19 Marzo 2022
SANTIAGO, Chile.- La aprobación, después de un largo debate en la Convención Constituyente de Chile, de los Derechos de la Naturaleza fue recibida con alegría entre quienes alertan sobre la necesidad de evitar un desastre ambiental.
El artículo 9 de la nueva Constitución chilena dice: “Las personas y pueblos son interdependientes con la Naturaleza y forman un conjunto inseparable”.
El articulo aprobado señala, ademas: “La Naturaleza tiene derechos. El Estado y la sociedad tienen el deber de protegerlos y respetarlos. El Estado debe adoptar una administración ecológicamente responsable y promover la educación ambiental y científica mediante procesos de formación y aprendizaje permanentes”.
La discusión sobre los Derechos de la Naturaleza esta vinculada a las alertas que vienen haciendo los expertos y que quedo plasmado en el Informe del Panel de Cambio Climático de Naciones Unidas (IPCC), que considera que el daño, a esta altura, es casi irreparable.
La incorporación de este articulo en una constitución supone un cambio radical en la forma en que se conciben los ecosistemas. En el debate tuvieron protagonismo diversos movimientos sociales, como la Coordinadora en Defensa de Glaciares, que impulsaron iniciativas populares sobre el tema y reunieron información y apoyos.
También fue importante el rol que jugaron los “eco constituyentes”, un extenso grupo de convencionales, la mayoría independientes, que impulsaron la aprobación de esta iniciativa.
Acceso a la información
La cuestión medioambiental esta en el centro de la agenda, en Chile. Ayer, el presidente Gabriel Boric, que asumió hace una semana en la primera magistratura del país, firmó la adhesión de Chile al Acuerdo de Escazú, a casi un año de entrada en vigencia del histórico pacto regional que busca facilitar el acceso a la información y la justicia en temas medioambientales.
Chile, junto con Costa Rica, era uno de los principales sido impulsores del pacto, pero el anterior gobierno, encabezado por el presidente de centro derecha Sebastián Piñera decidió no firmarlo, esgrimiendo el argumento de que podría generar incertidumbre jurídica y alentar conflictos con países limítrofes.
“Este acuerdo representa un hito en el camino hacia una nueva relación entre el Estado y sus habitantes en materia ambiental”, dijo Boric. “Tenemos el desafío de construir juntos un nuevo modelo de desarrollo”.
La firma del primer tratado ambiental regional fue una de las promesas de campaña de Boric. Tras el respaldo presidencial, el acuerdo tiene que ser revisado por el Congreso para su ratificación.
Suscrito en 2018 tras años de negociaciones, el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe entró en vigor en abril del año pasado. Es promovido por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
El acuerdo busca contribuir “a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible”.
En su segundo artículo, el acuerdo precisa que “por ‘derechos de acceso’ se entiende el derecho de acceso a la información ambiental, el derecho a la participación pública en los procesos de toma de decisiones en asuntos ambientales y el derecho al acceso a la justicia en asuntos ambientales”.
Al momento de su entrada en vigencia, 24 países de la región lo habían firmado y doce ratificado.
“Nos encontramos ante la peor crisis ecológica de la historia y requerimos enfrentarla de manera conjunta. Solos no seremos exitosos”, dijo la ministra de Medio Ambiente, la climatóloga Maisa Rojas.
“El primer y único tratado ambiental de América Latina y el Caribe surge como una potente herramienta para el cambio que anhelamos”. (Reuters)
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