Instagram y las distintas varas para medir el odio en la guerra

¿Qué pasaría si un día en Tucumán se decidiera suspender determinados artículos de la Constitución Argentina hasta nuevo aviso? O lo plantemos de otra forma: ¿qué pasaría si temporalmente se modificaran normas del Código Penal para validar algunos hechos hoy considerados como delitos? Estas dos situaciones hipotéticas, ilusorias, plantearían al menos un escándalo legal y político en cualquier lado del país. Sin embargo, el marco normativo de las plataformas digitales no pareciera tener dicha rigidez y admitiría, al menos por estos días, determinadas excepciones de coyuntura.

Desde este viernes, Facebook e Instagram modificaron sus términos y condiciones para permitir que usuarios de determinados países publiquen mensajes de odio e incitación a la violencia contra los soldados rusos, en el marco de la invasión a Ucrania. Según publicó la agencia Reuters, los directivos de Meta -la compañía que nuclea ambas redes sociales- comunicaron a sus equipos que se permitirá “temporalmente” formas de expresión violenta que normalmente violarían sus reglas. Entre dichas expresiones, también se podrá desear la muerte del presidente ruso, Vladímir Putin, o del presidente bielorruso, Alexander Lukashenko.

La comunicación de Meta fue filtrada en principio, pero luego admitida oficialmente por la empresa de Mark Zuckerberg a través de un comunicado en el que detallaron que la excepción se aplicará en la propia Ucrania y también en 12 países más: Armenia, Azerbaiyán, Estonia, Georgia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Rumania, Rusia y Eslovaquia. El texto también aclaró que “las políticas están enfocadas a proteger la libertad de expresión de las personas y como autodefensa, en reacción a una invasión militar de su país”, aunque negaron que se trate de una “disputa con el pueblo ruso”.

Las normas de uso y políticas de privacidad de las plataformas digitales, esos largos textos que aprobamos casi siempre sin leer, funcionan casi como estándares de ética y control tanto para la empresa como para sus usuarios. En dichos documentos, el usuario se compromete a cumplir las reglas de comportamiento establecidas por la compañía, en la mayoría de los casos con el objetivo de proteger a la comunidad que comparte dicha plataforma. Los discursos de odio han sido objeto de arduo trabajo no solo por las compañías, sino también por organizaciones sociales que durante los últimos años le exigieron a las empresas endurecer sus políticas para frenar expresiones de racismo y discriminación en los entornos digitales. Por lo tanto, dichas normas de usos son actualizadas de forma permanente y los ámbitos de protección se fueron ampliando a medida que fue creciendo su alcance.

La decisión de Meta no ha sido ignorada por el gobierno ruso, quien ha condenado esta modificación temporal de sus condiciones y le ha solicitado al gobierno de Estados Unidos que detenga lo que ha considerado como “actividades extremistas” de la empresa. La respuesta del Kremlin de vetar a Instagram fue inmediata y el Comité de Investigación de Rusia indicó que inició sus investigaciones “ante los llamados ilegales al asesinato de rusos por parte de colaboradores de la sociedad estadounidense Meta”. Además anunció que se bloqueará el acceso a Instagram en el país. En fin, más censura.

Más allá de la aclaración de Meta sobre el alcance temporal de su decisión, hoy concretamente en su plataforma se puede incitar al odio hacia Rusia. Si bien la empresa aclaró que no se puede hacerlo contra la población civil de dicho país, indicaron que revisarán progresivamente los cambios. Como consecuencia, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas mostró su preocupación el mismo viernes ante la nueva política de la empresa de Silicon Valley. “Es un tema muy preocupante porque tiene cierto riesgo de generar, fomentar y permitir discursos de odio dirigidos a los rusos en general”, dijo la portavoz Elizabeth Throssell.

Sería prioritario entonces, que entidades como las Naciones Unidas sigan con atención la escalada de confrontación que también se ha desatado en el ámbito digital como consecuencia de la invasión en Ucrania, a los fines de exigir reglas claras no solo para los gobiernos sino también para empresas cuyas plataformas han adquirido un poderío global. Este conflicto ha demostrado que las decisiones de Meta o cualquier compañía de su escala tienen consecuencias geopolíticas inmediatas y el contexto de guerra convierte en urgente un acuerdo para proteger principalmente a los ciudadanos de cualquier país.