12 Marzo 2022
En la última semana se ha desatado una nueva polémica entre dirigentes políticos alineados a las administraciones de la Provincia y de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán por un problema recurrente: el estado de las calles de la ciudad.
Se trata de un asunto que hace décadas genera dolores de cabeza entre conductores y peatones, más allá de los sellos partidarios de las gestiones a cargo de los destinos de la comunidad. Sin embargo, el agravante en esta materia es que, por estos tiempos, la Capital ha presentado un crecimiento exponencial. Con el correr de los años, el parque automotor se ha multiplicado en la provincia, y la concurrencia al principal distrito de Tucumán aumentó en idéntico sentido, no sólo en el microcentro, sino también en los barrios situados más allá de las cuatro avenidas.
Como suele suceder en esta época, la polémica entre dirigentes comenzó en las redes sociales. Un legislador alineado al Gobierno provincial responsabilizó al municipio por el siniestro que había protagonizado una mujer en Villa 9 de Julio, donde su automóvil había quedado atascado en un “cráter”. De inmediato, un funcionario municipal declaró que, en rigor, los daños en el pavimento habían sido producidos por una obra de la Sociedad Aguas del Tucumán, y afirmó que, tanto allí como en otros puntos de la ciudad, se registran roturas generadas por pérdidas cloacales, sin que los organismos provinciales correspondientes tomen cartas en el asunto.
La “grieta” por el mal estado de las calles de San Miguel de Tucumán sumó réplicas y nuevas voces del ámbito político. Por lo general, los testimonios estuvieron cargados de reproches, y no hubo autocríticas ni propuestas concretas para superar el conflicto mediante herramientas propias.
No hay dudas de que se trata de un problema de arrastre. De hecho, el mantenimiento de las arterias de una ciudad que está en constante crecimiento demográfico es una tarea tan compleja como costosa. A ello se debe sumar que el clima de Tucumán -calores extremos y copiosas lluvias- no favorece la preservación natural de estas obras de pavimentación.
En paralelo, además, tanto la Municipalidad como la Provincia deben ejecutar otras inversiones en materia de infraestructura, de la mano de las nuevas demandas y necesidades que surgen en la comunidad.
Sin embargo, resulta menester que en ambas órbitas del Estado -incorporando, por qué no, reparticiones de la Nación- coordinen sus esfuerzos para mejorar el estado de las calles de la Capital. Los baches, pérdidas de agua y demás roturas no sólo generan inconvenientes en el tránsito o eventuales daños en los vehículos, como le sucedió a la automovilista de Villa 9 de Julio; además, esta situación implica un factor de riesgo por posibles accidentes viales, lo que puede derivar, en los casos más graves, en tragedias que son absolutamente evitables.
Sería valioso y ejemplificador que, aprovechando un año en el que no habrá elecciones ni cargos políticos en disputa, Provincia y Municipio o Municipio y Provincia sumen energías y recursos para resolver un problema que aqueja a diario a la ciudadanía.
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