¿Por qué el Gobierno crea el Ministerio de Obras Públicas?

La decisión oficial de avanzar en la creación del Ministerio de Obras Públicas de Tucumán ha causado revuelo en la Casa de Gobierno. La pregunta que todos los funcionarios se hicieron es cuál era el motivo que llevó al gobernador en uso de licencia y jefe de Gabinete nacional, Juan Manzur, y al vicegobernador en ejercicio del Poder Ejecutivo, Osvaldo Jaldo, a avanzar con una vieja iniciativa. La primera respuesta está dada en los convenios que el Gobierno nacional ha firmado con Tucumán y que aún registran demoras en su gestión administrativa.

La cifra, por sí, es importante. Según las estimaciones del Poder Ejecutivo, hay acuerdos que implican una inversión federal total de unos $ 100.000 millones, una cifra equivalente al 35% del Presupuesto anual de la Provincia.

La otra explicación que sustenta la conformación de un Ministerio de Obras Públicas, el noveno del organigrama del Poder Ejecutivo, es la dispersión de proyectos en distintas áreas que, en algunos casos, no llegan a prosperar precisamente por demoras burocráticas.

“Se intenta darle una mayor eficiencia en la ejecución de las obras. La creación del Ministerio no implica un incremento de presupuesto, mucho menos de cargos. Se trata de un reacomodamiento integral de estructuras con una sola cabeza”, explicó a LA GACETA una fuente cercana al gobernador interino.

Esa cabeza será Fabián Soria (foto), actual decano de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Regional Tucumán. Ingeniero, especialista y Magister en Sistemas de Información, Soria ha sido profesor Titular Ordinario (por concurso) de Proyecto Final de la carrera de Sistemas y adjunto Ordinario de Arquitecturas de Computadoras (en licencia por mayor jerarquía). Además es investigador Docente categorizado. También del Comité Ejecutivo Mundial de decanos de Ingeniería, entre otros cargos.

Análisis minucioso

El gobernador interino ha ocupado el fin de semana para analizar las áreas que incluirá la nueva estructura ministerial. En principio, la mayor parte de las dependencias que están bajo la órbita del Ministerio de Economía serán traspasadas: desde la Secretaría de Obras Públicas, pasando por el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano hasta las direcciones de Arquitectura y Urbanismo (DAU) y de Vialidad. También se incluirían a la Unidad Ejecutora Provincial, a la Dirección del Agua y a la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT). Finalmente, el cuadro se completaría con Construcciones Escolares y con el Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento. La disminución de reparticiones no implica un debilitamiento de la conducción del titular de Economía, Eduardo Garvich, que desde hace tiempo había solicitado una redistribución de funciones para gestionar más directamente las finanzas públicas. De hecho, en la actualidad, junto con la ministra de Gobierno intentan cerrar las paritarias con dos sectores con mayor cantidad de agentes: Salud y Seguridad que, además, tienen regímenes especiales respecto del resto de los estatales. Así, el Gobierno ya está empezando a diseñar lo que será el próximo cronograma salarial que incluiría el primer aumento de las remuneraciones del 13% más los $ 10.000 de la ayuda especial a los empleados públicos.

Volviendo a la cuestión de obras públicas, otras dos situaciones tornan compleja el proceso de coordinación de áreas: una jurídica y otra técnica. Respecto de la primera, en principio, la idea del vicegobernador en ejercicio del Poder Ejecutivo es que la modificación a la Ley de Ministerios se realice a través de un proyecto de ley. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de apelar al dictado de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) si es que la Provincia considera que debe darle celeridad a determinados proyectos por vencimiento de plazos para su tramitación. Esto último tiene que ver también con una cuestión técnica: varios acuerdos podrían ser reformulados debido a la nueva estructura. “Lo importante en este momento es la celeridad. Un Ministerio nos permitirá ganar tiempo, con más eficiencia para la ejecución y posterior certificación de proyectos, de tal manera que llegue, con mayor dinamismo, la inversión para desarrollar las obras”, planteó un colaborador de Jaldo. El segundo efecto es el de dinamización de la economía, con la posibilidad de generar más puestos de trabajo en el corto y mediano plazo.

Una última cuestión está relacionado con lo político. Jaldo y Manzur hablaron acerca de la posibilidad de sostener algunas estructuras tal como se encuentran en este momento. Es el caso del Ente de Infraestructura Comunitaria, a cargo de Christian Rodríguez, y de la Secretaría de Saneamiento y Mejoramiento de Espacios Públicos, conducida por Carlos “Alito” Assán. Es posible que, al igual que la anterior, ésta última área sea considera como un ente autárquico dependiente de la Secretaría General de la Gobernación. Para una discusión más profunda quedará también la forma en que se distribuirán las obras en los municipios y en las comunas rurales.