Por Martín Soto
15 Marzo 2022
RECLAMO. La familia de Paola Tacacho advirtió que luchará cuanto sea necesario para obtener justicia. LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Las denuncias penales que interpuso la profesora de inglés Paola Tacacho entre 2015 y 2020 contra su acosador y posterior femicida Mauricio Parada Parejas, por desobediencia judicial y amenazas, arrojó nuevas falencias en el acceso a la justicia y la protección judicial en casos de violencia de género (VG).
Una funcionaria judicial que se desempeñó como secretaria del ex Juzgado de Instrucción III, al mando del ex juez Juan Francisco Pisa, fue sancionada por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) por su desempeño en el caso “Tacacho”, entre otros. La decisión fue emitida en base a las auditorías que se solicitaron en el marco de un sumario administrativo, iniciado en 2020, en los ex Juzgados de Instrucción III° y V°. Además, los miembros del alto tribunal se despacharon con dureza respecto al desempeño de Pisa en el caso “Tacacho”, aunque declararon abstracto el pronunciamiento de una sanción dado que fue destituido el 18 de noviembre de 2021 por el Jurado de Enjuiciamiento. Los cuestionamientos van en la misma sintonía con los que esgrimió el Jury al hallarlo culpable, por unanimidad, de haber actuado sin perspectiva de género, de haber incumplido sus deberes como magistrado y de vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva.
Negligencia
Los vocales Daniel Leiva (presidente), Claudia Sbdar, Eleonora Rodríguez Campo y Daniel Posse (con su voto) emitieron el 14 de febrero pasado la Acordada 80/22, a la que la familia Tacacho tuvo acceso en las últimas semanas. Decidieron allí suspender por 30 días corridos, sin prestación de servicios y sin percepciones de haberes, a la secretaria judicial Inés Mirian Rodríguez, por considerar que ha sido negligente durante su desempeño como actuaria en el Juzgado que conducía Pisa.
El escrito está firmado por cuatro de los cinco vocales (Antonio Estofán estaba de licencia) y consta de 77 páginas. En él se detalla las distintas instancias que atravesó el sumario administrativo que inició Sbdar (entonces presidenta) -de oficio- el 2 de noviembre de 2020, por el cual se solicita al Cuerpo de Auditores de la Corte un informe pormenorizado de las 13 denuncias que hubiera efectuado Tacacho contra Parejas. La investigación fue instruida por Gustavo Romagnoli, vocal de la Cámara Penal Conclusional III.
En una segunda instancia, luego de recabar nuevas pruebas, Romagnoli ratificó los cargos contra Pisa y Rodríguez, pero no contra otros dos funcionarios, los cuales fueron absueltos. A su vez, no se formularon cargos contra funcionarios o magistrados del ex Juzgado de Instrucción de la V° Nominación al hallar que hubo una “tramitación aceptable y razonable” del número total de causas de VG ingresadas por año.
Responsabilidades
Rodríguez estuvo en el ex Juzgado de Instrucción III entre el 11 de mayo de 2000 y el 24 de agosto de 2020, cuando fue trasladada a la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción. En base a auditorías internas, los auditores señalaron que entre 2009 y 2020 detectaron “un número considerable de causas de VG con una excesiva permanencia en la Unidad (de más de dos años, llegando a los cinco años en algunos casos)”. Se agregó que los auditores detectaron numerosas prescripciones por falta de trámite y carencia de metodología de trabajo específicas para la temática. También se detectaron grupos de causas con distintos hechos pero mismos actores (imputados y víctimas) que no fueron acumuladas, entre otras negligencias detectadas en una auditoría preventiva de 2012.
Sobre el caso “Tacacho”, en que Rodríguez se desempeñó como secretaria durante la tramitación del caso, los auditores advirtieron la omisión de disposiciones trascendentes, como el pedido de actualización de antecedentes penales como paso previo a resolver el requerimiento de elevación a juicio. “En el caso, resulta patente que el expediente ‘Tacacho’ tramitó con evidente descuido, pues su resolución se produjo con notorio atraso”, dijeron. Marcaron también que la causa analizada está dentro del 2.951 que ingresaron en 2016 en el Juzgado y dentro de 752 causas específicas de VG que detectadas por auditoría, pero dentro del grupo de causas que no podían filtrarse por falta de parámetros para identificar este tipo de delitos en los sistemas informáticos.
