proyectos comienzan en marzo, el mes que históricamente es uno de los más lluviosos del año y que suma una complicación extra porque los chicos vuelven a clases.

La apertura de las escuelas debería ser motivo de alegría en cualquier ciudad del mundo. En varias ciudades de la provincia es sinónimo de caos. Autos estacionados en doble y hasta triple fila al frente de los establecimientos; entradas a garajes obstruidas; conciertos de bocinazos e insultos al por mayor a los integrantes de la Agencia de Protección de Espacios Públicos tomando fotografías a los vehículos que están mal estacionados; y peleas a gritos de padres con conductores que sufren con todas estas infracciones y entre los progenitores mismos. Se sabe que esta es una discusión de años, pero lo más grave es que los pequeños maman desde chicos este festival de violaciones de normas. Si los grandes no dan el ejemplo, será muy difícil que se produzca ese cambio cultural que tanto se pregona.

Insólito temor

Un fiscal le contó a LA GACETA con amargura el ensayo que realizó analizando las redes sociales. Sus empleados buscaron los delitos que se denunciaron allí y se contactaron con sus autores para actuar de oficio. La mayoría reconoce que no realizó la denuncia y que no le interesa hacerla por, según dicen, temor a quedar expuestos y sufrir represalias por parte de los delincuentes. En otras palabras, tienen miedo a iniciar un proceso para que el delincuente termine tras las rejas, pero no tienen reparos para hacerlo público en el ciberespacio. Una demanda, por más que sea un trámite lento, odioso y hasta fastidioso en algunos casos, es clave para frenar la inseguridad o proteger a otros ciudadanos. Y el ejemplo más claro ocurrió en Tafí Viejo. Una biker sufrió un intento de abuso. Por su caso, se reforzó la prevención en la zona. Con el transcurso de los días, se conocieron otros cuatro hechos similares y crecen las posibilidades que todos hayan sido cometidos por la misma persona. Si los ataques de este agresor se hubieran dado a conocer antes, el hombre podría estar tras las rejas o por lo menos se habría brindado mayor seguridad a la zona para evitar esas agresiones.

Hace menos de una semana, con una resolución judicial, se notó que algo está fallando en la provincia. Un juez procesó a un adolescente por haber intentado robar un celular, pero también pidió investigar a las personas que le propinaron una feroz golpiza. A partir de ese momento, el magistrado, que no hizo otra cosa más que aplicar la ley, fue centro de las críticas, cuestionamientos y hasta escraches en las redes sociales por haber decidido perseguir penalmente a personas que creyendo ser “justicieros” terminaron cometiendo un delito. Así es muy difícil sobrevivir en Tucumán.