Por Martín Soto
14 Marzo 2022
Las tensiones que existen en Yerba Buena entre la Municipalidad que conduce Mariano Campero con el Concejo Deliberante quedaron en evidencia el viernes, cuando los ediles dictaron una ordenanza en rechazo del decreto que autorizaba cambios al Código de Planeamiento Urbano (CPU). La sesión se realizó con la ausencia del presidente Rodolfo Aranda (JxC), quien estuvo a cargo del Ejecutivo porque el intendente estaba fuera de la provincia.
El concejal justicialista Alejandro Sangenis (h), quien viene expresándose en contra del decreto N° 776/21 y de la determinación que tomó Campero, calificó el instrumento como inconstitucional. “Avanzaba sobre materia propia del Concejo Deliberante, produciendo una clara violación del principio de división de Poderes”, dijo.
El edil señaló que el decreto dictado con fecha 25 de noviembre de 2021, conocido públicamente el mes pasado, modificaba el CPU, fijando la altura de los edificios en seis metros. Marcó que la Ley Orgánica de Municipalidades (N°5.529), en su artículo 25, marca que fijar la altura de los edificios es facultad del Concejo.
El concejal Lisandro Argiró (UCR) también se expresó en contra. “Lejos de ser meramente reglamentario, el decreto modifica sustancialmente el código, porque cambia el uso de una zona determinada, tan importante como el ‘casco viejo’”, dijo.
Manuel Courel, jefe de Gabinete, evitó polemizar pero dijo que el decreto se dictó con el fin de preservar la identidad verde de la ciudad, a la vez de acompañar el crecimiento ordenado de Yerba Buena.
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