El rol de Pisa
En el escrito, el alto tribunal cita vasta jurisprudencia internacional respecto a la erradicación de la violencia de género, así como de los deberes del Estado para proteger a las víctimas. Posteriormente se consigna el trabajo pormenorizado que realizó el Cuerpo de Auditores, con un análisis de cada una las 13 causas, algunas de ellas asentadas en oficinas que están bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal (MPF) y otras donde hubo sí hubo intervención Juzgados de Instrucción (competencia de la CSJT). A su vez, embistió con dureza contra Pisa en la misma dirección en que lo hizo el Jury que estuvo presidido por Posse, motivo por el cual se inhibió de emitir opinión respecto a Pisa en la Acordada 80/22.
Contra cinco fiscales
Una de las abogadas de la familia Tacacho, Valeria Madrazo, aclaró que la Corte sólo tiene jurisprudencia sobre los Juzgados, y que todo lo referido a las Fiscalías le corresponde investigar al MPF que encabeza Edmundo Jiménez. Dijo tener conocimiento de que hay dos sumarios iniciados en los últimos meses, pero que avanzan lentamente.
La letrada explicó que la Acordada 80/22 es el resultado de las actuaciones que la Corte inició de oficio, las cuales les favorecieron para argumentar la destitución de Pisa. “No se cuestionaba la sentencia de Pisa sino la conducta como cabeza de un Juzgado”, indicó. Respecto a la sanción contra Rodríguez, consideró que es muy leve. De todos modos, dijo que la estrategia siempre fue avanzar contra Pisa y los fiscales. “Los fiscales son los que más responsabilidad tuvieron”, indicó.
La familia Tacacho presentó en febrero pedidos de juicio político contra cinco fiscales que intervinieron en causas impulsadas por la docente contra Parada Parejas: Adriana Reinoso Cuello, Mariana Rivadeneira, Diego López Ávila, Ignacio López Bustos y Claudio Bonari. Además, pidió sanciones contra el auxiliar fiscal José Fernando Isa, quien archivó una denuncia de 800 fojas por falta de espacio físico”.
Los pedidos de destitución ingresaron el 24 de febrero por mesa de entradas de la Cámara con las firmas de Mariela y Daniela Tacacho (madre y prima de Paola, respectivamente); y de las militantes feministas Hilda Disatnik, Margarita Espeche, Natalia Gutiérrez y Laura Sánchez. En las cinco presentaciones (todas juntas superan las 100 fojas) las denunciantes solicitan a la comisión que preside Raúl Ferrazzano (Frente de Todos) que investigue si los fiscales demostraron “ignorancia inexcusable o negligencia en el ejercicio de sus funciones” o si incumplieron “en forma injustificada los deberes inherentes al cargo”. En consecuencia, se solicita que se proceda a destituir de sus cargos a los denunciados y a declararlos “incapaz de ocupar ningún puesto de honor o a sueldo de la Provincia”, conforme el artículo 49 de la Constitución de la Provincia.
Desestimaciones: investigaron a otros dos funcionarios
Otros dos funcionarios judiciales que trabajaron con Pisa en el ex Juzgado de la III Nominación fueron investigados administrativamente, pero fueron desestimados al comprobar que no tuvieron incidencia en el caso “Tacacho”. Tras colectar nuevas pruebas, Romagnoli retiró los cargos contra José Luis Carrasco, al entender que se comprobó que no codirigió la unidad judicial junto con la funcionaria Rodríguez. Algo similar sucedió con el secretario judicial Julio Sebastián Báez, en razón de comprobar que no realizó tareas de secretario de actuación.
Denuncias ratificadas: corren los plazos en juicio político
El martes 8 de febrero la familia Tacacho ratificó los pedidos de juicio político que presentó en la Legislatura contra cinco fiscales que actuaron en las denuncias impulsadas -sin éxito- por la docente contra Parada Parejas. Ahora, la comisión que presidente el legislador Raúl Ferrazzano -de mayoría oficialista- cuenta con 15 días hábiles (según plazos fijados en la Ley 8.734) para analizar y resolver si corre o no traslado a los pedidos de juicio político. Dado que el jueves 24 es feriado nacional, los plazos se cumplirían el miércoles 30 de marzo.
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