Atentado a la embajada de Israel: una tragedia que cumplió 30 años de impunidad

“Grave atentado terrorista en la embajada de Israel: una poderosa explosión derrumbó su sede, provocando la muerte de por lo menos 6 personas y 130 heridos. Sembró el terror en un amplio radio del Barrio Norte y causó daños a edificios cercanos. Panorama desolador. Restos humanos, cadáveres mutilados, automóviles en llamas, escombros diseminados y árboles desfoliados”, señalaba LA GACETA, al día siguiente de un hecho que sacudió a una buena parte del mundo. A las 14.45 del martes 17 de marzo de 1992, una camioneta Ford F-100 explotó frente a las puertas de la sede diplomática, ubicada en la esquina de Arroyo y Suipacha, desatando una tragedia. En un recuadro en la parte superior de nuestra portada, el primer ministro Yitzhak Shamir expresaba: “Este es otro intento de golpearnos, de continuar la guerra de terror contra nosotros”, mientras en otro despiece, el presidente Carlos Menem responsabilizaba del atentado a “grupos fundamentalistas de la Argentina y de afuera”.

El atentado que finalmente dejó un saldo de 29 muertos y más de 100 heridos, era posiblemente un anticipo de lo que sobrevendría dos años después, con la destrucción de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). El trágico hecho de la embajada puso en evidencia la falta de preparación de la Corte Suprema de Justicia para llevar adelante con eficacia la investigación de un delito terrorista. El tribunal dilapidó tiempo y se extravió en hipótesis incongruentes. Durante los tres primeros años que continuaron al luctuoso episodio, no hubo avances de importancia en la investigación, en una buena medida por dilación judicial y por la falta de cooperación del gobierno menemista para que se investigara. Según manifestó el máximo tribunal en los años siguientes, el gobierno de Irán fue el responsable político del ataque y su coordinador el líder de la agrupación Hezbollah Imad Falles Moughnieh.

En 2008, al conmemorarse 16 años del atentado, el ministro de Justicia y Seguridad, Aníbal Fernández, dijo: “Los atentados en Buenos Aires no fueron contra Israel ni siquiera ataques antisemitas, fueron atentados contra la República Argentina y así lo sentimos los argentinos”. Mientras un familiar de las víctimas destacó la buena predisposición de la Corte y criticó al “nefasto gobierno menemista y al inoperante gobierno de la Alianza”. El entonces vicepresidente de la DAIA habló de la desazón por la falta de esclarecimiento del atentado y agregó: “Quedó demostrado que la gente no olvida y que el tiempo no nos desgasta”.

Han transcurrido tres décadas y no hay ningún detenido. En contrapartida, a solo tres días del atentado terrorista del 11 de marzo de 2004, en la estación española de Atocha, ya se conocía a los autores. Ello demuestra que, en otros países, la Justicia es en verdad un poder independiente que está al servicio de la comunidad y no de los gobiernos de turno. Desafortunadamente, los argentinos nos hemos acostumbrado a lo largo de nuestra historia a que muchos crímenes hayan quedado sin sanción.

Los responsables de la destrucción y muerte de los ataques a la embajada de Israel y a la AMIA prosiguen impunes. Las heridas abiertas nunca pueden cerrarse con el olvido ni por decreto; solo pueden cicatrizar con la verdad, con la justicia. Y cuando ello ocurre, puede sobrevenir entonces la paz y la reconciliación.

Compromiso del Gobierno

En el barrio porteño de Retiro, tuvo lugar ayer el acto en recordación de la tragedia de la Embajada de Israel, al que asistieron el ministro de Justicia, Martín Soria, el viceprimer ministro de Israel, Gideon Sa’ar y la embajadora en Argentina, Galit Ronen, el canciller Santiago Cafiero; los ministros del Interior y de Defensa, Eduardo de Pedro y Jorge Taiana, respectivamente, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. “Nuestro Gobierno nacional está comprometido con el deber de trabajar para lograr una justicia, que aunque sea lenta, deba llegar necesariamente a la verdad. Es la Justicia la que debe investigar y encontrar a los culpables de este atentado y del de la AMIA. Es el poder político del Estado el que tiene que garantizar todo el apoyo posible para encontrar y castigar a los responsables”, afirmó Soria. Por su parte, Sa’ar dijo que Israel y Argentina comparten “el peso del dolor; existe la obligación moral de ir tras quienes cometieron este delito; exigimos que sean llevados a juicio por sus crímenes contra la humanidad; este atentado no estuvo solo dirigido a Israel, sino también a la Argentina y a la Humanidad misma”. Por otro lado, el funcionario israelí señaló que la Argentina fue el primer país de la región que desarrolló un Registro de Terroristas, en el que incluyó a la milicia libanesa Hezbollah, y la ley sancionada años atrás que promueve que los atentados sean estudiados en las aulas secundarias. Soria sostuvo que la Argentina rechaza enfáticamente el terrorismo internacional e indicó que la Argentina seguirá trabajando activamente a nivel nacional e internacional para prevenirlo y evitarlo, pero también para perseguirlo y castigarlo.